El último sábado desde el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) se informó la realización de una segunda indagación de mercado -como paso previo- para la contratación del servicio de operación y mantenimiento de la red dorsal de fibra óptica (RDNFO), infraestructura de telecomunicaciones que hace 45 días pasó de Azteca a Pronatel.
De acuerdo a la nota de prensa del Gobierno “en los próximos días” se iniciarán los pasos previos para la contratación del servicio.
En diciembre del 2021, cabe recodar, se inició el proceso público para contratar al interventor (que se encargue de mantener y operar la red) e incluso en aquella oportunidad también se hizo una indagación de mercado.
De la que quedó apta el consorcio integrado por Gilat Networks y Optical Technologies ya que “presentó la documentación completa” de acuerdo a los términos de referencia de entonces según dijo -en una entrevista publicada por Gestión el 28 de enero- Jorge Luis Túpac Yupanqui Sagástegui, por entonces cabeza de Pronatel.
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Al día siguiente de publicada la entrevista en nuestro diario (que lo puede ver en el link de arriba) -específicamente el 29 de enero- Juan Silva nombró a Roberto Lizárraga López como director ejecutivo del Pronatel en reemplazo de Túpac Yupanqui Sagástegui.
Este diario conversó que el exdirectivo de Pronatel que da detalles del interés del -ahora- exministro Juan Silva porque el proceso de la red dorsal “salga de inmediato” lo que implicaría en la práctica otorgar la concesión al único consorcio calificado hasta el momento.
-¿Qué generó su salida de Pronatel?-
No tengo forma de saber con certeza ya que fue brusca (su salida de Pronatel). Estimo que una de las causales fue la entrevista en Gestión. La idea del ministro (ahora exministro Juan Silva) era que esa adjudicación debía hacerse de inmediato. Teníamos diferencias de opinión, ya que yo consideraba que debía continuarse con el estudio de mercado porque no estaba suficientemente de acuerdo a los requerimientos de la ley.
-¿Cuál era el sustento del entonces ministro Silva para que salga de inmediato el proceso?-
Alegó que era suficiente con un postor, que era el consorcio que había quedado habilitado y con documentos válidos. Él (Silva) decía que era suficiente con eso. En mi opinión, no era suficiente. La misma opinión tuvo la exviceministra Fabiola Caballero, que era mi jefa (ya que por entonces no se había nombrado al viceministro de Comunicaciones).
-¿Tuvo chance de reunirse con el viceministro de Comunicaciones, Virgilio Tito, antes de su salida de Pronatel?- (Tito Chura fue nombrado recién el 22 de enero)
Una semana antes de mi salida, se nombró al nuevo viceministro de Comunicaciones (Virgilio Fredy Tito Chura) con el cual tuve una sola charla e inmediatamente le dio COVID y ya no pudimos trabajar más. Nunca supe la opinión del viceministro de Comunicaciones ni pude abordar con él sobre la situación de la red dorsal. Todo lo trataba con la viceministra encargaba.
-¿Por qué el interés de Silva a ceder la buena pro de la red dorsal al único postor?-
En opinión del (entonces) ministro era suficiente con lo que teníamos. En todo caso, él sabía que era una decisión mía al ser el Pronatel un órgano con su propio presupuesto, él (Silva) no firmaba nada y siempre me decía que era mi decisión ya que asumía la responsabilidad legal, pero su opinión era que debería entregarse (la red dorsal para su operación y mantenimiento) al postor que había quedado apto.
-Costos del mantenimiento-
El exdirectivo de Pronatel recordó que el 14 de enero, Azteca le entregó la infraestructura y que hasta -ese momento- no se tenía información al 100% sobre los equipos que se necesitaban renovar ni cuánto iba a costar.
“Azteca o nos había negado alguna información o no nos había dado completo. Por ejemplo, quedaban como 2,000 observaciones, pero aparte: de acuerdo al contrato de Azteca, a partir del quinto año, tenían la obligación de renovar los equipos que estén en obsolescencia”.
“Como el contrato se canceló antes del quinto año, esta tarea queda pendiente para llevarla a cabo por el interventor, es decir, la renovación de equipos se tiene que hacer al cuarto o quinto año. Esa información, de cuáles equipos se tenían que renovar y cuánto iba a costar, no lo teníamos pese a que era fundamental para el proceso”, agregó.
Dijo que en la medida que se reciban los equipos, se podrá determinar con mayor exactitud el costo de mantenimiento, información con la que no se contaba en la primera indagación de mercado. “Como no había esa información, los postores presentaron sus propuestas con un monto máximo para protegerse”.
Lo que implicaba que el costo de reposición de los equipos dentro de la cotización, tenía un valor muy alto. “Una de las metas -de continuar con la indagación de mercado- era precisar al detalle cuáles eran los equipos (a renovarse) para que se puede cotizar con más detalles los costos, para que no haya incertidumbre”.
También queríamos consultar a los 36 empresas invitadas al proceso, los motivos por los que no presentaron sus propuestas para mejorar los términos de referencia, para tener una pluralidad de oferta. “Todo esto le explique a Silva, pero insistía en que el proceso salga de inmediato”.
-De acuerdo a fuentes consultadas el costo de operar y mantener la red dorsal es de US$ 10 millones, pero el consorcio que quedo apto solicitaba US$ 33 millones-
El precio que Azteca cobraba era alrededor de US$ 23 millones al año (como se recuerda el Estado garantizaba los ingresos del concesionario, cubriendo la diferencia entre los ingresos por ventas y gastos de operación-mantenimiento e inversión realizada). El consorcio en efecto solicitaba US$ 33 millones al año, ósea US$ 10 millones más. Yo no tenía el costo real debido a que Azteca no nos proporcionó la información completa.
La nueva gestión de Pronatel -dijo- ya debería contar con información de cuánto es el costo real de operar y mantener la red dorsal; cuánto es el costo de mantenimiento que hay que asumir y cuánto debería ser un precio razonable.
“Nosotros estimamos que el precio razonable debía ser entre lo que cobraba Azteca a un poco más: entre los US$ 23 millones a US$ 25 millones, pero no US$ 33 millones al año. Por eso se necesita afinar las TDR para que sea más precisa la cotización y más razonable a los intereses del Estado”, puntualizó.
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