Mientras algunas municipalidades de Lima, a través de ordenanzas, ya han dispuesto que se empadrone a los trabajadores de delivery, en la Comisión de Transportes del Congreso de la República avanza un proyecto de ley que busca regular el servicio de delivery en vehículos motorizados y a las empresas proveedoras del servicio de delivery por aplicativos tecnológicos móviles - apps.
El sector del delivery motorizado ha experimentado un auge sin precedentes, especialmente impulsado por la pandemia del covid-19. Entre sus disposiciones más destacadas, el proyecto de ley contempla la creación de un registro nacional de proveedores del servicio mencionado y de las empresas de delivery con aplicativo tecnológico, así como la implementación de seguros obligatorios.
El proyecto exige que se cumpla con ciertos estándares para la inscripción en el Registro Nacional de Operadores de Delivery Motorizado. Dichos requisitos se especificarían en un reglamento, pero la idea -dice la iniciativa legislativa- es garantizar “los derechos, seguridad y confianza de los usuarios”.
Este texto nace, según la exposición de motivos del mismo, por un aumento de los actos delincuenciales cometidos por personas que supuestamente brindan el servicio de delivery.
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La propuesta también plantea la responsabilidad de las empresas proveedoras del servicio en la protección de sus trabajadores a través de lo que sería el Seguro Obligatoria del Servicio de delivery en vehículos motorizados (SOSDE). Es aquí donde otra vez el Congreso pone sobre la mesa la discusión de si los trabajadores de delivery son o no dependientes de los aplicativos del servicio.
Normalmente, un argumento se basa en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC), que ha establecido que las personas que prestan servicios a través de plataformas tecnológicas son trabajadores dependientes, y no autónomos como sostienen las plataformas tecnológicas.
Sin embargo, se debe tener en cuenta que la aplicación del proyecto de ley, podría distorsionar las estructuras y objetivos de los aplicativos móviles (apps), esto por forzar la adaptación de este modelo de negocio a un régimen laboral común.
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Análisis del proyecto
Pedro Balta, asociado senior de Rodríguez Abogados & Asociados, menciona que “la creación de un registro nacional y las demás regulaciones, serían obstáculos que solo provocarán deficiencias legales.”
Advirtió que se debe tener cuidado con la sobrerregulación, pues la puesta en práctica del proyecto de ley podría atraer problemas legales, inclusive podría llegar a denunciarse como una barrera democrática.
“La aplicación del proyecto no generaría empleo, beneficios, ni formalidad. Lo más probable es que las empresas proveedoras del servicio de delivery por aplicativo tecnológico móviles busquen evitar la confrontación y solo se irían del país”, añadió.
Resaltó que las denuncias de barreras burocráticas en el contexto actual, se están haciendo más comunes y es por eso, que se debe buscar la concientización y evitar la promulgación de leyes que solo entorpecen la actividad económica-legal.
“El proyecto de ley tiene buenas intenciones pero no es viable. Se busca la seguridad como fruto de su implementación por el contexto actual, ya que los vehículos como las motos suelen ser utilizados para delinquir y empadronarlos de manera eficiente, podría ser un buen primer paso”, finalizó.
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Es necesario señalar que la aprobación del proyecto de ley no mide el aumento de los costos de operación que las plataformas tecnológicas podrían afrontar, lo que podría derivar en un aumento de las tarifas para los usuarios.
Carolina Meza, Asociada del área corporativa de Caro & Asociados, señalo que incluso se detectó que la ley se dirige a vehículos “motorizados”, siendo que “se debería delimitar específicamente a qué se debe este trabajo como “rider” (conductor), ya sea a través de bicicletas (con o sin motor), scooters, monociclos, etcétera”.
Reconoció que la regulación del delivery motorizado no solo es una respuesta a las necesidades actuales, sino también una preparación para los desafíos futuros en una economía cada vez más digitalizada. Pero, hay que tener un análisis correcto.
“Perú se podría posicionar a la vanguardia en la regulación de nuevos modelos de negocio, equilibrando eficazmente las necesidades de los trabajadores, consumidores y empresas. Lástima que aún no hallamos el equilibrio para no caer en la sobrerregulación”, mencionó.
