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El periodo de reactivación económica ya se encuentra en su primera fase y, con ello, cada vez más personas están saliendo a trabajar utilizando el transporte público como medio para movilizarse. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones cumplió emitiendo los protocolos sanitarios hace más de un mes.
Estos protocolos establecen que los conductores de dichos vehículos deberán pasar por estrictos controles de temperatura antes de salir a cada viaje y usar una mascarilla. Sin embargo, el cambio más significativo es el que limita la capacidad de pasajeros de cada unidad vehicular con el objetivo de los pasajeros se ubiquen dejando un espacio para evitar un posible contagio de COVID-19.
“En el transporte público tradicional ya estamos con el distanciamiento social. En las camionetas rurales –o combis- se está permitiendo solos seis pasajeros. No pueden ir más. Ya está distribuido el distanciamiento. En las cousters son once pasajeros, mientras que en los buses de 9 metros viajan entre 15 y 16 pasajeros. Finalmente, en el bus de 12 metros solo viajan 22 pasajeros. Eso ya lo estamos aplicando”, señala a Gestión.pe Héctor Vargas, vocero de la coordinadora de empresas de Transporte Urbano, una organización que agrupa a seis gremios de transporte de Lima y Callao. Esto es cerca de 350 rutas y unas 20,000 unidades vehiculares.
Por ello, ante las restricciones de capacidad, las empresas de transportes pidieron al Ejecutivo subsidios directos que permitan hacer viable la operación. De lo contrario, no existía rentabilidad posible para las empresas y su vuelta a las calles sería inviable. Según señala Vargas, el 85% de la propuesta presentada por los transportistas ha sido acogida por el Ejecutivo y está en vías de formalizarse esta semana a través de un decreto de urgencia.
Pero, ¿cómo atender un sector en el que predomina la informalidad o sistemas como el de la afiliación de unidades vehiculares a empresas? Según señala Vargas, los transportistas también están interesados en tener un vínculo sólido entre las unidades vehiculares y las empresas, de tal manera que sean las empresas quienes se preocupen por la operación y no se manejen por terceros con el famoso sistema de afiliación. Para ello, brindó algunos detalles de la propuesta que trabaja el Ejecutivo para subsidiar.
La instalación del GPS en el transporte público
Según explicó Vargas, quien participó de las reuniones entre los transportistas junto al MTC y ATU, el Estado destinaría unos S/ 110 millones mensuales para subsidiar al transporte urbano tradicional. De este monto, unos S/ 107 millones serán de subsidio directo y unos S/ 3 millones se utilizarán para implementar una plataforma de fiscalización para la ATU que esté conectada con las empresas de transporte.
Con el objetivo de repartir el subsidio entre las empresas, Vargas señaló que los acuerdos alcanzados apuntan a que en Lima y Callao se aplicará una forma polinómica para destinar el subsidio, la cual estará basada en la cantidad de kilómetros recorridos por cada unidad vehicular. Esto significa que todas las empresas deberán instalar GPS en sus unidades de transporte y que esta deberá reportar, en tiempo real, a un proveedor y a una plataforma de ATU, señaló Vargas. Pero, ¿cómo se distribuirá el subsidio en un sector que, en muchos casos, tiene las llamadas ‘empresas cascarón’?
“Si bien es cierto, esto se va a reglamentar en la norma, tenemos entendido que el subsidio iría directamente al propietario del vehículo. La mecánica será que el dinero se le va entregar a la empresa, pero previo a eso la empresa tiene que firmar un contrato en el que se compromete a repartir el monto de la forma establecida tanto al propietario, como al conductor y el cobrador y un porcentaje para la empresa. Eso significa que la empresa tiene que hacer uso del contrato de vinculación con lo que queda obligada a tener bajo su control la parte operacional, de mantenimiento y vigilancia. Bajo este mecanismo, para que haya subsidio, la empresa deberá ser responsable de todo el manejo de la flota”, señala Héctor Vargas, vocero de la coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao.
Vargas señaló que actualmente las empresas vienen trabajando con los propietarios de los vehículos para explicar la fórmula con la que se aplicarán los subsidios y así lograr un entendimiento. Incluso, señaló que el contrato de vinculación entre ambas partes tendrá los detalles en el reglamento del decreto de urgencia que se emitiría en los próximos días.
“El subsidio funciona para que realmente las empresas tengan el control operativo del mantenimiento de los vehículos y que no le trasladen la responsabilidad al propietario. Esta es una oportunidad magnífica que se le ha presentado a todos para poder hacer este cambio a través del subsidio. La empresa tiene que empezar a trabajar para entrar a este nuevo modelo de negocio”, señala Vargas.
El vocero del sector transportista señala que, por lo menos, un 50% de la flota en Lima y Callao ya cuenta con GPS, pues se tratan de empresas que están intentando formalizar el transporte en la capital, por lo que aún queda un 50% pendiente de la instalación. Una vez se finiquiten estos contratos entre propietarios y empresas, el dinero será destinado desde el MEF hacia el MTC y Cofide, en donde se establecerá un fideicomiso para realizar las liquidaciones respectivas en cuentas bancarias de las empresas que serán intangibles.
Los retos pendientes del sector
Sin embargo, a pesar del subsidio, Vargas señala que esto solo serviría para cubrir los costos de operación del transporte urbano, mas no los costos y la carga financiera que arrastran las empresas por los créditos para adquisición de buses.
“Lo que se ha planteado es la reestructuración de la deuda con una moratoria de 18 meses. El MTC estaría conversando con el MEF para lograr una salida con nuestros acreedores.”, señala el representante del sector transportista.
Finalmente, señaló que, si bien en Lima y Callao se implementará el subsidio bajo el esquema del GPS, la propuesta apunta a que el transporte en provincia sea subsidiado a través del combustible. Es precisamente este asunto el que estaría retardado la emisión del Decreto de Urgencia.
“En el caso de Lima y Callao el subsidio será por kilómetro recorrido lo cual obliga a que todas las unidades vehiculares tengan GPS. En cambio, en provincias el subsidio va a ser al combustible. Habría algunos problemas que se deben estar afinando”, sostuvo.