El pleno del Congreso aprobó por insistencia la autógrafa del proyecto de Ley que restringe el uso de información de las centrales de riesgo para evitar su uso desproporcionado en la selección de personal que desarrollan las entidades públicas y empresas privadas.
El Parlamento dio luz verde a la norma con 106 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.
Así, las empresas privadas o instituciones publicas deberán obtener el permiso por escrito del postulante a una plaza laboral, con su conformidad para el uso del reporte de crédito emitido por las centrales privadas de información de riesgo (CEPIR).
Pero tal información no podrá ser causal de exclusión en cualquier fase de la convocatoria, por implicar un acto discriminatorio, señala el dispositivo aprobado ayer, que modifica la ley que regula a las CEPIR.
Sin embargo, se excluye de los alcances de dicha ley a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), así como a las entidades que estas supervisan, como bancos, cajas municipales, financieras, AFP, casas de bolsa, entre otras que operan en tales sectores.
Se precisa también que el reporte de crédito no puede incluir juicio de valor sobre la personas a las que las centrales califican.
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Reportes de deudas y calificaciones
Las centrales de riesgo emiten estos reportes y asignan a una calificación de riesgo a las personas, que puede ser Normal (sin atrasos en el pago de sus deudas), Con Problemas Potenciales (con atrasos ocasionales), Deficiente, Dudoso y en Pérdida. Estas tres últimas suponen atrasos que hacen a la persona inelegible para acceder a créditos del sistema financiero.
Las CEPIR utilizan como insumo para sus reportes la información sobre el pago de créditos del sistema financiero, deudas comerciales y de servicios públicos, entre otros.
El año pasado, el Poder Ejecutivo observó el proyecto de ley por considerar que establecia un trato discriminatorio a favor de las instituciones financieras, en sus procesos de contratación de personal.
Sin embargo, el Congreso obvió tales reconvenciones e insistió en las modificaciones planteadas a la ley de CEPIR.
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Rechazo de los bancos
Los bancos y demas instituciones financieras rechazaron que –como sugirió el Ejecutivo, en su momento- se impidiera a esas entidades usar la información de las centrales de riesgo para los procesos de selección de plazas laborales, al argumentar problemas de riesgo moral y de selección adversa, entre otros efectos nocivos.
