Después de varios meses de calma tras los conflictos sociales que -entre noviembre de 2022 y febrero de este año- afectaron diversas actividades en el país, en particular la minería -, hoy surgen acciones y situaciones que podrían anticipar una reanudación de ese clima de tensión.
Entre esas acciones -que advierten por diversas entidades y especialistas consultados por Gestión- figuran medidas de fuerza acatados en las últimas semanas contra empresas mineras en regiones del sur y norte del país.
A ello los expertos le suman situaciones como la prolongada sequía (que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, Senamhi, prevé se extendería hasta el 2024) y consiguientes conflictos por el agua, la recesión económica, una caída en las transferencias a las zonas mineras, entre otros.
Un factor que abona a esa proyección de riesgo es el incremento sostenido en los casos activos de conflictos socioambientales que reporta la Defensoría del Pueblo, que, hasta octubre, alcanzaba los 107 casos de un total de 176.
Es más, un 87.9% de esos conflictos activos están vinculados a industrias extractivas, entre las cuales el grueso comprende a la minería (64.5%), el 23.4% restante a hidrocarburos, y en menor medida a otras operaciones.
En ese escenario, el Poder Ejecutivo decretó desde el pasado 9 de octubre un nuevo estado de emergencia por el plazo de 60 días en todo el corredor andino del sur, en donde operan grandes empresas mineras, y que fuera afectado por la convulsión social que paralizó a varias de ellas.
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Vuelven a parar la minería
Pese a esa declaratoria, el Observatorio de Conflictos Mineros del Perú (OCM), reporta una serie de acciones de fuerza contra la minería. Uno de ellos se registró el 13 del presente mes, cuando pobladores en la provincia de Huanta, en la región Ayacucho, iniciaron un paro y bloqueo de vías, en general contra la actividad minera en esa zona.
La medida de fuerza, convocada por el Frente de Defensa y Desarrollo de Huanta, fue en protesta porque se diera licencia para la exploración minera cerca a lagunas ubicadas en la cuenca alta de la cordillera de Razuhuillca.
El reporte indica que, en medio de los reclamos de los manifestantes, el gobernador regional de Ayacucho Wilfredo Oscorima, anunció la suspensión indefinida de actividades mineras en Huanta.
El frente de defensa antes mencionado -detalla el OCM- demanda la declaración de zona intangible de las cabeceras de cuenca (naciente de los cursos de agua) de la cordillera de Razuhuillca, y la consiguiente cancelación y nulidad de las concesiones mineras en la provincia de Huanta.
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Paro contra Shahuindo en Cajamarca
Al mismo tiempo ese observatorio informó que pobladores de la provincia de Cajabamba, en la región Cajamarca iniciaron un paro contra la unidad minera Shahuindo, de la empresa Pan American Silver, dedicada a la producción de oro.
Como parte de esa medida de fuerza, los manifestantes tomaron el puente Chuquibamba, impidiendo el paso de vehículos de la citada compañía, y amenazaron con mantener el bloqueo hasta contar con la presencia de la empresa y del Gobierno regional.
El paro, al que se sumaron juntas administradoras de agua y rondas campesinas, es por supuestos incumplimientos de promesas por parte de la empresa, y de obligaciones sociales en favor de pobladores de la zona.
Las Bambas otra vez en la mira
En tanto, semanas atrás, en la provincia de Chumbivilcas, región Cusco, miembros de la comunidad campesina de Huascabamba se enfrentaron a efectivos de la Policía Nacional, como anticipo a un paro contra Minera Las Bambas, por presuntos incumplimientos de compromisos que asumió con ellos la empresa el año 2019.
Entre los reclamos figuran el que no se haya avanzado en las obras de ampliación de un estadio deportivo y la construcción de una cancha sintética en la zona, e incumplimiento de un “aporte” anual de la empresa a la comunidad.
