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El foco de las noticias hoy son los trabajadores de transporte público víctimas de la extorsión. Antes fueron los de construcción civil. Más atrás, los bodegueros, los ferreteros y una serie más de comerciantes. La inseguridad ciudadana no hace otra cosa que avanzar, dejando incluso lamentables muertes, ante las pocas acciones del Gobierno para combatirla.
Ante el desborde de esta problemática, diversos grupos organizados marcharon ayer hasta el frontis del Congreso de la República demandando medidas, en una jornada en la que se tuvo la paralización de actividades, como las de transporte público y comercios.
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En exclusiva para Gestión, Phase Consultores estimó que el costo económico del paro realizado ayer en diversos distritos de la capital, considerando el efecto directo e indirecto, habría ascendido hasta los S/106 millones. Esto es equivalente a un 9% del PBI diario de Lima.
El cálculo se basó en el impacto directo sobre tres rubros puntuales: transporte urbano, mercados y bodegas; y los efectos secundarios a partir de la interrupción normal de esta cadena de actividades.
En detalle, el costo de lo no generado en el transporte urbano habría sido hasta de S/10 millones, de S/11 millones en bodegas y de S/21 millones en los mercados.
“El impacto en los mercados es más porque las ventas y los volúmenes son mayores que en el transporte y las bodegas. En el transporte urbano incidió que en algunas zonas, como el norte, la movilización es mayor. En tanto, en las bodegas, uno de los supuestos es que las ventas habrían sido como un domingo, es decir, no pararon en su totalidad, pero bajaron significativamente”, precisó Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores.
“A esto se suma, como efecto secundario, que hubo actividades que no se llegaron a realizar: la venta en el mercado que no se hizo porque se interrumpió el transporte, por ejemplo”, complementó Odar.
El director Phase Consultores señaló que el impacto resulta significativo y debería ser una llamado a la reflexión de que estos núcleos económicos paralicen sus actividades por las diferentes consecuencias.
“El cálculo nos dice que S/1 de cada S/10 generados en Lima no se hizo ayer”, apuntó.
Detalles
Daniel Hermoza, director de MYPES Unidas del Perú, mostró una profunda preocupación ante el incremento de la inseguridad y su impacto en su sector. Una encuesta realizada por su gremio, a fines de agosto, reveló que más del 67% consideró que la afectación a su negocio, al menos, ha sido alta. De este grupo, el 21% señaló haber sido víctima de extorsión y robos.
Hermoza detalló que el gremio está conformado por empresarios dedicados a las confecciones, turismo, calzado, farmacias, madera, metalmecánica, algunos servicios (como de arquitectura) y bodegueros. Sin embargo, señaló que, precisamente estos últimos, son los principales afectados.
De acuerdo con la Asociación de Mujeres Bodegueras del Perú (Agremub), cada día se reciben 30 llamadas de sus miembros por extorsiones.
“Instamos a que denuncien las extorsiones, pero ante la poca respuesta del Gobierno resulta más fácil cambiar de rubro”, contó Karla Pacheco, presidenta de Lima Norte de Agremub. Se tiene la estimación de que, solo en lo que va del año, entre 5,000 y 6,000 negocios habrían cerrado.
Pacheco comentó que, en general, la actualidad de este rubro es crítica. Luego de la pandemia, se tuvo la afectación de los desastres naturales, menores ventas por el alza de precios y, ahora, las extorsiones.
Una bodeguera de Agremub, que prefirió el anonimato para resguardar su integridad, contó que, en su momento, delincuentes identificados como miembros del “Tren de Aragua” le solicitaron un pago único por S/20,000. Ella pertenece, como el 70% de estas empresarias, al grupo de menores ingresos entre los tres que existen en el sector bodeguero, las llamadas de “barrio”, que atienden desde las ventanas de su casa.
“Luego me hicieron reglaje, vieron que no iba a poder cubrir eso y me pidieron un monto menor, pero semanal. Igual era imposible porque, primero, me pondría la “soga al cuello” y, segundo, me desfalcaría. La ganancia diaria es de alrededor de S/100″, narró a Gestión.
En Agremub tienen reportado que algunas bodegueras, resistiéndose a estas extorsiones, han sido baleadas, atacadas con armas blancas y atropelladas, por mencionar algunos atentados.
Hermoza señaló que el escenario de inseguridad que se observa, en la actualidad, en la capital se vio años atrás en las regiones del norte del país. El problema radica, nuevamente, en la inacción del Gobierno.
“Esto de los stickers a los negocios y todo sucedió años atrás. Es la consecuencia de que el Gobierno no lo atendió en su momento. Ahora, los delincuentes vieron que en Lima había un mayor movimiento de negocios y solo migraron”, explicó.
Antonio Castillo, gerente general de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), señaló que la mayoría de sus agremiados realizaron sus operaciones con normalidad ayer, pero sí reportaron incidencias de ausencias en las ubicadas en San Juan de Lurigancho (SJL).
Más consecuencias
Odar indicó que, si bien el impacto observado ayer es significativo, podría ser peor si logra extenderse durante varias jornadas, considerando que involucra a sectores importantes.
“Si esto se replica por varias jornadas, tendrá sin duda un impacto fuerte sobre la producción del mes en Lima”, anotó.
El director de Phase Consultores comentó que el panorama involucrado es a observar con detenimiento porque, de no normalizarse la situación, podría tenerse un efecto directo en los precios sobre alimentos y combustibles.
“Son actividades que tienen una incidencia fuerte por la volatilidad en los precios y su peso en la canasta de consumo. El sector transporte y alimentos son transversales en la economía. Podría alcanzar en temas de inflación”, comentó.
Al respecto, Hermoza comentó que las medidas en respuesta del Gobierno no deben quedar en la represión o normas declarativas, sino en una mayor planificación.
Castillo, a su turno, planteó la creación de “centros de flagrancias”, donde se resuelvan de manera célere denuncias probadas, es decir, que cuenten con pruebas concretas. Detalló que el sector privado, previa autorización y coordinación del Gobierno y el Poder Judicial, se encargaría de su construcción, mediante el mecanismo de Obras por Impuestos.
En tanto, Pacheco, de Agremub, pidió al Gobierno que tomen en cuentan sus vivencias para crear un plan de trabajo efectivo y aterrizado a la realidad de lo que ocurre a diario.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
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