La inseguridad ciudadana sigue consolidándose como una amenaza para la economía y el desarrollo del país, concluyó el tercer reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia del BCP y Capital Humano y Social (CHS Alternativo).
En medio de esto, cerca de 7.9 millones de peruanos (32%) han presenciado el cierre o la restricción de negocios locales debido a la delincuencia en los últimos 12 meses, pero ¿cuánto impacto viene teniendo esto en el Producto Bruto Interno (PBI)?
Ricardo Valdés, gerente general de CHS, señaló que, teniendo en cuenta una investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el costo de la inseguridad puede representar entre el 2% y el 5% del PBI de un país, dependiendo de las particularidades y complejidades de cada nación.
En tanto, se calcula que las economías criminales en el Perú -que incluyen minería ilegal, narcotráfico, trata de personas, y otras actividades ilícitas- mueven un promedio de entre 4% y 5% del PBI.
“Esto se mueve muy rápido y está haciendo que las economías criminales vayan a compararse al 4 o 5% del PBI. Hay impacto por los precios internacionales porque el oro ilegal tiene un mercado muy fuerte en el exterior. Eso ha hecho que se multiplique el ingreso de las economías criminales”, comentó tras ser consultado por Gestión.
En tanto, Carlos Basombrío, exministro del Interior, advirtió que el valor total de estas economías criminales supera el presupuesto de varios ministerios clave para combatir la inseguridad.
“La suma de las economías criminales ya están en los US$ 12,000 millones, es bastante más que la suma del presupuesto del Ministerio de Interior, Justicia, de Poder Judicial, Defensa. Sumados todos (los presupuestos) no llegan esa cifra”, señaló.
Un 32% de peruanos ha visto negocios cerrar o reducir actividades por la inseguridad.
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Pero el problema no es exactamente el presupuesto. En el caso de la minería ilegal, indicó Valdés, la respuesta del gobierno se ha limitado al manejo de la emergencia y operativos punitivos, pero se requiere ir más allá.
En ese sentido, el especialista enfatizó que la seguridad es un tema que trasciende el ámbito policial y del Ministerio del Interior.
“Hay una serie de actores que no están tomando cartas en el asunto. No hay una comisión que integre a todos los responsables para poder generar políticas más integrales. Mientras solamente manejemos el tema de manera punitiva con el control del socavón, estamos perdiendo la batalla” explicó.
Minería ilegal se nutre de ampliación del Reinfo
La minería ilegal es una de las mayores economías ilegales, con un movimiento de aproximadamente US$ 8,000 millones, estimó Valdés de CHS.
Esto viene aumentando cada vez más ante un precio del oro que se ha disparado a US$ 2,400 la onza, especialmente, por las dificultades para controlar toda la cadena de actividades delictivas que también incluyen el tráfico de terrenos, la trata de personas, la tala ilegal de madera y el contrabando de mercurio y dinamita.
Además de la minería de oro, apuntó Basombrio, se ha observado un aumento significativo de la minería ilegal del cobre en los últimos 10 años.
“Hay minería ilegal de cobre desde hace unos 10 años, está aumentando significativamente. Debe ser difícil de calcular, pero es un 10% o 5% del valor de la otra (de oro)”, señaló.
En medio de esto, uno de los impactos más crudos de la minería ilegal es su significativa correlación con el incremento de los homicidios. En el último año, las zonas más afectadas por altas tasas de homicidios -San Antonio de Putina en Puno y Pataz en La Libertad- están ligadas a esta actividad ilícita.
Ahora, especialmente con el reciente anuncio del Ministerio de Energía y Minas (Minem) de ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de este año, se prevé que la minería ilegal continúe escalando en el mediano plazo.
Para Valdés, la resolución de este problema no se daría pronto, teniendo en cuenta el próximo periodo electoral, por lo que es probable que el tema sea “pateado” para el próximo gobierno.
“No creo que lo quieran resolver ahora. Es una papa caliente. Lo van a querer usar como rédito electoral, otros van a usarlo como algo que puede generar mayores problemas o disminución de votos. Entonces, sí, la minería ilegal va a seguir creciendo y va a seguir alimentando otras economías ilícitas y otros sistemas de crimen organizado”, comentó.
El movimiento de la minería ilegal asciende a aproximadamente US$ 8,000 millones.
Esta inacción política en torno a la formalización, añadió, se evidencia ante el estancamiento de la propuesta de la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE).
El exministro de Energía y Minas, Luis Miguel Incháustegui, coincidió en que, teniendo en cuenta la falta de acción en los últimos seis meses y la mayor presión política por las elecciones, no hay muchas posibilidades de que esta ampliación de seis meses en el Reinfo sea la última.
“Si vamos a seguir como estamos es casi seguro que vamos a llegar a diciembre y se va a ampliar. La única forma de que no pase es que se trabaje un tema técnico y multiactor. La vez pasada se aprobó la ampliación en diciembre y recién el Congreso se puso a reflexionar en torno a la ley en marzo y han incluido temas que no está en la propuesta del ministerio”, indicó.
Aunque recordó que el Minem ha argumentado que las razones de la extensión están relacionadas a la no aprobación de la ley MAPE y la necesidad de más tiempo para mineros en vías de formalización, también se identificó un componente político relacionado a las advertencias de próximos paros de mineros informales.
“Esto pareciera un triunfo de los ilegales y que están teniendo mayor control, pero creo que eso no es así. Lo que sucede es que hay mucha presión de parte de algunas asociaciones que buscan que los artesanales tengan un tiempo más para poder formalizarse, pero también hay muchos Reinfos suspendidos que ya no deberían continuar”, refirió.
El impacto que pueda tener esta extensión del Reinfo en la escalada de la minería ilegal, indicó, dependerá de si las condiciones se mantienen.
Por ello, resaltó que la ampliación a diciembre debería incluir una depuración de los registros suspendidos, tal y como lo adelantó el premier Eduardo Arana. Como se recuerda, de los 86 mil inscritos actualmente en el Reinfo, 65 mil tiene suspensiones, y en base a este escenario, se estima la exclusión de más de 40 mil.
Existe una correlación significativa entre la minería ilegal y el crecimiento de los homicidios. Puno y La Libertad son las zonas más afectadas en el último año.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.
