El factor tributario que amenaza a la industria atunera con su desaparición

“En el año 2007 procesábamos 475 toneladas de atún y para el 2018 llegamos a 40,000 toneladas de atún. Para el año 2007 dábamos trabajo a 500 personas y para el 2018 llegamos a 17,500 personas. En el 2007 teníamos ventas totales por US$ 900,000 y en el 2018 llegamos a US$ 123 millones”, precisa Alfonso Miranda Eyzaguirre, presidente de la Cámara Peruana del Atún (CPA).

Se tenía la proyección para el 2021 de duplicar las cantidades procesadas, generar empleo a más 70,000 personas y llegar a US$ 250 millones en ventas, tanto para exportaciones como mercado interno.

”Pero esto se frustró debido a que en el año 2019 se pretendió cargarle un 30% de impuesto al valor de la factura. Esto por supuesto no lo paga ningún país atunero del mundo y de esta manera, se ha frenado el avance que teníamos en el merado a tunero a nivel del país”, señala Miranda Eyzaguirre.

Incumplimiento de la Ley

El presidente del gremio atunero señala que actualmente no se está haciendo cumplir la Ley 28965, Ley de promoción para la extracción de recursos hidrobiológicos altamente migratorios, que tiene catorce años de haber sido dictada y no está siendo reconocida por la Sunat.

“A pesar de que el Ministerio de la Producción, de Comercio Exterior, la PCM y la Comisión de Economía se han pronunciado a favor de mantener y respetar esta ley que esta vigente, la Sunat ha mantenido la posición de no reconocer la aplicación de esta norma que ellos mismos vinieron aplicando durante 12 años”, añade.

“Con todo el empleo que genera, con todo el valor agregado que les da a los recursos, entonces, lo que necesitamos es que esa política de estado se cumpla y la ley se cumpla”, exige Miranda Eyzaguirre.

Este incumplimiento de la norma ha generado un grave problema de sobrevivencia de la industria atunera y lo que se venía avanzando respecto a la recuperación de un liderazgo regional se estaría perdiendo por segunda vez en el país.

A consecuencia de esto, muchas plantas atuneras han tenido que cerrar y las que aún se han mantenido han optado por tomar medidas como comprar pescado importado, lo cual no es lo optimo, porque encarece los costos.

“El mercado del atún es muy competitivo, entonces, nos ha restado competitividad y por eso seguimos perdiendo mercado, porque nos han puesto una mochila enormemente pesada sobre las espaldas de la industria atunera”, manifiesta el presidente del gremio.

Competencia desleal

Otro aspecto que ha afectado negativamente al mercado del atún es la competencia desleal con la que tiene que lidiar la misma industria peruana.

Pero para entender este punto es necesario precisar que todas las grandes potencias atuneras del mundo, como Tailandia, España y Ecuador, compran la mayor parte del atún que procesan, es decir, que basan su crecimiento en la apertura de su país para que embarcaciones extranjeras puedan abastecer a sus industrias atuneras.

Tailandia, por ejemplo, no tiene ningún solo barco atunero, todo lo compra del extranjero, 700,000 toneladas aproximadamente. Ecuador, por su lado, desembarca 250,0000 toneladas de su flota, pero compra otras 250,000 de barcos extranjeros.

El Perú, que no tiene una flota muy grande, también desarrolla su actividad con apoyo de flota extranjera.

No obstante, el Perú es el único estado pesquero en el mundo que compra, con el presupuesto nacional, conservas a países cuyas industrias le hacen la competencia a la industria nacional y a los trabajadores. Esto supone una clara competencia desleal para el mercado atunero peruano.

“Que se deje de comprar conservas de orígenes tailandeses o chinos, que se deje de dar trabajo a empresas que tienen serios cuestionamientos por temas de sostenibilidad en relación a los derechos humanos, por trabajo infantil y trabajo esclavo. Y que las entidades estatales se encarguen de ser parte de las políticas de estado de promoción y consumo de productos hidrobiológicos hechos en el país”, sentencia Alfonso Miranda Eyzaguirre.

Lo que pide el gremio atunero es que se prioricen los productos nacionales, sobre todo para las compras estatales, como los programas sociales.

“A mi no se me ocurre que yo vaya con una conserva peruana y se la venda al estado chileno, Chile nunca compraría una conserva peruana para sus programas sociales y está muy bien. Tailandia tampoco compraría una conserva peruana para los comedores o desayunos escolares, como si lo ha hecho Qali Warma. Esperamos que sea un estado consecuente y priorice la producción peruana, al menos para las compras estatales”, añade.