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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) resolvió, recientemente, un caso relacionado con presuntos incumplimientos de promociones publicitarias. Durante la investigación, se detectó que se presentaron pruebas editadas, lo que levantó la posibilidad de que estos actos trasciendan la infracción administrativa y puedan involucrar mayores implicancias, alcanzando a otras entidades.
En este escenario, ¿Qué ocurre cuando se identifican conductas que podrían tener consecuencias penales o disciplinarias?
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¿Qué ocurrió?
El caso se originó por una denuncia presentada ante el Indecopi por un consumidor y una asociación, en contra de dos empresas (una que ofertó y otra que procesó el pago) alegando que incumplieron promociones publicitadas durante el “Black Friday”.
Según la denuncia, las promociones ofrecían descuentos de hasta 50% al usar una aplicación de pago, pero los consumidores no obtuvieron estos beneficios conforme a lo anunciado. Además, se señaló que las promociones carecían de términos y condiciones claros en el momento de la oferta, generando confusión entre los usuarios.
Tras analizar las pruebas, la Sala Especializada en Protección al Consumidor concluyó que una de las empresas (la que ofertó) incumplió su deber de idoneidad al no aplicar correctamente las promociones. Por ello, se impusieron multas administrativas de 1.25 UIT por cada denuncia y se ordenó la devolución de los montos cobrados en exceso al consumidor afectado.
En el caso de la otra empresa (la que procesó el pago), se declaró improcedente la denuncia debido a su rol limitado como procesador de pagos, sin responsabilidad en las promociones cuestionadas.
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Posibles implicaciones más allá de lo administrativo
Durante el procedimiento, el Indecopi detectó que una de las empresas denunciadas había editado posteriormente las pruebas presentadas. En detalle, esta omitió informar de los términos originales observados por los consumidores.
Ante esta situación, se evaluó la remisión del caso al Ministerio Público (MP) para que investigue posibles delitos como falsedad documental. Asimismo, al estar involucrados abogados en la representación legal del caso, se consideró la posibilidad de enviar información al Colegio de Abogados correspondiente para evaluar si las acciones violaron normas éticas profesionales.
A partir de estas remisiones, se buscan que las conductas detectadas sean examinadas en el ámbito penal o disciplinario, según corresponda.
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¿Derivaciones al Ministerio Público?
Diego Arpasi, abogado especialista en derechos del consumidor, explicó que la remisión de expedientes del Indecopi al Ministerio Público o al Colegio de Abogados de Lima no es una práctica común, pero en ciertos casos específicos se ha llevado a cabo para garantizar el respeto a los principios de veracidad y ética profesional. Según indicó el abogado, esta facultad se ejerce cuando se detectan posibles irregularidades graves, como declaraciones falsas ante la autoridad administrativa.
La clave de estas decisiones radica en el principio de veracidad y en la obligación de aportar pruebas confiables durante los procedimientos administrativos.
“Las declaraciones presentadas ante el Indecopi están sujetas al principio de verdad material, lo que significa que deben reflejar la realidad de los hechos. Si se prueba que una declaración o prueba no es cierta, esto podría no solo afectar la resolución administrativa, sino también dar pie a consecuencias legales fuera del ámbito de Indecopi”, detalló Arpasi.
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Falsedad en la declaración jurada
Jesús Espinoza, exdirector del Indecopi, señaló que toda la información presentada en un procedimiento administrativo ante el instituto tiene el carácter de declaración jurada, lo que implica que los administrados están obligados a garantizar la veracidad de los datos y documentos proporcionados.
Este carácter de declaración jurada establece un límite claro en el proceso de defensa: no se permite presentar información falsa o manipulada. Espinoza mencionó que, aunque los administrados tienen un amplio margen para defenderse en los procedimientos, deben hacerlo respetando las normas.
De esta manera, alterar documentos o registros presentados como pruebas en un procedimiento administrativo constituye una violación de la normativa y puede derivar en sanciones administrativas e, incluso, penales. Este límite es fundamental para mantener la transparencia y legitimidad de los procedimientos que Indecopi gestiona.
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Consecuencias penales
André Sota, asociado principal de PPU, indicó que las consecuencias penales por falsificación y declaraciones falsas en procedimientos administrativos pueden ser graves y multidimensionales.
En el ámbito legal, las sanciones incluyen penas privativas de libertad que varían según el delito cometido. Por ejemplo, la falsa declaración en procedimientos administrativos está sancionada con penas de entre uno y cuatro años de prisión.
En el caso de falsificación de documentos, si se trata de textos privados, la pena oscila entre dos y cuatro años, mientras que, para documentos que son de manejo público, puede alcanzar hasta los 10 años de prisión.
Además, cuando se consigna información falsa en documentos públicos, como un DNI, se incurre en falsedad ideológica, con penas que van de tres a seis años de cárcel.
Más allá de las penas, Sota destacó las repercusiones adicionales que surgen al cometer un delito. En el caso de las empresas, las implicancias van aún más allá, como el daño reputacional que se genera. Así. cuando una empresa es acusada de delitos, como falsificación de documentos, la confianza del público, clientes y socios comerciales se ve seriamente comprometida. Esto no solo afecta su imagen, sino que puede poner en riesgo su continuidad operativa.
Finalmente, es importante considerar que, aunque las penas menores a cuatro años suelen ser susceptibles de suspensión, esto no es una regla absoluta. El juez puede decidir imponer una pena efectiva dependiendo de factores como los antecedentes del acusado y las circunstancias específicas del caso.
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Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.
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