Cada cierto tiempo el incremento de la remuneración mínima vital (RMV) se convierte en un tema de discusión pública, pues el Estado no cuenta con un esquema claro que señale la forma de actualización ni el procedimiento que se debe seguir.
Esta situación ha llevado a que sea el Congreso de la República el que tome la iniciativa para implementar un proceso por el cual se tendría que actualizar la RMV en el Perú.
La Comisión de Economía del Parlamento aprobó por mayoría un dictamen que establece la forma en que se debe ajustar el sueldo mínimo.
La propuesta legislativa, que aún deberá debatirse en el pleno, señala que es el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el responsable del ajuste de la RMV, el cual deberá hacerse cada dos años.
Lea también: Perú ocupa el puesto 12 de salarios mínimos en América Latina para 2023
Condiciones
El documento aprobado precisa que la actualización del monto del sueldo mínimo necesariamente, y bajo responsabilidad, se determinará mediante un estudio económico que incorpore seis factores.
Estos factores son la tasa de inflación, la tasa de desempleo, la tasa de crecimiento económico, los índices de productividad; los niveles de informalidad; y el ratio (cociente) entre la RMV y la remuneración promedio.
Asimismo, para actualizar el monto, se debe contar obligatoriamente con un informe favorable del Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Limitar uso político
Uno de los argumentos que el dictamen refiere para que se establezcan los requisitos mencionados para actualizar la RMV, es que se busca limitar el uso político de esta medida.
“Desafortunadamente en el Perú, el incremento del monto de la RMV no ha respondido a una evaluación exhaustiva de las variables económicas y su impacto en el mercado laboral. Por el contrario, los reajustes del salario mínimo han sido empleados muchas veces, como una herramienta política para incrementar la popularidad del gobierno o de candidatos políticos específicos”, se lee en el documento.
Según el dictamen, el reajuste del monto de la RMV es muchas veces utilizado por candidatos políticos como herramienta de campaña –como fue el caso del expresidente Ollanta Humala en 2011 durante las elecciones presidenciales – para atraer popularidad, o por gobiernos con baja aprobación que buscan incrementarla frente a la población.
“En consecuencia, el procedimiento arbitrario a través del cual se ha venido aumentando el monto de la Remuneración Mínima Vital se aleja de las variables económicas mencionadas – como la tasa de inflación o la productividad laboral – para responder a incentivos meramente políticos, en perjuicio del empleo formal y la formalización de las pymes”, precisa el dictamen.
LEA TAMBIÉN: Crece en 40% empleo en el que se trabaja más por menos ingresos
Falta diálogo social
Para el laboralista Jorge Toyama la iniciativa no es una medida adecuada, pues al poner condiciones para la actualización del sueldo mínimo, se va en contra de lo que señala la Constitución, respecto de que la remuneración mínima debe establecerse a través del diálogo social.
“Los plazos los debe definir el CNT, el diálogo social, las empresas y los sindicatos, pero no puede ser impuesto por una ley. El Congreso debería por los menos escuchar a las partes sociales. Se debe ser muy flexible; no se pueden imponer plazos”, dijo.
Por su parte, el exministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, afirmó que sí es necesario que se tengan reglas claras para el ajuste del sueldo mínimo.
Sin embargo, coincidió con Toyama en que se requiere diálogo social y, además, debe haber una regla que permita un margen de acción político en la negociación.
Debe considerarse el sueldo en sector informal
El investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade), Miguel Jaramillo, afirmó que en general la propuesta legislativa es positiva por el lado que acota la arbitrariedad del uso político de la remuneración mínima vital por parte de los presidentes.
Sin embargo, considera que en los factores de cálculo que se plantean en la iniciativa no se encuentra establecido el salario que tienen los trabajadores del sector informal, sobre todo si se busca limitar el efecto del salario mínimo sobre el sector informal.
“Si no estás viendo lo que pagan en el sector informal, cómo puedes poner un salario mínimo, cuando en realidad la mitad de trabajadores asalariados, la mitad son informales. Si se decide ignorarlos puede tener efectos de incrementar la informalidad”, dijo a Gestión.
Jaramillo precisó que si bien las empresas informales no se rigen por el salario mínimo, las decisiones que se tomen sobre este para el sector formal puede arrastrarse al informal, aunque no se puede precisar los efectos ex ante.
LEA TAMBIÉN: Ofertas de empleo a nivel nacional se limitan por convulsión social