A partir de hoy, la Municipalidad Distrital de Miraflores inicia la fiscalización de la recientemente aprobada Ordenanza N° 624/MM, enfocada en reforzar la seguridad en establecimientos comerciales y de servicios. Sin embargo, esta medida ha generado controversia entre los comerciantes, quienes la califican de abusiva y preocupante por los costos de implementación y la creación de barreras burocráticas.
Los inspectores municipales estarán supervisando activamente que los comercios cumplan con las nuevas regulaciones, incluyendo la instalación de detectores de metales y la contratación de personal de seguridad calificado. Aunque la normativa busca incrementar la seguridad pública, ha despertado inquietudes significativas entre los propietarios de negocios.
Muchos comerciantes expresan su preocupación por el impacto económico de estas exigencias, sobre todo por los costos de cumplir con estas nuevas regulaciones son muy elevados para pequeños negocios. Además, algunos ven estas regulaciones como un exceso de burocracia que dificulta aún más la operación de sus negocios en un contexto económico ya desafiante.
La ordenanza modifica e incorpora códigos de infracción específicos. Por ejemplo, se incorporó:
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La Gerencia de Autorización y Control, junto con la Subgerencia de Fiscalización y Control, serán las encargadas de asegurar el cumplimiento de esta ordenanza, lo que incluye un periodo de difusión intensiva hasta su entrada formal el 1 de diciembre de 2023.
Lucía Luna, asociada senior del Estudio Olaechea, menciona que “es una medida excesiva que no toma en cuenta las realidades económicas de los comercios locales”. “Argumenta que la implementación de estas medidas de seguridad podría representar una barrera burocrática significativa, especialmente para los pequeños y medianos empresarios, quienes ya enfrentan múltiples desafíos en su operación diaria”, detalla.
Esto, subraya, principalmente porque transgrede sin medir los costos de implementación, haciendo los procesos administrativos complicados, impactando en la operatividad del negocio y no prevé la desigualdad en la capacidad de cumplimiento.
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A largo plazo, resalta Luna, estas barreras burocráticas pueden desincentivar la apertura de nuevos negocios o la expansión de los existentes dentro del distrito, afectando potencialmente el crecimiento económico y la innovación en Miraflores.
Sugiere que es importante que los comerciantes mantengan un registro detallado de sus esfuerzos para cumplir con la ordenanza, incluyendo cualquier inversión realizada y los desafíos enfrentados en el proceso. ”Esto puede servir como evidencia en su defensa, mostrando un intento genuino de adaptarse a las nuevas regulaciones, a pesar de las dificultades económicas y logísticas”, apunta.
La municipalidad, por su parte, insiste en que la seguridad es una prioridad ineludible. No obstante, el debate continúa sobre cómo equilibrar esta necesidad con la viabilidad económica de los negocios afectados.
Mientras la fiscalización comienza, se espera que los comerciantes y otros actores involucrados busquen canales de diálogo con las autoridades para discutir posibles ajustes o apoyos que faciliten la transición hacia el cumplimiento de la nueva normativa. La situación sigue siendo un tema controversial en Miraflores, con implicaciones que podrían extenderse más allá de las fronteras del distrito.
