En medio de crecientes cifras de desempleo juvenil y un mercado laboral marcado por la informalidad, el Congreso de la República de Perú dio un paso para aprobar en comisión un dictamen que obligaría a entidades públicas y empresas privadas a contratar jóvenes sin experiencia previa.
La medida, impulsada bajo el argumento de promover la meritocracia y aprovechar el “bono demográfico”, ha despertado tanto expectativas como fuertes críticas. ¿Hasta qué punto debe intervenir el Estado en las decisiones de contratación del sector privado? ¿Es esta una respuesta efectiva o una sobrecarga regulatoria más?
La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Parlamento aprobó por mayoría el dictamen que plantea que todas las entidades públicas y empresas privadas con más de 50 trabajadores estén obligadas a destinar al menos un 10% de su planilla a jóvenes entre 18 y 29 años.
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Esto, sin exigir experiencia previa y bajo un proceso de selección meritocrático o concurso público.
El texto, que toma como base el proyecto de Ley N° 8993-2024, establece que el incumplimiento será sancionado conforme a la Ley General de Inspección del Trabajo, y que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) deberá reglamentar e implementar la norma en un plazo de 90 días.
Asimismo, se ordena que las entidades del Gobierno Nacional realicen programas de extensión universitaria al menos una vez al año, con enfoque en el acceso de jóvenes profesionales.
Opiniones divididas: ¿Acción afirmativa o imposición ineficaz?
Aunque la propuesta apunta a reducir la tasa de desempleo juvenil —que supera el 12%—, varias instituciones han expresado serias reservas.
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) advirtió que la norma vulnera derechos constitucionales como la libertad de empresa y contratación, y que afectará sobre todo a las mypes, por los costos asociados a la capacitación y la alta rotación del personal joven.
En una línea similar, el MTPE reconoció que fomentar el empleo juvenil es necesario, pero cuestionó que la propuesta carece de un sustento técnico sobre el porcentaje de la cuota, así como de una evaluación sobre su impacto real. Propuso como alternativa el uso de incentivos a la contratación juvenil, en lugar de imponer obligaciones.
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¿Qué hay detrás del diagnóstico?
Según el dictamen, la inserción laboral juvenil en el Perú se encuentra en crisis estructural. El 60% de los jóvenes que trabajan lo hacen en la informalidad, y muchos en empleos que no requieren las habilidades adquiridas en su formación.
Solo 3 de cada 10 egresados técnicos trabajan en lo que estudiaron. A ello se suma la paradoja de la experiencia, que impide acceder a un primer empleo formal por falta de trayectoria previa.
La norma toma como base experiencias internacionales como el programa de Garantía Juvenil en España, o la Ley de Primer Empleo en Colombia, que combinaron cuotas con incentivos fiscales y capacitación técnica.
El próximo paso: el pleno
Aunque el dictamen ya fue aprobado en la Comisión de Economía, aún debe pasar por la Comisión de Trabajo, primera comisión dictaminadora, y posteriormente ser debatido y votado en el pleno del Congreso.
El debate promete ser intenso: mientras unos lo ven como una política afirmativa necesaria para no desperdiciar el bono demográfico, otros la califican como una medida mal diseñada que puede terminar afectando más de lo que soluciona.
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Una cuota inconstitucional y poco razonable
Para Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama, imponer una cuota de empleo juvenil del 10% en empresas con más de 50 trabajadores no solo es una medida mal diseñada, sino también contraria a la Constitución. “No es razonable imponer una cuota del 10% para jóvenes en todas las empresas”, advierte.
El abogado señala que existen sectores donde la experiencia es clave y no puede ser reemplazada por juventud. “Piense en una clínica especializada, donde los médicos superan los 30 años. Hay actividades que requieren madurez, no juventud”, explica.
Además, alerta que la norma afecta derechos fundamentales: “La libertad de empresa no puede ser recortada con una medida que no es proporcional ni idónea. Hoy ya existe una cuota del 3% para personas con discapacidad que muchas empresas no pueden cumplir. Si se suma una del 10% para jóvenes, se llega al 13%. Es inviable”.
Toyama también pone en duda el diagnóstico del problema: “Los más desempleados en el Perú no son los jóvenes, son los adultos mayores de más de 50 años. Ese dato debería hacernos reflexionar”.
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¿Solución real o maquillaje legal?
Más allá del plano constitucional, Toyama anticipa efectos perversos de la propuesta. “Va a haber ‘pitufeo’ empresarial. Muchas empresas se fragmentarán para no superar los 50 trabajadores y eludir la obligación. Además, se perjudicarán los practicantes: serán reemplazados por jóvenes contratados para llenar la cuota”.
Desde su visión, el dictamen no enfrenta el verdadero problema: la falta de conexión entre educación y empleo. “El aula universitaria está completamente aislada del centro de trabajo. No hay talento porque no hay formación práctica ni habilidades blandas. No hay liderazgo, no hay preparación tecnológica”, enfatiza.
Para Toyama, imponer una cuota no genera empleo de calidad. “La solución al desempleo juvenil no está en la imposición legal, sino en formar jóvenes que respondan a las necesidades del mercado. Si el Estado no invierte en eso, ninguna cuota va a funcionar”, concluye.
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