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El coronavirus ha causado muchos daños económicos y sociales. Sin embargo, ha ayudado a impulsar la digitalización en el país. “La pandemia ha hecho más por la digitalización que los últimos tres gobiernos. Sin ella, probablemente habríamos avanzado a paso de tortuga”, asegura Álvaro Castro, director de Sumara Hub Legal.
Han habido algunos avances en materia de digitalización, como la creación a inicios de año del Sistema Nacional de Transformación Digital y la Ley de Confianza Digital, así como la admisión de algunos trámites —por necesidad— en forma digital por parte de entidades como Registros Públicos, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) o la Sunat.
“Hay un esfuerzo, aunque no necesariamente ordenado, hacia la digitalización”, reconoce Castro. Sin embargo, aún hay temas pendientes de legislar, promover y difundir. El más evidente en esta coyuntura ha sido el bajo nivel de inclusión financiera —que tiene un punto de contacto con la brecha en infraestructura digital— ante la entrega de bonos por parte del Estado.
“Vamos a ver cómo la digitalización sigue evolucionando, pero hay motivos para ser optimista”, dice el especialista.
Los avances y lo pendiente
En el Perú hay una ley que admite la firma electrónica y digital, pero su uso no ha sido adoptado masivamente. Esto se debe, en parte, a que hay pocas empresas certificadoras digitales y a que algunas regulaciones sectoriales restringen su uso a cierto tipo de tecnología.
“Por ejemplo, la norma de la SBS dice que ciertos trámites de las compañías de seguros tienen que ser con firma digital, no electrónica, que es cualquier mecanismo de validación electrónica de la voluntad. En la Sunafil también. Los trámites son solo con firma digital, no electrónica”, explica Castro.
“Eso hizo que la gente se mantenga usando la firma manuscrita y que no use la firma electrónica, que es reconocida pero sin la misma fuerza legal. Tocaría hacer una revisión de estas normas a nivel sectorial para ver qué partes sí pueden permitir firma electrónica”, agrega.
Un avance, por ejemplo, ha sido que la SMV haya reconocido que la junta de accionistas de empresas que cotizan en Bolsa pueda reunirse virtualmente y firmar las actas usando tanto firma electrónica como digital.
Por otro lado, falta profundizar el nivel de digitalización en el back end (proceso interno) de ciertas entidades estatales. Por ejemplo, el Poder Judicial cuenta con una mesa de partes digital. Sin embargo, los jueces y funcionarios solo trabajan con expedientes en físico. “En momentos de cuarentena, eso genera que la maquinaria se paralice”, indica Castro.
También falta mayor conciencia del público y de las empresas con respecto a la protección de datos personales. “La norma ya existe, pero falta una mayor difusión y nivel de cumplimiento en el sector privado y público”, advierte el abogado. Recientemente estuvo en consulta al público un proyecto de reglamento de la SBS en materia de ciber seguridad, tema que si bien ya existe como obligación conceptual, requiere de actualización.