Un proyecto de ley presentado por el Congreso de la República recientemente busca imponer una “cuota” de empleo juvenil en las entidades públicas y empresas privadas de todo el país. Expertos consultados por Gestión hacen un análisis sobre si dicha cuota es una salida para los más jóvenes.
De acuerdo con el proyecto, uno de los principales desafíos en el mercado laboral peruano es que el 47% de las empresas tiene problemas para cubrir vacantes debido a la falta de experiencia y habilidades en los candidatos jóvenes.
Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que cita la iniciativa legislativa, el 25% de las vacantes más difíciles de llenar son aquellas en las que los solicitantes carecen de competencias interpersonales o experiencia profesional.
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El proyecto también señala que esta situación es más pronunciada en sectores como servicios y salud, donde las empresas enfrentan mayores dificultades para contratar personal capacitado.
La exigencia de experiencia previa, incluso en posiciones de nivel junior, excluye a muchos jóvenes del mercado laboral formal, contribuyendo al incremento de la informalidad y la precarización del trabajo juvenil.
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Alcance de la propuesta
El proyecto de ley está dirigido tanto a entidades públicas como privadas que cuenten con más de 50 empleados. Según el texto, estas organizaciones estarán obligadas a contratar al menos un 10% de jóvenes dentro de su plantilla laboral, sin exigirles experiencia previa.
La ley también contempla que estos jóvenes gozarán de todos los beneficios laborales que les correspondan, según la normativa vigente.
Según la propuesta, esta surge en respuesta a las dificultades que enfrentan los jóvenes peruanos al ingresar al mercado laboral, especialmente debido a la falta de experiencia y habilidades socioemocionales, factores que se han identificado como barreras significativas para cubrir vacantes en las empresas.
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¿Premisa equivocada?
Martín Ruggiero, abogado laboralista, indicó que el proyecto de ley parte de una premisa equivocada, que es la idea de que las empresas rechazan a los jóvenes por su falta de experiencia laboral, impidiendo así su entrada al mercado laboral. El abogado señaló que no hay evidencia que respalde esta afirmación.
Según Ruggiero, las empresas solo exigen experiencia laboral cuando se trata de puestos con mayor responsabilidad o jerarquía, pero no para posiciones iniciales o de entrada, donde los jóvenes generalmente se integran.
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Potencialmente inconstitucional
Lidia Vilchez, socia del equipo laboral de PPU, señaló que el proyecto de ley de cuota de empleo juvenil es potencialmente inconstitucional, ya que viola derechos, entre ellos, la libertad de empresa y de contratación.
Según Vilchez, al imponer la contratación de jóvenes sin exigir experiencia previa, la norma podría atentar contra estos derechos constitucionalmente protegidos, los cuales solo podrían ser restringidos por razones de gran peso.
Además, la abogada destacó la posibilidad de que la ley sea considerada discriminatoria, ya que privilegiaría a un grupo etario específico, excluyendo a otros grupos de trabajadores. Aunque podría argumentarse que se trata de una acción afirmativa para proteger a un colectivo desfavorecido, Vílchez sugirió que falta un informe técnico que justifique que las empresas formales no contratan a trabajadores jóvenes, lo cual socavaría la validez de esta acción afirmativa.
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Impacto a las empresas
Ruggiero advirtió que el proyecto de ley puede tener un impacto negativo en las empresas, particularmente en aquellas que operan en la informalidad. Argumentó que imponer una cuota obligatoria de contratación de jóvenes no incentivará a las empresas a formalizarse. Por el contrario, señaló que las empresas informales, al enfrentar más obligaciones, como la de contratar un 10% de personal joven, podrían optar por mantenerse en la informalidad o incluso profundizar esa condición, en lugar de regularizarse.
El abogado mencionó que, sin incentivos fiscales o laborales, las empresas no verán beneficios en cumplir con la cuota. En lugar de crear un incentivo para la formalización, la imposición de más obligaciones podría hacer que las empresas informales se resistan aún más a formalizarse. Según él, para que esta medida funcione, se deberían ofrecer incentivos reales, como beneficios tributarios, que promuevan la contratación de jóvenes y la formalización empresarial.
Vílchez, por su parte, advirtió sobre los conflictos que surgirían con otras normativas laborales existentes, como las regulaciones sobre prácticas preprofesionales y profesionales.
La abogada señaló que estas normativas ya establecen un régimen especial para jóvenes que se encuentran en procesos formativos, lo que podría generar superposición y confusión.
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Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.
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