Hablar de salud en el Perú es desolador, no solo por las evidentes brechas existentes, sino por las profundas deficiencias en infraestructura y la falta de gestión adecuada que aquejan al sistema. La pandemia expuso brutalmente las fragilidades que, a pesar de las inversiones, persisten en un sistema que no logra satisfacer las necesidades básicas de la población. Aun cuando se ha incrementado el presupuesto para proyectos de inversión, la ejecución sigue siendo deficiente.
El Diagnóstico Situacional de Brechas de Infraestructura del Sector Salud realizado por el Ministerio de Salud (Minsa) en agosto de este año señala que, de los 9,063 establecimientos de salud de primer nivel de atención, el 97% cuenta con una capacidad instalada inadecuada, mientras que el 93% de los hospitales —de un total de 253— están en las mismas condiciones. Esto significa que la mayor parte de la población sigue sin contar con una infraestructura adecuada para recibir atención médica digna, lo que pone en riesgo su salud y calidad de vida.
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Proyecciones alarmantes para el 2028
Las proyecciones a mediano plazo no son optimistas. Si no se toman acciones correctivas, se estima que para el 2028, el 93% de los establecimientos de salud de primer nivel (postas y centros de salud) seguirán con una capacidad inadecuada. En cuanto a los hospitales, el 68% continuarán operando en condiciones deficitarias.
¿Qué implica esto? Que la atención en estos centros, donde se desarrollan actividades vitales como la promoción de la salud, prevención de riesgos, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, será insuficiente y limitada.
Para comprender la magnitud del problema, es necesario mencionar que muchos de estos hospitales superan los 40 años de antigüedad y fueron construidos bajo normativas sísmicas que hoy en día serían inaceptables. El resultado es una infraestructura que no solo es obsoleta, sino peligrosa.
Varias de estas instalaciones han sufrido ampliaciones y remodelaciones sin un plan integral de desarrollo hospitalario, lo que ha generado ambientes tugurizados y funcionalidad limitada. En muchos casos, estas construcciones se realizaron sin considerar el crecimiento demográfico ni las normativas actuales, lo que ha contribuido al deterioro acelerado de las estructuras.
A esto se suma la falta de mantenimiento adecuado durante décadas. No es solo la infraestructura física la que está en crisis, sino también el equipamiento médico, lo cual crea un riesgo significativo tanto para los pacientes como para el personal de salud.
La combinación de instalaciones deterioradas y equipo obsoleto representa un grave peligro que pone en jaque la seguridad de millones de peruanos.
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Inversiones insuficientes y baja ejecución presupuestal
Para 2024, el Gobierno asignó más de S/4,747 millones al sector salud para proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento. Sin embargo, al 4 de septiembre, solo el 53.7% de esos recursos había sido ejecutado. Esta cifra es particularmente preocupante en regiones como Lima, donde apenas el 27.6% del presupuesto ha sido utilizado; en Arequipa, donde el avance es del 27.1%, y en San Martín, con apenas un 19.7% de ejecución.
La falta de eficiencia en la ejecución no solo refleja una carencia en la planificación y gestión, sino que priva a millones de peruanos de acceder a servicios básicos de salud. A pesar de la urgencia del problema, la ineficiencia administrativa impide que los proyectos avancen al ritmo necesario para cerrar las brechas existentes.
De los S/425 millones destinados específicamente a infraestructura y equipamiento, el avance ha sido del 71%. Si bien hay regiones como Tumbes, Ayacucho, Amazonas y Loreto que han ejecutado la mayor parte de sus presupuestos, en regiones como Lambayeque, Moquegua, Pasco y Tacna no se ha ejecutado ni un sol del presupuesto asignado.
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La paralización de proyectos: un problema recurrente
Un aspecto crítico en el análisis de la crisis de infraestructura en el sector salud es la paralización de obras. Según un reporte de la Contraloría General de la República, hasta junio de 2024 había 69 proyectos de salud paralizados en el país, con un costo acumulado que supera los S/4,023 millones.
