Pucallpa, Ucayali.- Luego de casi 30 años desde su creación en Perú, la Ley de promoción de desarrollo de la Amazonía no ha tenido los resultados esperados. Al menos esto se desprende del análisis brindado recientemente por autoridades.
En el marco de la Expo Amazónica Ucayali 2026, representantes empresariales y autoridades expusieron cómo los continuos cambios legales terminaron encareciendo los productos locales, mientras el Estado peruano sigue sin construir la infraestructura básica necesaria.
Uno de los principales problemas está asociado a la forma en la que se establecieron los mecanismos para el pago de impuestos.
Leonardo López, representante de la Comisión Tributaria de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), recordó que la ley aplicó una exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) a los productos en la selva para proteger al consumidor local.
Sin embargo, al no cobrar el impuesto a sus clientes, las empresas de la zona tampoco pueden utilizar el IGV que pagaron al comprar insumos, contratar servicios o importar maquinarias como crédito fiscal.
“Mientras en el resto del país pueden utilizar el IGV como crédito fiscal, en la selva no se puede. Esto es lo que denominamos el ‘arancel de la selva’”, precisó.
Vale decir que la Ley N° 27037, y sus posteriores modificaciones, también eliminaron la exoneración del IGV aplicable a la importación general de mercancías extranjeras. Por esta razón, se implementó la figura del reintegro tributario.
Este último mecanismo permitía a los comerciantes ubicados en la Amazonía (que adquieren bienes fuera de la región o importan insumos pagando IGV) solicitar la devolución del impuesto, siempre que sustenten que los productos fueron vendidos y consumidos de forma exclusiva dentro del ámbito amazónico. Sin embargo, esta “compensación” no duró mucho y fue eliminado de manera paulatina y diferenciada por regiones.
Manlio A. Nicolini, gerente general de Palmagro, hace un análisis de esto. Según comentó, la eliminación de la exoneración del IGV a la importación y del beneficio del reintegro tributario dejó al sector agroindustrial en desventaja, obligándolo a asumir el impuesto como un sobrecosto no recuperable.
“Mientras no haya un reintegro tributario, no vamos a ser competitivos, no por voluntad nuestra, sino porque las leyes nos quitaron competitividad”, señaló.
A esta barrera se suma la distancia, pues mover insumos y trasladar producción desde o hacia Lima demanda un gasto logístico más alto que los propios productores amazónicos terminan asumiendo, indicó el senador Jorge Velásquez.
“Para traer productos desde Lima hasta [la Amazonía] recorremos 847 kilómetros y el costo de traslado de estos materiales [que serán transformados] y del flete, prácticamente lo subsidiamos con el transporte de carga”, sumó Nicolini.
Fondo para obras públicas
Pero el estancamiento regional no se debe solo a las fallas tributarias o logísticas, sino a que el propio Gobierno central jamás ejecutó los fondos de infraestructura previstos en la norma.
Alfonso Morante, director en Grupo Pro Amazonía, recordó que la ley original contemplaba alimentar un fondo revolvente de obras públicas durante 25 años con el 10% del presupuesto de inversión de diversos ministerios, pero al no transferirse esos recursos, la región nunca pudo construir los puertos, carreteras ni la conectividad básica que necesitaba.
“La ley no ha funcionado no porque sea mala, sino porque no se ha cumplido, sobre todo en el espíritu de la norma: la promoción o el cierre de brechas de infraestructura. ¿Dónde está ese fondo? ¿Qué pasó con el 10% que tenían que dar diferentes ministerios de su presupuesto de inversión para la Amazonía por alrededor de 25 años? ¿Dónde está ese dinero? Nunca llegó”, refirió.
El impacto es mayor para las poblaciones originarias. Fernando Velázquez, presidente de la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas del Perú, explicó que la ley tuvo un efecto “mínimo o nulo” sobre los emprendedores nativos debido a que el sistema financiero tradicional exige requisitos inaccesibles para las economías comunales.
Ante esta rigidez, las comunidades se vieron impedidas de obtener financiamiento para impulsar y formalizar sus emprendimientos.
