El Gobierno de Perú presentó al Congreso de la República el proyecto de ley N° 11923 que busca autorización para aprobar un crédito suplementario en el presupuesto público hasta por S/ 642.6 millones. ¿A qué se apunta con estos recursos?
Desde el Poder Ejecutivo se solicita darle trámite con carácter “de urgencia”.
La propuesta detalla que estos recursos se incorporarán con cargo a saldos disponibles en la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. Se orientará al financiamiento, según el documento, de Proyectos de Inversión e Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición (IOARR).
“Los gobiernos subnacionales enfrentan limitaciones presupuestarias que restringen su capacidad para implementar inversiones estratégicas (...)”, se lee en la exposición de motivos del proyecto.
Sin embargo, no se puede ignorar que este nivel de gobierno es el que menos ejecuta sus recursos para obras. A menos de seis meses de culminar el 2025, las municipalidades tienen casi del 70% de su presupuesto para proyectos sin avance; y casi 60% en el caso de las regiones.
Fragmento del proyecto de ley N° 11923. Fuente: Congreso de la República
Otros detalles del pedido de crédito suplementario
El proyecto también considera transferencia de partidas a favor del Ministerio del Interior (Mininter) hasta por S/ 140.2 millones. Sin embargo, se observa que más de S/ 111 millones (alrededor del 80%) se orientará para gasto corriente, como el pago de personal y obligaciones sociales.
También se propone transferencias de partidas a favor del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de la Defensoría del Pueblo, de la Junta Nacional de Justicia y del Ministerio de Relaciones Exteriores hasta por S/ 39.3 millones.
En tanto, en otros artículos, se dispone a autorizar modificaciones presupuestarias en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hasta por S/ 17.4 millones, así como también en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y la Procuraduría General del Estado.
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