Hoy vencía el plazo legal para que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), encabezado por Raúl Pérez Reyes, derive al Congreso sus observaciones a la ley de las Asociaciones Público-Privadas (APP) que impulsó su predecesor, José Salardi. Y ayer jueves por la noche ingresó el documento al Parlamento. En la previa, dos funcionarias de la cartera explicaron lo que busca el MEF con estos ajustes.
Andrea Guardia, Directora del Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión; y Denisse Miralles, quien hasta el último miércoles fue Viceministra de Economía, detallaron cuáles son las claves detrás de este movimiento del MEF.
En el evento Women Leaders in Infraestucture: 2025 de InfraPerú, donde Gestión estuvo presente, ambas enfatizaron la necesidad de modificar el Decreto (D. Leg.) Legislativo N° 1362, actual norma que rige las APP en Perú, que no habría dado los resultados esperados, a pesar de las adjudicaciones récord en 2024.
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En cifras: la ley APP actual no ha sido eficaz
El 2024 fue un año histórico y positivo para ProInversión en materia de adjudicaciones APP, ya que se concretaron 16 proyectos por cerca de US$ 9,000 millones, una de las cifras más altas en la última década.
Para este 2025 se persigue un objetivo similar: adjudicar más de US$ 8,000 millones en 34 proyectos.
Miralles, que fue una de las grandes responsables del éxito alcanzado en 2024 por su trabajo en ProInversión, reconoció que, si bien se hizo bajo el marco actual, fue bastante complicado impulsar proyectos que llevaban más de 10 años en promoción, como el caso del Tren Macho, que acaba de firmar su contrato.
“La estadística de APP en los últimos 15 años señala que antes de 2023-2024 estábamos en nada. Estos últimos dos años destacan, pero fueron pura gestión. Se logró con la actual norma, pero fue una tortura. Ahora que hay una oportunidad de cambiarla, no podemos desaprovecharla”, manifestó.
Guardia precisó el asunto. Según la funcionaria, el actual D.Leg. refuerza la burocracia en el pedido de permisos municipales. Un megaproyecto, encargado a ProInversión, puede necesitar la autorización de hasta 14 municipalidades, ejemplificó.
“Las cifras recalcan esa necesidad de cambio. Con el D.Leg. 1012 (normativa anterior de APP) se adjudicaban al año proyectos que superaban los US$ 4,000 millones anuales. Se cayó 75% cuando pasamos al actual y los proyectos pasaron a demorarse entre seis y ocho años para adjudicarse”, agregó.
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MEF no cuestiona “puntos neurálgicos” de la reforma planteada
Miralles, durante su participación en InfraPerú, señaló que, si bien Pérez Reyes observará la norma que planteó su predecesor, esto no significa que descarta el planteamiento de Salardi.
“El ministro actual ha sido claro: la ley se observará, pero son hasta cinco cambios puntuales. Sobre lo que no está de acuerdo no son los puntos neurálgicos de esa propuesta”, aseguró.
De esta forma, la ahora ex funcionaria del MEF remarcó que Pérez Reyes ha dejado claro, como anticipó a Gestión, que sus cuestionamientos giran en torno al refuerzo de la gobernanza de ProInversión, la rectoría del MEF, pero no renueva la vigencia de las disposiciones del D.Leg. actual que han ralentizado el proceso de adjudicación de APP.
Denisse Miralles, quien fue viceministra de Economía hasta el último miércoles, saludó que el MEF observe la reforma a las APP sin eliminar su propósito principal. Foto: MEF.
“Con la alta brecha de infraestructura que tenemos, no podemos darnos el lujo de tomarnos años para estructurar proyectos”, recalcó.
Guardia precisó también que la reforma de la ley APP debe buscar evitar reducir lo que ella catalogó como “reprocesos”. Básicamente, este término lo usó en referencia a las constantes revisiones que sufre un mismo documento técnico, a pesar de que ya fue aprobado.
“Por ejemplo, en una APP cofinanciada puede tener un estudio de preinversión aprobado, pero luego, en otra fase se hace un informe de evaluación. Este último puede hacer observaciones a un diseño ya aprobado. A veces las entidades opinantes escapan de su ámbito de competencia”, planteó.
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Estado debe asumir más roles para no reducir competencia
Miralles también reiteró que la actual norma APP delega al sector privado interesado funciones que debería tomar el Estado peruano. Comentó también, al respecto, que ello nos ubica en una posición de desventa frente a otros países de la región.
“Competimos con ellos y, para un inversionista, tener condiciones normativas duras no ayuda. Por ejemplo, se exige al privado que resuelva asuntos como el manejo de interferencias. Ante ello, lo que hacen los inversionistas es irse a otro lugar y el Estado se queda con el problema”, lamentó.
A pesar de lo anterior, Guardia recordó que Perú, en el ranking internacional del Infrascope, que analiza el entorno APP para la inversión privada en la región, está en una buena ubicación.
Desde el MEF recalcaron que la reforma a las APP debe garantizar que no se repitan casos de proyectos frustrados como la Red Dorsal.
Si bien figura quinto en la última versión de este reporte, está primero en algunas categorías, como preparación de proyectos y sostenibilidad. Aunque, a su vez, ocupa la posición 12 en manejo de riesgos y monitoreo de contratos, tal como también analizó Gestión el año pasado.
“Si bien Perú tiene más de 20 años en el asunto, hay que aprender de las lecciones que nos dejan los años pasados en la reducción de proyectos adjudicados y otros que quedaron caducados”, manifestó.
Como ejemplo de lo anterior, la funcionaria del MEF mencionó proyectos como la Red Dorsal o el Gasoducto Sur Peruano. Se trata de dos iniciativas que fueron promovidas y adjudicadas por ProInversión, pero que no han logrado hacer realidad hasta ahora.
“Son activos por los que el Estado ha pagado o pagará consecuencia de un arbitraje y siguen sin poder utilizarse”, explicó.
Licenciado en Comunicaciones con especialidad en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Desde 2020 cubre temas económicos, políticos y sociales.
