La crisis del COVID-19 encuentra al Perú en un escenario de bajo crecimiento (2.9% entre el 2017 y 2019 ) frente a otros años de fuertes choques, como la crisis financiera internacional (8.4% entre 2006 y 2008), la crisis asiática (5.6% entre 1995 y 1997) y la crisis de la deuda (3.8% entre 1980 y 1982).
Si bien ya se ha dado inicio a la reactivación económica local y ya hay algunas señales de recuperación, el proceso será lento y dependerá de la evolución de la situación sanitaria.
Durante los meses de cuarentena se paralizaron los servicios de salud no relacionados al coronavirus, especialmente los destinados a la salud infantil. “Esto va a traducirse en un aumento de la desnutrición, anemia y enfermedades respiratorias”, adelanta Pablo Lavado, profesor de la Universidad del Pacífico (UP) y miembro del grupo de trabajo de reactivación económica promovido por IPAE.
Además, la paralización de las clases presenciales y la transición a la virtualidad ha presentado dos grandes retos: cómo generar contenido educativo equivalente al que se cubre en un año regular y cómo transmitirlo. En el Perú, el 50% de los hogares vive con pocos activos, y muchas veces no cuenta con un televisor o Internet. Esta situación agrava el acceso a la educación de calidad.
El impacto del coronavirus se verá en un aumento de la pobreza, aunque irá mejorando en la medida que se recuperen los empleos. Para el año 2021 se espera un 25% de pobreza, pero no recuperaríamos los niveles pre-COVID-19. El impacto en los servicios de salud y educación traerá un aumento aún mayor en la desigualdad en el mediano plazo. “Experimentaríamos un retroceso de más o menos 10 años”, advierte Lavado.
“Reducir la desigualdad aún en un contexto de tasas de crecimiento por encima del 6% es difícil y costoso. Llevará más tiempo reducir la desigualdad que la pobreza, podría tomar un plazo de cinco a diez años”, afirma el profesor de la UP. “Por ejemplo, hablamos de un niño que cumplió 1 o 2 años en medio de la pandemia, que no recibió sulfato ferroso y que está pasando seis meses o nueve meses en situación de anemia. La anemia reduce la sinopsis cerebral, que es muy importante en los primeros 3 años de vida y que podría tener consecuencias en su rendimiento educativo y luego cuando ingrese al mercado laboral. La literatura menciona estas consecuencias de largo plazo en niños con anemia”, explica el economista.
Inversión pública y privada
De las medidas aprobadas por el gobierno para mitigar la crisis, menos de 2% tiene un impacto fiscal, según Inteligo SAB. Lavado considera que, si bien se tomaron medidas rápidas y efectivas, ya se podría empezar a impulsar la inversión pública y privada.
La clave está en apostar por la infraestructura social y productiva donde hay brechas de servicio, como las zonas alto andinas, para mitigar el impacto de la desigualdad. El economista sugiere que se entregue un bono de ejecución eficaz a los gobiernos locales o regionales para incentivar la rapidez y efectividad de las inversiones.
A eso se pueden sumar los contratos gobierno a gobierno y destrabar proyectos de APP que están paralizados para mejorar la conectividad de las regiones. El objetivo es impulsar los sectores productivos que generan más empleo, como el sector agrícola y la agroexportación, y el sector de energía, minería e hidrocarburos.
Según Inteligo SAB, es poco probable que la inversión pública sea un motor de crecimiento este año, aunque la expectativa mejora para 2021 (7.7%). Lavado estima que llegar a los niveles pre-COVID-19 se daría entre el último trimestre del 2022 y el 2024. “Yo tiendo a pensar que llegaríamos, si no hacemos nada, en el primer trimestre del 2023”.