Ya la Defensoría del Pueblo había advertido que los reclamos en Chumbivilcas contra Las Bambas podrían devenir en un conflicto, al igual que podría surgir esa misma situación de conflictividad en contra de las empresa minera Hudbay, situada en la misma provincia cusqueña.
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Otras minas en riesgo
La Defensoría también consideró que merece una intervención prioritaria de las autoridades competentes, el posible surgimiento de conflictos socioambientales contra las empresas mineras Raura, en el distrito de San Miguel, en Huánuco; la empresa Sierra Poli S.A.C. en Lima; y Southern Perú, en el distrito de Torata, en Moquegua.
Para José de Echave, investigador de la ONG Cooperacción y exviceministro de Gestión Ambiental, estos nuevos casos de acciones de protesta contra la minería, al haber alcanzado niveles que no se veían en varios meses, son indicadores de un reinicio del ciclo de conflictividad social (como tuvimos entre fines de 2022 e inicios de 2023). En tal sentido, consideró que el resurgimiento de esa conflictividad hoy ya no estaría en discusión, sino qué tan fuerte puede llegar a ser.
Sequía agudizaría conflictos
El experto advirtió que esta situación podría ser exacerbada por un nuevo factor de impacto social, como es la prolongada sequía en las zonas altoandinas, recordando que hace poco se declaró a 554 distritos en emergencia hídrica. Ello, anotó, convierte el agua en un tema mucho más sensible en la disputa con algunas otras actividades como la minería.
Otro elemento que podría agudizar la tensión, según el exministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, es la tendencia en caída que se registra actualmente en la recaudación minera, por la caída de precios de metales, y que significará menor transferencia de recursos a zonas mineras.
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Recaudación se contrae
Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), en septiembre último se recaudó del sector minero recursos por S/ 448.5 millones, lo que significó una contracción de 37.1% respecto a lo recaudado en setiembre de 2022 (S/ 713.1 millones).
En cuanto al valor acumulado, al noveno mes de 2023 se reportó S/ 6,951 millones, cifra que representó una disminución de 51.3% respecto al monto reportado en idéntico periodo de 2022 (S/ 14,259.5 millones).
Tamayo, también socio de Macroconsult, advirtió que no se prevé una recuperación de los precios del cobre, por lo que la proyección es que la recaudación minera y las transferencias por canon y regalías a las regiones mineras mantendrán una tendencia de caída por los próximos dos años.
“Pero no por ello deja de ser una situación donde gente que no está convencida de que el desarrollo de muchas zonas del país pasa por un crecimiento de la actividad minera, puede generarse situaciones de tensión”, aseveró.
Recesión también afectará
El exviceministro de Minas, Augusto Cauti, en declaraciones al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), advirtió que la recesión económica podría tener impactos negativos en el sector minero a corto plazo, no solo por la disminución en nuevos proyectos, sino además por el incremento de conflictividad.
Ante esta situación, planteó que el Gobierno adopte medidas para enfrentar una recesión económica que involucre a la actividad minera, pero equilibrando la promoción del sector extractivo con la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales.
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Impacto en la producción
El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe), Víctor Gobitz, proyectó que este año la producción de cobre podría alcanzar los 2.7 millones de toneladas, y el año entrante alcanzar las 2.8 millones de toneladas, pero siempre y cuando las empresas operen en un escenario sin conflictos sociales.
El líder empresarial remarcó que hoy, el sector minero en general aún tiene dos grandes escollos a superar, uno de ellos la permisología (para aprobar los proyectos), y el segundo, la conflictividad social.
“Cuando tenemos proyectos como Conga y Tía María (paralizados); cuando se bloquea Las Bambas, esos son mensajes negativos que ven todos los inversionistas en el mundo. Si no vemos claridad de parte de todos en la sociedad civil, eso hace que sea un escollo y genera incertidumbre y por lo tanto el inversionista decide no invertir (aquí)”, aseveró.
Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP.
