El ataque con explosivos que cobró la vida a nueve trabajadores de la empresa minera Poderosa y dejó heridos a otros trece de sus compañeros en Pataz, La Libertad, generó la reacción de cinco gremios empresariales que se reunieron para condenar el hecho y expresar su preocupación por el avance de la criminalidad organizada y su impacto en la economía nacional.
En una conferencia de prensa conjunta, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe), la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Asociación PYME Perú, ComexPerú y la Cámara de Comercio e Industria de Ucayali, demandaron al Gobierno acciones efectivas para hacer frente a la ola de criminalidad que viene golpeando a todos los peruanos.
Confiep: medidas del Estado no han funcionado
Alfonso Bustamante, presidente de la Confiep, consideró que lo sucedido en Pataz es señal de que las medidas que ha tomado el Gobierno para combatir a la minería ilegal no han funcionado, y que -dijo- si bien el Poder Ejecutivo estaba al tanto de que podía haber más ataques, no fue capaz de contener esta situación.
“Las medidas de contención del Estado no han funcionado y a todas luces estamos perdiendo la guerra contra la criminalidad”, reclamó, Bustamante citando que en Lima y el interior del país se ve a pequeños comerciantes que deben pagar cupos a bandas criminales para que puedan ejercer su actividad económica.
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Advirtió que se ve también bandas criminales bloquear vías buscando el caos, mientras la Policía Nacional del Perú está sometida a un enfrentamiento cuando este podría evitarse, recuperando los servicios de inteligencia nacional que se han abandonado, pese a que son fundamentales para realizar acciones de prevención (en el avance del crimen organizado).
Por el contrario, señaló que se ve una absoluta asimetría (en el tratamiento del Estado a la actividad formal versus la ilegal), pues mientras a los mineros informales solo se les pide una declaración jurada (amparada en el Registro Integral de Formalización Minera - Reinfo) para operar, a la minería formal se le exige el cumplimiento de requerimientos difíciles de llevar.
Snmpe: los costos de la minería ilegal
Angela Grossheim, directora ejecutiva de la Snmpe, formuló un llamado a todos los niveles de gobierno, el Congreso de la República, organizaciones sociales y ciudadanos, para cerrar filas contra la minería ilegal y a trabajar de manera conjunta con el sector empresarial.
Ese trabajo conjunto es necesario, según indicó, para poder abordar las distintas aristas de esta problemática, tanto la relacionada con la seguridad como fortalecer la normativa vigente y mejorar la trazabilidad del oro.
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Señaló que la minería ilegal se ha convertido hoy en la primera actividad ilícita en el Perú, superando incluso al narcotráfico. Cada año, comentó, la minería ilegal genera una pérdida del 2.5% del PBI y los costos directos o indirectos anuales que genera suman más de S/ 23,000 millones.
El línea con lo mencionado por Confiep, denunció que el Reinfo se ha convertido en una herramienta para encubrir la minería ilegal, pues otorga a los inscritos la “exención de responsabilidad”, que permite que no pueden ser procesados por el delito de minería ilegal. “La realidad es que el proceso de formalización lleva más de 20 años de creado, tiene casi 88 mil inscritos, pero solo poco más de 11 mil se han formalizado”, anotó.
Comex pide medidas más drásticas
Julia Torreblanca, presidenta de ComexPerú, afirmó que: “Como mujer minera, me siento profundamente afectada por los actos de violencia ocurridos”.
La vocera explicó que la minería formal representa a más de 1 millón 800 mil personas que trabajan directa o indirectamente en esa actividad, y que el Estado tiene que garantizar la seguridad de todos los peruanos que tienen derecho a trabajar y a vivir en paz.
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“Es imperativo que se implementen medidas más drásticas en este momento para asegurar la prevalencia de nuestros derechos”, agregó Torreblanca, señalando que los estados de emergencia no son suficientes ni han cumplido su objetivo.
Pymes: Criminales con más de S/2,000 millones al año
Julio Surco, presidente de la Asociación Pyme Perú, advirtió que en Lima, uno de cada diez bodegueros ha cerrado su negocio (por la extorsión de bandas organizadas), y que en Trujillo (La Libertad), más del 30% de las micro y pequeñas empresas (mypes) sufre de extorsión.
Se estima, indicó, que los grupos criminales ganan más de S/2,000 millones al año producto de estas extorsiones. “Se estima que unas 250 mil mypes formales a nivel nacional sufren de cobros de cupos, con pagos entre S/200 a S/3,000 mensuales, según el tamaño del negocio”, refirió.
Ucayali: La minería ilegal destruye ecosistemas en esa región
Nancy García, presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali, advirtió que en su región hay un avance “tremendo” en prácticas al margen de la ley como la tala y la pesca ilegal, la extensión de rutas del narcotráfico, con pistas de aterrizaje clandestinas, y con una política de fronteras (que dispone el Gobierno) ajena a la realidad.
Todas esas actividades ilícitas, reclamó la dirigente empresarial, también presente en la reunión, ponen en peligro la biodiversidad de esa región amazónica y los derechos humanos de las poblaciones nativas de la zona, sin contar con el avance también de la minería ilegal, que destruye ecosistemas.
En los últimos años, advirtió, se han deforestado 2.5 millones de hectáreas de bosques en el Perú, en tanto las medidas de contención de las autoridades para frenar esa pérdida de zonas boscosas (en Ucayali) no han funcionado, a la vez que crecen prácticas ilegales como la trata de personas y la prostitución en dicha región.
