El último viernes la bancada oficialista de Perú Libre presentó un proyecto de ley de reforma constitucional para que el Estado pueda imponer un control de precios de bienes y servicios.
La iniciativa legislativa se presenta pese a que el ministro de Economía, Pedro Francke, ha señalado en reiteradas oportunidades que no figura dentro de los objetivos del Gobierno fijar un control de precios.
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Y tal como advierte el refrán, el remedio podría resultar peor que la enfermedad, pues imponer un control de precios podría generar escasez y mercados negros, por lo que la población se vería obligada a pagar más por los productos regulados, advirtieron analistas consultados por Gestión.
“No es buena la experiencia de control de precios aplicada en el pasado en Perú y en otros países del mundo. El resultado es que la medida trae desabastecimiento, mercados negros, mayor especulación, lo cual genera un incremento de los precios”, subrayó el economista Jorge Guillén, profesor de Finanzas de ESAN.
En ello coincidió Mario Zúñiga, líder de Competencia y Mercados de EY Law, quien refirió que la propuesta resulta innecesaria, pues ya se han aprobado leyes que regulan el acaparamiento y la especulación en situaciones de emergencia.
Guillén remarcó que el alza de precios registrada en el país en los últimos meses se debe en gran parte a factores internaciones, por un alza en el precio internacional de algunos insumos básicos, lo cual es propio de ciclos temporales.
Cabe anotar que un reciente reporte del Banco Central de Reserva subraya la elevación significativa de precios internacionales de los commodities, en particular del petróleo (43% en lo que va del año) y de algunos alimentos como el trigo (54% desde diciembre de 2019), maíz (62% desde diciembre de 2019) y el aceite de soya (96% desde diciembre de 2019).
“El aumento de la inflación en el país de los últimos meses es transitorio y se moderaría por la reversión de los choques de oferta ante la corrección a la baja que esperan los mercados en los precios internacionales del crudo y algunos alimentos” indicó ayer BCR.
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Por su parte Zúñiga refirió que para atenuar el impacto del alza de precios el Estado puede implementar medidas de apoyo focalizado en la población más vulnerable.
“El Estado puede hacer compras a gran volumen, con mayor capacidad negociadora para un menor precio, y asignarlo a la población mediante un apoyo focalizado. Otra alternativa es subsidiar la demanda, pero también vía una medida focalizada”, indicó.
Riesgo para contratos
El proyecto de ley presentado por Perú Libre también propone modificar el artículo 62 de la Constitución para abrir la posibilidad de modificar contratos.
Así, el proyecto de ley agrega al citado artículo el siguiente texto en negritas: “Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase, siempre que no afecten el abastecimiento de productos y servicios necesarios para la atención de la demanda nacional y a la balanza comercial, y que sean declarados previamente en emergencia por el Congreso a propuesta de presidente de la República”.
Al respecto, Zúñiga advierte que esto es muy peligroso. “Se afecta la estabilidad jurídica. La modificación no solo es poco sensata pues abre una caja de pandora; el Estado podría modificar los contratos. Eso desincentivaría la inversión privada”, subrayó.