La Comisión de Economía del Congreso de la República, en Perú, aprobó, con 21 votos a favor y uno en contra, el dictamen que propone que las empresas puedan invertir en la conservación de áreas naturales protegidas y deducir esos aportes del pago de impuestos.
Anteriormente el proyecto había sido aprobado en el pleno del Parlamento, pero terminó siendo observado por el Poder Ejecutivo. Tras esto, el congresista Arturo Alegría García afirmó que se levantaron las observaciones del Gobierno mediante mesas de trabajo junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
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¿Qué se plantea ahora?
Con el mecanismo, denominado Ambiente Sano por Impuestos, se buscará canalizar recursos privados hacia la protección del medio ambiente a través de un incentivo tributario.
La norma establece la creación del Certificado de Inversión en Conservación Ambiental (CICA), que será emitido por MEF. Este documento acreditará el monto invertido por la empresa en proyectos de conservación, permitiéndole usarlo para compensar obligaciones tributarias como el Impuesto a la Renta (IR) de tercera categoría, el Impuesto General a las Ventas (IGV), el impuesto especial a la minería, entre otros.
¿Dónde se podrá invertir?
Las inversiones se orientarán a proyectos en zonas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), áreas de conservación regional, áreas de conservación privada y bosques bajo títulos habilitantes. Las empresas podrán participar mediante convenios con entidades del gobierno nacional, regional o local.
Aparte de los proyectos de inversión pública, se permitirá financiar inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación (IOARR), así como actividades de mantenimiento y operación relacionadas con la conservación.
¿Qué deberán tener en cuenta?
El proyecto de ley establece que el monto invertido por las empresas no puede superar el 10% de las utilidades netas del ejercicio tributario anterior.
Además, se exige que al menos el 70% de los recursos se destinen a actividades efectivas de conservación, y un máximo del 30% al pago de personal que trabaje directamente en vigilancia y gestión del proyecto.
Para los convenio suscritos entre empresa y entidad pública, que tendrán una vigencia mínima de un año y máxima de cinco años, se establecerá la cantidad de hectáreas sobre las que la empresa invertirá para evitar duplicidad en la financiación.
Otro aspecto importante es que solo podrán participar empresas sin sanciones graves en materia ambiental o condenas por delitos ecológicos.
El cumplimiento de los convenios será fiscalizado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), en coordinación con el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) y los gobiernos regionales, según el tipo de área involucrada.
Como parte del seguimiento y control, las entidades deberán remitir informes de avance al Ministerio del Ambiente (Minam) y a la Contraloría General de la República.
Por último, el proyecto dispone que el Minam otorgará un “Certificado Verde” a las empresas que culminen exitosamente sus inversiones.
Ahora, la iniciativa deberá pasar nuevamente por el pleno del Congreso. De ser aprobada, el reglamento de la ley sería publicado en un plazo máximo de 30 días hábiles contados desde la fecha de su publicación en el diario oficial El Peruano. En ese reglamento, añadieron, se establecerían los detalles para la implementación del mecanismo.
