Han pasado 250 días desde que se declaró al Perú en estado de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, y después de estos más de ocho meses, todavía el futuro está envuelto en una nebulosa, no solo en materia de salud, sino en temas vinculados a la económica, el trabajo, la gestión pública, las finanzas del Estado, entre otros.
En este contexto, se analizaron algunos ámbitos utilizando la metodología Delphi, que considera las opiniones cualitativas de un panel de expertos para precisar la probabilidad de ocurrencia de distintos escenarios en el futuro. Así, para el “Estudio Delphi sobre el impacto del COVID-19 en el Perú”, elaborado por Instituto del Futuro y la Fundación Friedrich Naumann-Países Andinos, los consultores de Brandinmind diseñaron y realizaron un total de 24 entrevistas –en dos rondas– a 12 especialistas y líderes de opinión.
¿Qué reveló dicho estudio? Para los expertos existe una muy alta probabilidad que el crecimiento del PBI se recupere en el segundo año, es decir, en el 2021. Una revisión rápida nos muestra que la crisis sanitaria y su impacto inicial en la oferta (por las cuarentenas) y luego en la demanda (por el deterioro del empleo e ingresos) llevaron a la economía peruana hasta el fondo: en lo que va del año (a setiembre), el PBI se contrajo 14.49% y se proyecta que al cierre del 2020 caiga 12.7%, incluso superando a el porcentaje registrado en 1989 (-12.3%).
Sin embargo, en materia de pobreza y desempleo, los especialistas están divididos entre quienes piensan que tomará tres años y aquellos que creen que tomará cinco años reducir el número de peruanos que caerán en pobreza y pobreza extrema durante la pandemia.
A su vez, el crecimiento del desempleo, la descapitalización de miles de microempresarios del sector informal y, en general, la mayor precarización del empleo, impactarán severamente sobre la distribución del ingreso, agravando la ya alta situación de desigualdad existente en el país, medida por el coeficiente de Gini. El panel de expertos considera que será muy difícil revertir tan negativo impacto.
“Los más optimistas estiman que tomará de tres a cinco años regresar a los niveles de pobreza y pobreza extrema anteriores al inicio de la crisis. El resto destaca el riesgo latente de una segunda ola de contagios en el país y el impacto que tendría el rebrote del virus sobre el empleo, los ingresos y la propia supervivencia de miles de peruanos”, refiere el estudio.
Finanzas del Estado
Además de los dos ámbitos mencionados, en cuanto a las finanzas del Estado, el grupo no es optimista sobre su recuperación hasta por lo menos en el 2023 –de la mano del incremento de los ingresos–, siempre y cuando este y el próximo Gobierno no relajen en exceso el control del gasto. Los participantes perciben que el riesgo político asociado con la campaña electoral y el cambio de gobierno podrían amenazar la recuperación fiscal.
“Se espera que las finanzas del Estado se recuperen apenas en el cuarto año desde que se inició la pandemia. El Estado deberá impulsar las exportaciones y alentar el consumo privado, cuidando que la esperada mayor presión por subsidios de todo tipo no impulse al alza aún más el ya abultado déficit público”, refiere el informe.
En cuanto a los ingresos fiscales, las expectativas se mantienen inciertas a mediano plazo. Existe una alta probabilidad de que se recuperen en el segundo año si hay un rebote rápido de la actividad económica y se logra contener una probable segunda ola. Cuál es el riesgo: la informalidad y la quiebra generalizada de empresas, que podría llevar a una reducción todavía mayor de los ingresos fiscales.
Respecto a los egresos fiscales, es muy probable que regresen a su nivel prepandemia en el tercer año, siempre y cuando no se pierda la disciplina fiscal como principio rector de la acción del Estado, se menciona. Esto también dependerá de que no haya una segunda ola de contagios, ya que —de producirse un nuevo brote— este pondría más presión sobre el Gobierno para que incremente sus gastos.
El futuro del trabajo
La pandemia del covid-19 -y las medidas alrededor de esta- ya ha impactado negativamente en la creación de empleo formal. Sin embargo, no solo están afectando el número de puestos, sino en cómo se desarrolla el trabajo bajo esta “nueva normalidad”.
Es así que en materia de trabajo, los participantes del estudio partieron por definir dos ámbitos: el de las actividades fabriles, comercio y servicios formales; y el informal, donde la productividad es baja y las labores poco complejas, incluyendo en este grupo las actividades extractivas, intensivas en mano de obra.
En el primer frente, la probabilidad de cambio es alta debido al impacto del teletrabajo, el e-commerce, los nuevos protocolos y la creciente automatización. En el terreno de la economía informal, los expertos no esperan mayores cambios más allá de su probable incremento hasta alcanzar, posiblemente, el 80% de la fuerza laboral. Se destaca, sin embargo, el probable impacto de la rápida adopción de medios de pago digitales por parte del sector informal, así como el efecto de las transacciones por Whatsapp.
