La reciente aprobación en el pleno del Congreso de un dictamen que modifica la Ley del Sistema Portuario Nacional (LSPN) permitirá la prórroga de la administración de infraestructura portuaria al sector privado por un periodo de hasta 30 años. Actualmente, no hay espacio de ampliar el plazo.
La infraestructura portuaria puede ser administrada hasta por 30 años por entidades privadas bajo diversas modalidades contractuales como asociaciones en participación, contratos de arrendamiento, contratos de concesión, contratos de riesgo compartido, contratos de gerencia, contratos societarios, entre otras modalidades previstas en la legislación vigente. Con lo aprobado, se podría extender hasta por un plazo similar.
El contexto de esta modificación se enmarca en un período de revisión y ajuste de las regulaciones que rigen las operaciones portuarias en el país, especialmente tras controversias alrededor del otorgamiento de la exclusividad de servicios en el 2021 a Cosco Shipping Ports en el puerto de Chancay.
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Esta prórroga estará sujeta a evaluación según lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1362, Decreto Legislativo que regula la promoción de la inversión privada mediante asociaciones público-privadas y proyectos en activos.
Nathalie Málaga, asociada de DLA Piper, menciona justamente que la prórroga no solo establece un mecanismo de extensión de plazos sino que también fomenta la inversión privada bajo criterios bien definidos. “No es que se va a prorrogar por prorrogar. Cuando hay una prórroga tiene que existir una contraprestación adecuada al plazo que se pretende prorrogar” afirmó Málaga.
Afirmó que la prórroga será evaluada y aprobada en el marco del decreto que regula la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público-Privadas, asegurando que los beneficios sean mutuos y justificados.
La modificación busca, en última instancia, atraer más inversiones privadas y mejorar la competitividad y conectividad del sector portuario. “Es diferente cuando tú le dices a un inversor que hay un marco normativo que habilita una posibilidad de extensión de plazo. Eso es una gran oportunidad para el privado, expresada en una norma” concluyó Málaga, subrayando el potencial de estas modificaciones para transformar positivamente el panorama de las concesiones portuarias en el país.
Esta disposición legislativa ya ha sido aprobada por mayoría en el Congreso y está pendiente de una segunda votación que se realizará tras siete días calendario desde su aprobación inicial. Si se confirma, entrará en vigor como parte de la Ley del Sistema Portuario Nacional, marcando una nueva fase en la regulación de las actividades portuarias en Perú.
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Análisis
Francisco Román Ortiz, socio de Ascex Consultores, explicó que mientras el decreto legislativo 1362 permite plazos de hasta 60 años para las Asociaciones Público-Privadas, la ley de puertos limita estos plazos a 30 años.
“La decisión de un plazo más corto en aquel momento probablemente se tomó por razones políticas, especialmente para facilitar la concesión del muelle sur del puerto del Callao”, señaló Román, sugiriendo que el contexto político jugó un papel crucial en esta determinación.
¿Estos plazos han limitado las inversiones? Román argumentó que la duración de las concesiones no ha sido un factor decisivo para atraer inversiones, citando que importantes concesiones se han otorgado y que el sector ha visto inversiones superiores a los US$ 3,000 millones desde la implementación de la ley. “No parece que el plazo realmente haya sido un incentivo para determinar que las inversiones portuarias en el Perú se presenten,” afirmó.
Aún así, Román expresó preocupaciones sobre los plazos extensos, que podrían limitar la capacidad del Estado para evaluar alternativas en un entorno cambiante. Propuso mejorar el marco regulatorio para permitir a los concesionarios actuales presentar proyectos como si fueran iniciativas privadas, dándoles la posibilidad de igualar ofertas de potenciales nuevos inversores.
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Para Jorge Danós, socio del Estudio Echecopar, el principal objetivo de esta prórroga es doble: asegurar inversiones continuas y efectivas en infraestructura y adaptar la legislación a las prácticas actuales. “Es fundamental ofrecer un horizonte temporal más amplio para la ejecución de sus proyectos”, explicó. Además, señaló que la ley anteriormente establecía un máximo de 30 años, que se ha demostrado insuficiente en algunos casos, especialmente en proyectos de gran envergadura.
“Esto implica una negociación directa con el Estado, donde se evaluarán las propuestas de inversión y los niveles de servicio ofrecidos”, indicó. Para las nuevas concesiones, esto significa una mayor certeza y claridad desde el inicio del proyecto.
Danós agregó que: “Con la posibilidad de extender el plazo, los concesionarios pueden estar más dispuestos a invertir hacia el final del período original, mejorando así la calidad y los beneficios de la infraestructura”, afirmó.
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Transformar la capacidad de puertos
Edgar Patiño, expresidente del directorio de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), expone que los contratos de concesión portuaria en el país, que típicamente duran 30 años, incluyen cláusulas particulares que permiten extensiones para fomentar inversiones adicionales.
“Las inversiones no solo están cumpliendo con los compromisos contractuales, sino que están transformando radicalmente la capacidad de los puertos para manejar nuevas cargas y apoyar el crecimiento de sectores clave como el minero, el agrícola y el maderero” explicó Patiño.
Destacó que la modificación permitirá ajustes en los períodos de concesión basados en las inversiones realizadas, lo que puede extender los contratos originales de 30 años hasta 40 o 60 años, dependiendo de la escala y el impacto de las inversiones.
“La claridad en las regulaciones y la capacidad de ajustar los términos de las concesiones son vitales para mantener y aumentar la inversión privada en el sector portuario de Perú”, concluyó Patiño.
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Abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente, ocupa la posición de redactor en el área de Economía en el Diario Gestión.
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