El Perú tiene una cartera de proyectos mineros por US$ 64,000 millones —según el Ministerio de Energía y Minas (Minem)—, en un contexto donde se redefine el mapa de la inversión en este sector por la creciente demanda de cobre y otros minerales clave para la transición energética, sumado a ello la creación de infraestructura digital y avance de la inteligencia artificial. Aquí, el Congreso bicameral entrante genera expectativas en el rubro minero.
Según Luis Rodríguez Mariátegui, socio del área de Minería del Estudio Hernández, las decisiones de inversión minera responden principalmente al potencial del recurso y a las perspectivas del mercado internacional más que a ciclos políticos.
De esa manera, los inversionistas mineros juegan a plazos de 20 o 30 años, y si bien evalúan la estabilidad política y legal, la calidad del yacimiento sigue siendo el factor determinante para apostar por un proyecto.
LEA TAMBIÉN: Contratos de mutuo dinerario: Tribunal Fiscal señala cuándo estarían “bajo la lupa” de Sunat
¿Qué debe priorizarse para promover la inversión minera?
Dentro de las principales reformas a priorizar por el Congreso, Rodríguez recomienda ofrecer un ambiente de tranquilidad a los operadores, y que se ponga mano firme contra la delincuencia y los grupos violentos que entorpecen y hasta impiden la normal marcha de la minería formal.
Tras ello, plantea “ajustes para que los permisos para explorar sean más ágiles y la renovación de los permisos tenga un mecanismo aprobatorio simplificado”.
La bicameralidad puede convertirse en un mecanismo de contención frente a proyectos de ley que respondan a presiones políticas o de grupos de interés. En la foto, el excandidato presidencial Roberto Sánchez y mineros en una marcha. Foto: Facebook / Roberto Sánchez
Según CooperAcción, el Gobierno de Keiko Fujimori recibirá la millonaria cartera de inversión minera en un contexto que exige garantizar la gobernanza del sector y mejora de la relación con las comunidades agrícolas para evitar los conflictos.
José de Echave, investigador de CooperAcción, recuerda que la cartera de inversión minera ha cambiado respecto a la de hace una década, pues ya no predominan los proyectos de clase mundial, sino ampliaciones, optimizaciones y proyectos de reaprovechamiento.
“Se pasó de una cartera impulsada por megaproyectos como Las Bambas, Cerro Verde o Quellaveco a otra donde predominan ampliaciones y proyectos de menor envergadura”, dijo.
Por lo tanto, insta a que se establezcan mesas de diálogo entre las autoridades políticas, las empresas y las comunidades aledañas a los proyectos, en donde se respeten los criterios socioambientales. Un libreto no ajeno para la presidenta electa, quien aseguró que promoverá la minería “con un absoluto respeto al medio ambiente y con armonía en las comunidades”.
Cartera minera valorizada en más de US$ 64,000 millones podría redefinir el posicionamiento global del Perú en cobre. Foto: Andina/ Referencial.
Rodríguez Mariátegui reconoce que la mayor responsabilidad corresponderá al Ejecutivo, que deberá implementar con rapidez las medidas regulatorias necesarias para aprovechar el actual contexto internacional.
“Es el momento del Ejecutivo. No debe permitir que se pierdan las oportunidades que ofrece el contexto global. No podemos dejar que este ciclo favorable para las inversiones vuelva a pasarnos por delante”, anota.
Políticas mineras en stand by: prioridad la ley MAPE
El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, enfatiza que el Congreso bicameral tiene que priorizar la creación de la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), la cual “quedó pendiente porque el Congreso que se está yendo no lo quiso sacar”.
Aclara que el problema de fondo no radica únicamente en la ausencia de una norma, sino en un sistema que, durante años, ha generado incentivos perversos: mientras la minería informal e ilegal opera con pocas restricciones, la minería formal enfrenta una carga burocrática que retrasa las inversiones.
“El minero ilegal actúa y extrae sin conocer impedimentos. Destruye la naturaleza, soborna y opera sin mayores obstáculos. El informal, por su parte, sigue trabajando bajo la promesa de formalizarse mediante el Reinfo, que permanece en una situación transitoria permanente. En cambio, para la mediana y gran minería obtener permisos cuesta muchísimo; pasan de una ventanilla a otra y nunca se toman decisiones”, explica a Gestión.
Herrera Descalzi aclara que no basta con tener una ley, e instó a que el Estado replantee su estrategia de formalización y que se cuente con cuadros técnicos porque “los ministerios han mostrado poca capacidad para impulsar reformas y defender técnicamente sus propuestas ante el Congreso”.
Coincide con esta lectura el también exministro del sector Jaime Gálvez, quien cuestiona que el Congreso saliente no tuvo como prioridad la elaboración de una nueva Ley MAPE pero sí apostó por la prórroga del Reinfo.
Por otro lado, indica que los problemas de la gran y mediana minería tienen que ver más con el tiempo que tardan en aprobar los proyectos los distintos opinantes y la gestión social en zonas mineras.
“El gran desafío de la próxima gestión es facilitar las exploraciones”, añade. Según Gálvez, el punto de partida para una nueva ley MAPE son los temas consensuados con gremios mineros de la Sociedad Nacional de Minería (SNMPE), el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y otros gremios de la MAPE.
Lo que se espera del nuevo Congreso
Con la instalación del nuevo Congreso bicameral, el sector minero espera que el retorno de las dos cámaras contribuya a mejorar la calidad de las leyes y reduzca la aprobación de iniciativas que, a juicio de la industria, han generado incertidumbre para la inversión en los últimos años.
Rodríguez Mariátegui indica a Gestión que la bicameralidad puede convertirse en un mecanismo de contención frente a proyectos de ley que respondan a presiones políticas o de grupos de interés, como en lo referido a la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera - Reinfo.
LEA TAMBIÉN: Vendedores online deberán implementar libro de reclamaciones: esto propone el Gobierno
“El rol de este Congreso debe ser más de contención a este tipo de proyectos, sin renunciar a legislar en aquello que realmente incentive el crecimiento económico”, añade.
A su criterio, las normas que “hoy sirven de paraguas para quienes no han logrado o no han querido formalizarse” deben terminar cuando venzan los plazos establecidos por ley, sin nuevas extensiones.
Cabe añadir que a la fecha el Perú busca ser el segundo productor mundial de cobre y destaca como los principales de oro, plata, zinc, plomo, estaño y molibdeno.
Periodista con más de 5 años de experiencia en la cobertura de coyuntura económica e informes especiales en prensa escrita y digital.