“La inversión en tecnología necesaria para facilitar el teletrabajo en condiciones óptimas cobre particular relevancia”, puntualizó.
Política pública
¿Qué espera el panel de expertos para el diseño de la política pública? En lo que atañe a este ámbito, los entrevistados creen que habrá pocos cambios —inducidos por la urgencia de la coyuntura—, como el abandono temporal del rigor de la disciplina fiscal establecida en años pasados y la aceleración de la modernización de procesos como la digitalización de la atención de servicios públicos a los ciudadanos.
“El endeudamiento reciente del Estado es percibido como leve e inocuo en el mediano plazo”, refirió. Cabe recordar que recientemente el presidente de la República, Francisco Sagasti, recordó que el Gobierno tendrá que endeudarse en más de S/ 30,000 millones para cubrir el Presupuesto General de la República del próximo año debido a la caída de la recaudación fiscal en 30%.
Otro punto que destaca el informe es que a pesar de las crecientes demandas de asistencia, hay optimismo por la adopción de mejores prácticas, “como la licitación de proyectos a países en esquemas de gobierno a gobierno (G2G), los cuales eximen la obra pública comprendida de la competencia normativa local y de la asignación de contratos en el ámbito local, con el fin de limitar la corrupción y el mercantilismo”.
De esta manera, el panel de expertos espera que haya crecientes presiones para la intervención estatal en temas como el control de precios, y demandas por más gasto en salud y en educación.
La automatización
En lo que atañe a los procesos de manufactura y los de atención al cliente, el grupo anticipa cambios: “En la manufactura, que en el caso del Perú es un rubro relativamente pequeño, seremos testigos de una mayor automatización con el fin de reducir los costos de mano de obra y tener un mejor desempeño en materia de cumplimiento (compliance) de los protocolos de bioseguridad”.
En ese sentido, el estudio señaló que se espera también que el incremento de los costos de mano de obra debido a los protocolos de bioseguridad pueda impulsar aún más la informalidad. Además, que la impresión remota 3D no se ve muy cercana; y según los expertos, esta tomaría años en llegar.
En cuanto a la atención al cliente, los participantes creen que en poco tiempo se estarían empleando robots e inteligencia artificial en un nivel no visto hasta ahora.
Salud pública
Si bien el estudio analiza más ámbitos, será preciso detallar lo referido a la salud pública, considerando que el Perú, así como el mundo, están atravesando una crisis sanitaria; y es que la pandemia del COVID-19 ha provocado severos efectos en el ámbito de la salud y profundas implicaciones sobre el crecimiento económico y el desarrollo social.
En cuanto a la salud pública, el grupo de expertos consultados para la elaboración de este estudio Delphi fue optimista respecto a las posibilidades de cambio, no solo en cuanto a los montos de gastos e inversión pública, sino también en relación con la matriz de provisión de servicios de salud.
Esto se refiere al balance que debe existir entre la atención en centros de salud primaria y en hospitales, a la necesidad de poner énfasis en medicina preventiva y de contar con mayores recursos humanos, y, finalmente, la atención por call center y servicios cruzados entre proveedores públicos y privados. Un tema que requiere atención del Estado y en cuyas posibilidades de solución los entrevistados estuvieron divididos fue el déficit de personal médico.
“El diagnóstico del sistema de salud es ampliamente conocido: hospitales mal equipados, insuficiente número de centros de atención primaria, un número ínfimo de unidades de cuidados intensivos (UCI), ventiladores y respiradores mecánicos en relación con la población del país; escasez de doctores, enfermeras y demás personal médico, y hasta una vergonzosa falta de oxígeno medicinal. Así nos enfrentamos a la pandemia, con las consecuencias ampliamente conocidas”, subrayó.
A pesar del optimismo sobre la designación de mayores recursos para la salud pública, lo cierto es que los expertos advierten que existe el riesgo de que el incremento en el gasto en salud sea temporal, y que una vez superada la pandemia se abandonen los programas de salud, “ignorando que el COVID-19 es apenas una muestra más de un futuro en el que las pandemias dejarán de ser vistas como eventos inesperados”.
Es por eso que el panel de expertos recomienda que el Estado continúe con estos proyectos y los vaya mejorando en el tiempo. Por otro lado, los expertos indican que se necesitan cambios urgentes en la matriz de provisión de servicios de salud: un mejor balance entre la atención en hospitales y centros de salud, poniendo énfasis en la medicina preventiva y el mejoramiento de los recursos humanos; la teleconsulta y, en general, la telemedicina, verán un significativo aumento a nivel nacional, haciéndose cada vez más populares debido a su comodidad y eficacia.