Reside en la Comisión de Economía del Congreso un proyecto de ley que restringe las concesiones o renovación de estas en favor de las empresas que mantienen controversias judiciales o arbitrales en contra del Estado peruano.
Según el proyecto, presentado por Jorge Zeballos Aponte (Renovación Popular), se protegerá al Estado frente a las demandas que realicen las empresas o consorcios involucrados en licitaciones y concursos públicos de obras o servicios públicos.
En ese sentido, las firmas —sean nacionales o extranjeras— en disputas judiciales o arbitrales con el Estado estarán prohibidas de suscribir o renovar los contratos de concesión pública.
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¿Favorecerá a la inversión privada y competitividad de las empresas?
Willy Pedreschi, socio en Miranda & Amado, considera que la iniciativa del Congreso es antitécnica y ambigua porque no especifica qué tipos de demandas son las que impedirán que una empresa concurse por una concesión o se le renueve.
“Uno podría tener una demanda contra la Sunat por un tributo que no puede pagar o contra un municipio por una multa. No lo dice (el proyecto de ley)”, sostuvo a Gestión.
En ese sentido, el letrado advierte se desincentivará a la inversión privada —local y extranjera— ya que las empresas no podrán demandar al Estado aún cuando el infractor sea este último.
“Se va a afectar la decisión de negocios de los inversionistas. Desistirán de ir a un proceso de renovación porque la ley implica renunciar al derecho de tutela jurisdiccional”, advirtió.
No más tratos con la corrupción: ¿qué mecanismo protege al Estado?
El congresista Zeballos Aponte alega en su proyecto que se busca resguardar al Estado de contratos con empresas marcadas por la corrupción como Odebrecht —en el marco del caso Lava Jato—, las cuales “han activado demandas y arbitrajes ante el CIADI”.
“Es de urgencia y de necesidad proteger del abuso de algunas empresas que, encontrándose o habiendo admitido actos de corrupción en la construcción de obras públicas, acuden a instancias arbitrales en contra del Estado peruano”, soslaya.
Diana Collazos, asociada principal del Estudio Echecopar, indica que más allá de la “buena intención” del PL y la necesidad de sancionar los actos de corrupción, no se puede atentar contra el derecho al arbitraje, el cual existe para que un neutro arregle las diferencias o desacuerdos entre el Estado y un privado tras un convenio.
Así, recordó que ya existe la ley N° 30737 y su reglamento para sancionar los actos de corrupción en la ejecución de proyectos de infraestructura.
“Con esta ley, aún vigente, se impide que los inversionistas continúen con proyectos o creen más por casos de corrupción”, apuntó.
Asimismo, manifestó que la solución de controversias es un mecanismo que brinda seguridad jurídica a los inversionistas en general.
Hay 23 arbitrajes pendientes de resolver en el CIADI. Foto: Difusión
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Las consecuencias de prohibir concesiones a empresas con disputas judiciales con el Estado
Al respecto, Carlos Tapia Benavente, socio en STC Abogados, expresa que la existencia de controversias o situaciones diferentes a lo planeado o contratado es altamente probable.
“Inclusive estas pueden surgir por eventos no imputables a ninguna de las dos partes. Dicha incertidumbre no implica por si solo un perjuicio para el Estado o una presunción negativa en contra del privado como para restringir su participación en procesos futuros”, contó a Gestión.
Los abogados consultados por este diario coinciden en que el proyecto de Renovación Popular incurriría en la inconstitucionalidad ya que vulnera la presunción de inocencia, el derecho al debido proceso y la libre competencia.
“Desincentiva que las partes resuelvan sus controversias conforme a lo pactado, lo que generará que los privados recurran a tribunales locales y arbitrajes internacionales para evitar que la norma se aplique a su caso concreto. Lo más probable es que hayan más controversias”, concluyó Tapia Benavente.
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Finalmente, el legislador Zeballos Aponte argumenta que la ley reducirá aproximadamente US$ 1,000 millones en gastos de defensa jurídica, los cuales se gastan, en promedio, en las controversias actuales.
Periodista con más de 5 años de experiencia en la cobertura de coyuntura económica e informes especiales en prensa escrita y digital.
