El Perú transita, lamentablemente, por sus horas más oscuras y sangrientas, ante un fuerte incremento de las extorsiones y las actividades relacionadas a la minería ilegal. Las consecuencias son múltiples y cada vez más palpables, alcanzando al empleo en el país. Una revisión de Gestión de varios indicadores laborales evidenciarían que las economías ilegales lo vienen absorbiendo cada vez más.
El panorama actual muestra que, a nivel nacional, la tasa de extorsión se encuentra en niveles récord, creciendo a doble dígito a setiembre (más de 73 denuncias diarias); mientras que las exportaciones de oro ilegal alcanzarían los US$ 12,000 millones este año, igual que lo formal, según el Instituto Peruano de Economía (IPE).
Panorama laboral delicado
Gestión identificó que, en Lima Metropolitana, donde se agrupa significativamente la masa laboral, el grupo de jóvenes ocupados (es decir, que cuentan con algún tipo de trabajo) viene reduciéndose desde hace tres años. La última vez que creció fue al cierre del trimestre móvil a setiembre del 2022 (+1.9%).
En el inicio de este año, se tuvo caídas de doble dígito, incluso con un -15.3% en marzo. En setiembre, el último dato disponible, se perdieron 24,800 empleos de este grupo (-3.7%).
Esto ocurre en paralelo a otro fenómeno laboral preocupante también reconocido por este diario. La Población Económicamente No Activa (No PEA), que no tiene ni busca un empleo, viene aumentando a un mayor ritmo que la PEA, que cuenta o busca un trabajo, desde diciembre del 2024. La brecha más marcada se dio entre abril y junio de este año.
A nivel nacional, también se identificó este escenario, que viene dándose desde el primer trimestre del año pasado, al menos. La última información disponible, correspondiente a este segundo trimestre, registró un aumento de 2.1% de la No PEA (equivalente a la salida de 167,600 trabajadores) y de solo 0.8% de la PEA (unos 148,500).
Miguel Jaramillo, investigador de Grade, señaló que hay una correlación “muy clara” entre los indicadores de deterioro del empleo juvenil y un aumento de la tasa de victimización.
“A mayor desempleo o inactividad laboral de jóvenes es más la tasa de victimización. Es lo que muestra los indicadores actuales”, comentó.
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Mecanismo para absorber empleos
Gestión recogió dos testimonios que muestran cómo la extorsión y la minería ilegal se fortalecen sumando empleos en condiciones sumamente deplorables. “Chavo”, hace unos años, trabajaba brindando servicio de auto colectivo en Lima hasta que un día le robaron el vehículo. Estuvo sin un trabajo estable hasta que un día pasó a laborar al sector construcción, siendo parte de un sindicato. Se sumó por “contactos”, pero no como obrero, sino para “visitar” obras y ofrecerles “seguridad”, servicio en el que se excubren los cobros de cupos de extorsión.
Hoy tiene 30 años y cobra cupos más allá de la construcción civil, además es microcomercializador de drogas.
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Una fuente con conocimiento en el cobro de cupos a personas cuenta que las “comisiones” se pagan, incluso, solo por dar un contacto telefónico y una breve referencia de la capacidad adquisitiva de la eventual víctima. En el sector construcción, el cupo para los trabajadores bordea los S/ 100 cada semana.
Otra fuente de la División de Investigación Criminal (Depincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP) comentó que, entre otros factores, las denuncias por extorsiones han crecido porque los más jóvenes que quieren entrar en este “rubro” usan los nombres de los delincuentes más “ranqueados”. En las investigaciones se identificó a personas de entre 15 y 18 años.
“Llaman y dicen: ‘Hola. Te habla la ‘batería’ de tal’. Buscan crear miedo. En otros casos se estructuran más y mandan croquis, buscando intimidar”, narró. En los operativos, usualmente, capturan a personas que bordean los 30 años y reportan que sus ganancias semanales bordean los S/ 1,500. “Los ‘perros’, que van por información, ganan así en estas organizaciones. Pero no es un trabajo a tiempo completo, al día dan su ‘vueltita’ por obra y de eso reciben su pago”, mencionó.
En la minería ilegal, incluso, se tiene un mecanismo de contratación más “estructurado”. Un empresario con concesiones en Arequipa, cuyo nombre se reservará por su seguridad, dio cuenta del fuerte crecimiento de los mineros ilegales. Tal es la demanda de trabajadores que, cuenta, en una sola zona se instalaron hasta 50 “agencias de empleo”.
“La agencia cobra S/ 40 a la empresa por el trabajador y otros S/ 40 al trabajador por colocarlo. Es un pago único”, dijo.
El pago a mineros no calificados bordea los S/ 110 diarios en un régimen de trabajo de 20 días y siete de descanso. “Suben a trabajar sin medidas de seguridad, son conscientes. No hay un campamento minero, se quedan en esteras y, con un poco de suerte, en carpas. En dos años, ya los ves con una camioneta Hilux”, señaló. En cargos como perforar y dinamitar el pago es de S/ 150.
