Durante 2024, la criminalidad organizada golpeó seriamente al sector construcción. Si bien el resultado general del rubro el año pasado se prevé positivo (crecería 2.2% luego de caer 7.9% en 2023), desde la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) no minimizan su impacto. Hay áreas del país donde los proyectos no pueden despegar a consecuencia de estas actividades criminales.
Así lo sostuvo Guido Valdivia, director ejecutivo del gremio, durante la última presentación de su último Informe Económico de la Construcción (IEC), donde Capeco resaltó que la construcción creció en 2024, pero menos de lo que se esperaba.
“No es solo sicariato, son organizaciones criminales muy poderosas que han migrado a otros rubros. Afecta los proyectos porque hay zonas del país donde no se puede construir. Los sindicatos formales no pueden entrar. Hay mucha inseguridad para nuestros trabajadores y los mismos empresarios”, recalcó.
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Los puntos identificados
El ejecutivo de Capeco detalló a Gestión cuáles serían estas partes del Perú donde los sindicatos formales han sido desplazados por bandas criminales.
“En varias zonas de Callao, Trujillo y el Norte Chico se presentan, actualmente esas circunstancias, sobre todo en áreas de expansión donde las bandas criminales se dedican además al tráfico de tierras y a la lotización informal”, apuntó.
Otro campo donde ocurre lo mismo son zonas que están actualmente dominadas por otras actividades criminales como la minería ilegal (La Pampa, Pataz, Caraveli) o el narcotráfico (el VRAEM, el norte de Cajamarca o Amazonas, la triple frontera de Perú-Colombia-Ecuador).
El director ejecutivo del gremio de construcción alertó que hay grandes proyectos que pueden “motivar el interés de estas bandas criminales por disputarle la participación a los sindicatos formales”.
Algunos de estos serían la Línea 2 del Metro de Lima, el programa de Colegios del Bicentenario y las obras de agua y desagüe en el sur de Lima. “En los tres casos fueron asesinados dirigentes de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP)”, agregó.
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Consecuencias
Valdivia recalcó que la existencia de estas áreas del país, dominadas por mafias o “pseudosindicatos”, obliga a que los pocos empresarios inmobiliarios que aún así apuestan por ingresar, tengan que incluir partidas presupuestarias exclusivas para la seguridad de los proyectos.
“A eso los obliga. Las empresas grandes tienen mayor seguridad, por ejemplo, la Línea 2 del Metro. Es una inversión bastante fuerte que se agrega al presupuesto. Eso obviamente afecta el nivel de rentabilidad”, afirmó.
El director ejecutivo recordó algo que el ministro de Economía y Finanzas (MEF), José Arista, señaló meses atrás en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC): la inseguridad ciudadana afecta el crecimiento de la región en alrededor del 2%, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI).
Como reportó Gestión, en agosto del 2024, se produjo un hecho que sacudió al sector: Arturo Cárdenas, secretario general de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil de Lima y Balneario (STCCLB) fue asesinado a sangre fría a plena luz del día.
El móvil de este delito habría sido el cobro de “cupos”. Recordando este lamentable suceso, Valdivia insistió en que esa es otro costo extra que los empresarios que ingresan a esas áreas bloqueadas deben asumir.
“Es cierto que que algunos empresarios terminan pagando a los delincuentes. En Capeco hay una política de no hacerlo porque no hay garantías de que sea un pedido de una sola vez. No para nunca. Se defienden con seguridad privada”, sostuvo.
Valdivia también remarcó que esta presencia ilegal en torno a las obras civiles también fundamenta que sigan prevaleciendo obras paralizadas en el país, como demuestran los datos de la Contraloría.
El último reporte del ente de control, a octubre del 2024, indica que hay 2,648 proyectos en esta situación en el país, entre los tres niveles de gobierno, por una inversión superior a los S/ 43 mil 55 millones.
“Debemos evitar que sigan creciendo. La paralización crece a un mayor ritmo que el avance de las obras. Puede ser un problema serio a largo plazo”, advirtió.
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Trabajo con Mininter
Ante este panorama adverso, Valdivia reveló que Capeco, junto a la FTCCP están participando en una comisión junto al Ministerio del Interior (Mininter) para fijar políticas que hagan frente a estas organizaciones criminales.
El ejecutivo del gremio dio detalles de lo que allí se viene discutiendo. Uno de los puntos clave es la revisión del Decreto Legislativo 1187, vigente desde el 2015, que establece iniciativas contra la violencia y la criminalidad en el sector construcción.
Una de las claves de esa norma legal es la creación y actualización de registros, entre ellos uno de sindicatos y otros de trabajadores de construcción civil. Ya en anteriores oportunidades Capeco ha cuestionado su credibilidad.
El gremio asegura que se han filtrado bandas delincuenciales entre los casi 1,900 sindicatos inscritos allí. Para revertir ello, han propuesto mejoras a los filtros y requisitos de admisión.
“Hemos propuesto modernizar los registros de trabajadores y de obras, utilizando herramientas tecnológicas que trabajen diferentes fuentes. Para ello, se exige que las principales bases de datos del Estado y de agentes privados puedan interoperar entre sí”, explicó Valdivia.
Otro pedido que han hecho al Mininter, recalcó el representante de Capeco, es que se fortalezca el área de la policía que brinda seguridad a la construcción civil y buscar un trabajo más coordinado con la Fiscalía y el Poder Judicial.
“Hemos dejado claro de que son bandas que se han extendido a otros delitos: tráfico de tierras, lotización informal, entre otros. Sus ingresos crecen y lavan activos. La extensión de sus actividades afecta a todos. Ya no son delitos solo patrimoniales, sino contra el orden social”, lamentó Valdivia.
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Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Especializado en áreas como inversión pública, construcción, saneamiento y economías ilegales.
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