Este fenómeno se concentra mayoritariamente en los gobiernos regionales, que suman más de S/3,221 millones en obras detenidas, seguidos por el gobierno nacional con S/622 millones y los gobiernos locales con S/179 millones.
La paralización de estos proyectos perpetúa las brechas de infraestructura, impidiendo que se desarrollen nuevas iniciativas.
De hecho, la existencia de proyectos ya aprobados limita la posibilidad de replantear otros que atiendan las necesidades de la población, ya que duplicar proyectos de inversión no está permitido. La falta de soluciones inmediatas genera un círculo vicioso de inacción, en el cual ni se culminan los proyectos existentes ni se permite el desarrollo de nuevas iniciativas para cubrir las carencias.
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Análisis del avance presupuestal de proyectos
A nivel nacional, se han registrado 2,232 proyectos de inversión en el sector salud distribuidos a lo largo del país, con un presupuesto total de más de S/3,653 millones.
Sin embargo, de este total, 1,323 proyectos —equivalentes a S/797 millones— tienen un avance presupuestal del 0%, es decir, no han sido ejecutados a tres meses de finalizar el año. Aún más alarmante es que el 59% de los proyectos programados presentan un avance menor al 50%.
Entre los proyectos con mayor avance presupuestal, solo 428 proyectos superan el 70% de ejecución, representando poco más de S/738 millones. Este panorama es desalentador, pues a pesar de la urgencia en mejorar los servicios de salud, los proyectos de inversión no logran cumplir sus objetivos a tiempo. Año tras año, la población sigue sin tener acceso a una infraestructura adecuada que garantice una atención de calidad.
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El impacto en la salud mental
Más allá de la infraestructura general, la crisis afecta también a los servicios de salud mental, un área históricamente relegada en la agenda pública. Hoy, en el Día Mundial de la Salud Mental, se dio una revisión a las cifras.
Según la secretaria Nacional de la Juventud (Senaju), un 33% de los jóvenes en Perú padecen algún problema relacionado con la salud mental, y la tendencia va en aumento. Sin embargo, los proyectos orientados a mejorar este tipo de atención son mínimos y avanzan con extrema lentitud.
En el departamento de Arequipa, por ejemplo, se ejecuta un proyecto para mejorar y ampliar los servicios del Centro de Salud Mental Comunitario en el distrito de Majes.
Con un costo total de S/11.5 millones, este proyecto tiene un presupuesto para 2024 de apenas S/104 mil, y al 4 de septiembre solo se ha ejecutado el 15%. Esta situación refleja intenciones lentas y quizá una clara falta de prioridad para un sector crucial que afecta directamente a las generaciones más jóvenes del país.
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La salud, una urgencia inaplazable
La salud en Perú no puede seguir siendo una promesa incumplida; la inacción y la falta de eficiencia no solo afectan a los individuos, sino que también retrasan el progreso del país. Es fundamental renovar nuestro compromiso para priorizar la salud en todas las políticas públicas y asegurar un uso óptimo de los recursos. Este es el momento para que la ciudadanía se involucre, vigile y exija acciones concretas, porque la salud no debe seguir esperando.
El problema trasciende la infraestructura,
Por: Pía Quispe Lozano, Coordinadora Regional de ReAcciona
El problema de la salud en el Perú trasciende la falta de infraestructura; se manifiesta en cada rincón del país. La carencia de personal capacitado en zonas alejadas agrava la situación de miles de peruanos que no reciben atención adecuada. En los pueblos más remotos, la ausencia de médicos y enfermeras es alarmante, lo que pone en riesgo la vida de quienes más lo necesitan.
A pesar de las intenciones del Estado, las brechas en el sistema de salud siguen sin cerrarse de manera significativa. Para enfrentar esta crisis, no bastan las promesas; se requieren acciones concretas y efectivas que realmente mejoren la calidad de vida de la población.
Es esencial impulsar proyectos de hospitales como Maritza Campos, Goyeneche en Arequipa o Antonio Lorena en Cusco. Sin embargo, su cumplimiento debe garantizarse dentro de los plazos y presupuestos planificados. Cada día sin atención adecuada es una vida en riesgo.
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