Un aspecto clave que indicó esta fuente es que hay una alta rotación de los trabajadores y que explica la expansión de este sector. “Vienen a trabajar en los socavones y en seis meses se van. Como ya hicieron dinero, se ‘abren’. Para hacerlo, necesitan contratar un mínimo de cinco personas: una cocinera, que también selecciona los minerales; un perforista y tres mineros”, dijo.
También narró que hay una importante contratación laboral en la etapa de procesamiento artesanal de los minerales. “Hay estudiantes que dejan de hacerlo por ir a estas plantas. Solo una planta moliendo agrupa mínimo 25 personas”, señaló.
Rubén Vargas, experto en temas de crimen organizado, sumó que la minería no formal, a diferencia de la formal, requiere un mayor número de trabajadores, pues no cuenta con recursos tecnológicos. Así, las ubicaciones más críticas son La Libertad, Ayacucho, Apurímac, Puno, Arequipa, Ica, por mencionar algunos.
Lo que se vino observando como un “fenómeno claro” es que muchos jóvenes están volviendo a sus regiones de origen, pues prácticas informales están convocando “muchísima mano de obra”.
Un artículo de Dante Vera, gerente de V&C Analistas, que analizó el rol de organizaciones criminales en la minería ilegal, coincide con este punto. Apuntó como uno de los factores de la expansión de este sector a una “migración interna hacia distritos mineros”, a causa de la fiebre del oro. “Esto genera asentamientos humanos precarios”, precisó.
“La pandemia de COVID-19 provocó el retorno de jóvenes a sus pueblos, aumentando muy probablemente la mano de obra en economías ilícitas”, refirió Vera.
Luis Rogger Ruiz Diaz, gerente general adjunto del Gobierno Regional de La Libertad, señaló que, en sus interdicciones realizadas en socavones ilegales, observaron una mayor presencia de jóvenes.
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Vargas agregó que las complicadas condiciones para que trabajen no terminaría siendo un desincentivo, pues se trata de trabajadores que ya se encontraban en la informalidad o el desempleo, sin seguros y, sobre todo, ingresos. “Hablamos de millones de personas que se someten a reglas de juego esclavistas”, dijo.
Solo considerando las economías ilegales alrededor del oro y la cocaína, en sus primeros eslabones, se emplea a dos millones de peruanos, precisó Vargas.
“Y, en realidad, cuando hablamos de economías ilegales se alcanza el contrabando, el tráfico ilícito de bienes y de cigarrillos, que está entre los más rentables. También está la pesca negra, la tala ilegal, el tráfico de terrenos. El universo es extenso y tiene como característica y punto de confluencia que se retroalimentan entre ellos”, comentó.
¿Riesgos futuros para el Perú?
Jaramillo señaló que la “gran paradoja” del mercado laboral que se tiene, actualmente, es que las empresas encuentran complicado contratar y se tiene una alta tasa de desempleo de jóvenes. Los riesgos de permitir que las economías ilegales continúen absorbiendo empleos es sumamente alta, pues ayuda a consolidar a estos sectores y desmontarlo posteriormente será complicado, advirtió.
“Lo que se ve es que estos rubros, la delincuencia organizada y la minería ilegal, sí están bien representados en el Congreso. Para empezar, no puedes castigar a quienes contratan cuando hacerlo es la consecuencia de que se les permite actuar con normalidad”, puntualizó.
Por su parte, y en línea al empresario arequipeño, Vargas indicó que uno de los principales problemas es que, ante mayores ganancias, los trabajadores esperan escalar y expandirse por su propia cuenta. “Se involucran en niveles superiores. Eso significa mayor expansión y una mayor demanda de trabajadores”, dijo. “El Estado va a terminar convertido bajo una fuerza fáctica”, complementó.
En tanto, una investigación de la Universidad de Princeton (2001) identificó, a partir del caso de Colombia con la coca en los 2000, un grave perjuicio para los niños expuestos a economías ilegales, sobre todo entre los de 11 y 14 años.
Señaló que la deserción escolar aumenta en 26% en los niños en estas zonas, mientras que el trabajo infantil lo hace en 30%. Además, se eleva un 30% la probabilidad, para estas personas cuando adultas, de encarcelación por delitos violentos o de drogas.
Paola del Carpio, coordinadora de investigación de REDES, sumó que crecen en entornos violentos y adquiriendo “habilidades” que los limitarían a estos sectores, pues no son aplicables en otros rubros.
“No solo se trata de lo que se pierde en habilidades por no terminar la escuela. También se gana un ‘capital humano’ particular: conocimientos de la cadena de valor, networking de la industria criminal, habilidades para la violencia”, destacaron desde el think tank.
Del Carpio explicó que este grupo de niños es vulnerable porque están en una etapa mediana de la secundaria, por lo que sus familias podrían considerar “más rentable” que dejen de estudiar para dedicarse a estas actividades.
“Se debe hacer un mayor seguimiento a los datos laborales. Y se tiene una epifanía porque no es fácil salir de allí [de trabajar en estas economías]”, subrayó.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
