La necesidad de un trabajo articulado. Con el objetivo de abordar las propuestas en materia de inseguridad ciudadana, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) gestionó una mesa de diálogo con autoridades, funcionarios y representantes de la sociedad civil. Las voces fueron enfáticas porque “el clima social es insostenible”, al punto de que “los delincuentes han zonificado” los espacios y se han respaldado en la falta de una cultura de denuncia. ¿Las cifras resultantes? En Tumbes ocurren 15 homicidios por cada 100,000 habitantes; sigue Callao, con 13 homicidios; y la capital, con 7, según el Ministerio del Interior.
Al respecto, Roberto De La Tore, presidente de la CCL, sostuvo que la violencia “está transformando las calles en espacios de incertidumbre”. Añadió que “la inseguridad no puede enfrentarse con esfuerzos aislados ni soluciones temporales, no es suficiente la extensión de los estados de emergencia en el país”. Insistió, entonces, en la urgencia de estrategias a corto, mediano y largo plazo, las cuales deben estar lideradas por el Poder Ejecutivo y el compromiso de todos los sectores, sobre todo ahora, cuando el 83,3% de hechos delictivos no se denuncia.
LEA TAMBIÉN: Gastón Rodríguez: En el país se vive una vorágine de criminalidad transnacional
Cultura de denuncia
Víctor Zanabria, general de la Policía Nacional del Perú, explica que impera un temor a la denuncia: “Hay un gran número de cifra negra que no permite la intervención del Estado”. Cruzan con esta carencia, detalla, las economías paralelas alrededor de la informalidad, la ilegalidad, la impunidad y, sobre todo, la indiferencia. “Este es el momento de quebrar la pasividad que tiene la sociedad”, afirma.
El líder de la PNP reconoce también que uno de los delitos más lesivos es el informático. No obstante, para combatirlo se requieren recursos: “Sin presupuesto para mejorar los sistemas, no va a funcionar. ¿Cómo podemos pedir efectividad si no tenemos presupuesto?”, se cuestiona.
Inseguridad ciudadana: causas y soluciones
Los diagnósticos que identificaron los comisionados de las asociaciones y gremios convergieron: impunidad, desacreditación y falta de presupuesto en el cuerpo policial y —entre otras— escasez de liderazgo político.
En esa línea, Luis Flores, presidente de la Cámara Internacional de Industria del Transporte, señaló el quiebre de reputación en los puestos de liderazgo. “Tenemos presidentes presos, gobernadores regionales presos y alcaldes presos. Quiero reflexionar que la delincuencia no está aquí de manera circunstancial. Esto ha sido un proceso de décadas”, acotó.
Américo Chávez, secretario general de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra, se sumó a estas declaraciones: “Aquí todo lo dejamos en la mano del Mininter [...]. Muchos alcaldes no están haciendo su trabajo”, dijo. Aseguró, además, que los activistas son “muy ceremoniales, pero de poco trabajo”, por lo que hizo un llamado a una labor bajo una política de unidad, en la cual el Poder Ejecutivo y el Congreso se pongan de acuerdo.
Por su parte, Jennifer Jiménez, representante de las Ollas Comunes, relató una dinámica con la que, posteriormente, se solidarizaron los participantes: “Nosotros conocemos a las personas que delinquen en nuestros propios barrios”. En consecuencia, destacó que existe el temor a la denuncia porque queda latente una represalia; por tanto, pidió considerar la propuesta de ejecutar denuncias con firmas digitales.
A este comentario se sumó Rosa Castillo, representante de los Comedores Populares: “El extorsionador es de ahí mismo, de la comunidad”, subrayó. Posteriormente, observó que la delincuencia ha formado estratos, a los cuales denominó “niveles para extorsionar”.
LEA TAMBIÉN: Buscan crear impuesto a grandes empresas para luchar contra inseguridad ciudadana
Ante este escenario, Carlos Tarazona, presidente de la Cámara Ferretera del Perú, elevó el pedido de integrar formalmente el acuerdo nacional y la defensoría de la Policía: “Creemos absolutamente indispensable que la sociedad civil esté en el Estado”, remarcó. Su colega Edwin Cullanco, secretario General de la Federación Nacional de Trabajadores en Mercados del Perú, reforzó la idea y polemizó el alcance de la PNP: “¿Qué hace la Policía? [...] Hay que ponernos en zapatos del ciudadano, comerciante, empresariado”, concluyó.
Los testimonios sorprendieron a la mesa. Pío Pantoja, presidente de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería, aseveró que, en Trujillo, han llegado a la conclusión de que “es mejor pagar a los sicarios extorsionadores que pagarle a la Sunat”. Luego de esta declaración, Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, sugirió un mea culpa a nivel nacional y recordó que es la falta de acción la que ha ocasionado que los delincuentes “zonifiquen” sus espacios.
Y a propósito de espacios, Daniel Hermoza Negreiros, presidente de Mypes Unidas del Perú, no dejó de lado el tema del control en las fronteras, a las cuales llamó “coladeras”. Habló, además, sobre la impunidad policial y la deficiencia en el acceso a la logística.
Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transportes de Lima y Callao, también se refirió al accionar policial: “Creemos en nuestra Policía; sin embargo, este elemento fundamental está desacreditado”. A este factor le añadió un componente: “Hay un fallo en la política, en los cargos de confianza”.
Incluso Rebeca Antezana, presidenta de la Asociación Peruana de Empresarios de la Belleza, contó que cuando un ciudadano de a pie se dirige hacia la comisaría, ni siquiera hay hojas. Detectó, entonces, “un divorcio” entre la Fiscalía, el Poder Judicial, la PNP y el Congreso.
Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria de Transporte, en cambio, formuló una pregunta ante el equipo de trabajo. “¿Alguien ha sacado de su bolsillo? Los conflictos se ganan con tres cosas, como dijo Napoleón: dinero, dinero y más dinero”, objetó. Bajo su percepción, la solución es fortalecer a la Policía y al Ministerio Público, porque “se está politizando el tema”.
LEA TAMBIÉN: Beatriz Boza: empresarios peruanos no deben esperar a “un salvador” para crecer
En suma, a lo largo de la sesión, los actores sociales se aproximaron a los cuatro ejes que mencionó De la Tore al inicio: el liderazgo y articulación, un punto vinculado con la propuesta de la modificación de la ley N° 27933; el presupuesto —el 70% de comisarías funciona con infraestructura precaria —, la brecha de personal —el ingreso de 5,000 nuevos policías por año resulta insuficiente— y, finalmente, el uso de Tics, enfocado en canales digitales para el reporte de denuncias.
Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.
