En el Perú, siete de cada 10 cigarrillos en el mercado son falsificados, detectó la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) a través de un informe que le solicitó a Diálogo Ciudadano en 2024. El ingreso de este producto amerita un especial análisis por la diferencia —y sus diferentes efectos— que hay entre el contrabando y el tráfico ilícito.
El contrabando consiste en la introducción de mercancías a un país sin pagar los derechos de aduana que exige la legalidad. A esto, Rubén Vargas, extitular del Ministerio del Interior (Mininter), le suma una exactitud: “Esquivar el control de bienes de procedencia lícita”, comenta para Gestión.
En cambio, cuando ingresa algún elemento adulterado, la dinámica se convierte en un tráfico ilícito. “Eso tiene otro ángulo de investigación que no es solamente administrativo”, añade.
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La visión sectorial no combate las economías ilegales
Ante este panorama, Vargas advierte que el control territorial de las modalidades delictivas es transversal en todas las economías ilegales. Por eso, “no podemos analizar el problema del contrabando o el problema del tráfico ilícito de cocaína o del oro ilegal de manera aislada ni sectorizada. Tenemos que pensar en torno a las economías ilegales como un todo”, aclara.
“Lo que estamos viendo ahora es que insumos químicos, como el mercurio que utiliza la minería ilegal; los explosivos de dinamita que también lo emplean; las armas que utiliza el crimen organizado y más están ingresando bajo la modalidad de tráfico ilícito, camuflados con cigarrillos y con ropa usada, principalmente”, añade.
En suma, los bienes tanto legales como ilegales se mueven bajo las mismas estrategias delictivas que emplean las economías ilegales.
Lima, Pucallpa y Puno suelen ser los lugares más comunes de incautación de cigarrillos adulterados. (Foto: Andina)
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Ilegalidad y política: el nexo
Carlos Casas, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico e investigador CIUP, encuentra el nudo peligroso en el caso de no tener claros ambos conceptos y burlar a la ley: “Detrás del contrabando están las economías ilegales que tienen muchos recursos, lo cual les permite financiar organizaciones políticas”.
Dichos representantes de las organizaciones políticas tienen la posibilidad de llegar, por ejemplo, al Congreso. ¿Cuál es el riesgo?
“(Estos grupos políticos) van a tratar de despenalizar ciertos temas, mantener el status quo para que ellos sigan operando y ganando más espacio. No es (un problema) nuevo; en el Congreso ha habido muchos partidos que eran enemigos, pero, cuando se tocaban temas como la tala ilegal, las fuerzas opositoras se sumaban y defendían”.
Vargas coincide. “Las economías ilegales financian a sus propios candidatos, a sus propios partidos políticos en las próximas elecciones. El problema es normalizar que las economías ilegales tengan representación política y exijan espacios económicos y sociales”.
Y reitera: “Uno de los factores que permite que las economías ilegales crezcan es la corrupción. No tendríamos un problema gigantesco de contrabando si nuestras fronteras no fuesen tan convenientemente porosas, agujereadas por la corrupción. Entonces, el principal problema que tenemos en el país es la fragilidad institucional”.
¿Por qué las elecciones 2026 pueden ser el "abono" para expandir las economías ilegales? (Foto: Andina)
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El “caldero” para las economías ilegales
Casas identifica tres condiciones económicas del Perú que allanan el despliegue de las economías ilegales.
“Primero, tenemos una gran frontera con muchos países (Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile) y existe un control laxo de las autoridades. Luego está el diferencial de precios entre un país y otro; la distancia entre las cargas impositivas abre un espacio para el contrabando. Ocurre, por ejemplo, con Bolivia: la piratería no está sujeta a ninguna carga tributaria, por lo que el diferencial de precios es bastante fuerte y eso incentiva al consumidor a que adquiera productos en detrimento de los productos legales".
El tercer elemento está vinculado con la complementariedad entre las economías de escala —reducen el costo— y las economías de ámbito—ahorran en la diversificación de la producción—.
“Hay bastante complementariedad en el sentido de que los recursos que se pueden generar de actividades ilegales se tratan de lavar a través de otras actividades. Se me ocurren vínculos con minería ilegal, que llevan a que haya contrabando de cigarrillos. Las economías ilegales, entre ellas, se refuerzan. Entonces, tenemos contrabando, trata de personas, minería ilegal, falsificación y más”, analiza.
Vargas también enlista sus valoraciones: “Además del abandono de nuestras fronteras, está la percepción absolutamente equivocada, tanto de las autoridades como de un sector de la opinión pública, de considerar al contrabando como una especie de un emprendedurismo casi inocuo”.
El descuido de las fronteras se posiciona a la cabeza de los factores que dan paso al tráfico ilícito. (Foto: Andina)
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¿Qué puede hacer el empresariado?
Para Casas, frente a las variables exógenas que convergen en el universo de la ilegalidad, el empresariado se puede configurar como una fuerza que les exige a las autoridades vigilar la regulación de la norma.
“El contrabando viene de las distorsiones. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, por las políticas económicas que tienen ellos; y, en el de Perú, por la alta carga tributaria que registran algunos productos”.
Indica que disposiciones como el alto impuesto no soluciona el problema, “porque, si las fronteras son grandes, el diferencial de precios va a incentivar siempre el contrabando”. “Hay que trabajar bastante el tema tributario”, agrega.
El especialista toma como ejemplo el fondo minero privado que, a inicios de julio, Jorge Luis Montero, titular del Minem, anunció como una nueva herramienta de financiamiento. El objetivo es ofrecer líneas de crédito privadas a tasas preferenciales.
“Podría funcionar como un incentivo para que empiecen a formalizarse y, además, podría ocasionar un efecto de demostración. Sería como ‘bajarle la llanta’ a toda la economía ilegal. Si alguien es legal y está pagando impuestos, puede pedirle a un banco un préstamo de dinero, puede acceder a mercados mucho más grandes. Esos son algunos incentivos”.
El Estado tendría una participación minoritaria en el fondo minero, pero será administrado por los mineros en un esquema de autogravamen. (Foto: Minem)
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¿Reforma institucional?
Desde su experiencia, Vargas sugiere refundar las instituciones para “que tengan una visión integral de lucha contra las economías ilegales”. “Necesitamos crear una institución rectora contra todas las economías ilegales, cosa que no existe. Requerimos unificar nuestra legislación para superar esa visión sectorial de lucha", acota.
Habla, así, de un marco legal con capacidad integradora.
“Si a alguien le preguntamos cuáles son las cosas que debemos hacer contra la minería ilegal, por ejemplo, nos va a dar una lista que abarca competencias de muchos sectores. ¿Quién es el encargado de articularlas? No existe", concluye.
Redactora de Economía en diario Gestión. Periodista piurana con seis años de experiencia profesional en el rubro.
