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Existen 15 entidades que ya transitaron hacia el Servicio Civil, reforma que busca mejorar la calidad de los servicios del Estado peruano. Para salir de la complicada situación económica y dar un paso más allá, desde el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) han señalado que esta reforma de los recursos humanos estatales debe extenderse.
“No hay un país que haya llegado al desarrollo sin un Servicio Civil que sea profesional. Se necesita gobernanza”, señaló Julio Velarde hace unas semanas en CADE Ejecutivos 2023. Para lograr esa meta, hay una institución encargada de hacerlo realidad: la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).
La entidad compartió, en exclusiva con Gestión, el último informe situacional sobre las características de los servidores públicos. Este es el diagnóstico de los trabajadores encargados de hacer eficiente al Estado.
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Costos
El documento compartido con este diario por Servir registra la evolución de los trabajadores estatales desde el 2013 hasta el 2022, debido a las fuentes utilizadas por la entidad para hacer el diagnóstico.
“Haremos cambios en las posteriores evaluaciones. La data de los servidores públicos sale de la planilla del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y de la cartera de Economía y Finanzas (MEF). Lo que se ha determinado es que, en los gobiernos locales, no todos están registrados. Hace falta un sinceramiento”, comenta al respecto Ana Pari, presidenta ejecutiva de Servir, a Gestión.
A pesar de esa traba, el informe precisa datos relevantes. El primero es que el costo de la planilla pública retornó a sus valores históricos (7% del PBI) en 2022 (ver gráfico), considerando que el primer año de pandemia representó el 8.7% del PBI. Aproximadamente 1.5 millones de servidores civiles trabajan en entidades públicas de los tres niveles de gobierno.
Lejos de ser un desincentivo para la contratación de más servidores, Pari considera que la recesión actual es una oportunidad para mejorar los filtros. “Resalta la necesidad de hacer que el tránsito al Servicio Civil sea más ordenado con perfiles claros y la idoneidad como bandera. Eso debe incluir la definición de resultados por puesto, incluso en capas directivas”, asegura.
La funcionaria agrega que frente al golpe en la economía también se requiere un cambio en el enfoque que se tiene respecto a los incentivos económicos de los cargos. “No solo se trata de crecer en número, sino ordenar la planilla con un régimen que no solo priorice remuneraciones, sino la meritocracia y evaluaciones competenciales”, comenta.
El frente del Estado donde mayor impulso se tiene que dar al Servicio Civil es, de lejos, los gobiernos locales. Según el informe, 1 de cada 7 servidores civiles trabajan en este nivel, el más cuestionado por su baja capacidad de gestión.
Al respecto, Pari resalta que desde este año Servir ha diseñado un modelo de Plan de Desarrollo de Personas (PDP) para las alcaldías. Este documento sirve de base para la capacitación y evaluación del desempeño de los los servidores públicos.
“Es un PDP ad hoc. Arrancamos en julio y ya hemos llegado a 194 gobiernos locales con alrededor de 20 servidores civiles en sus líneas. Si bien necesitan más personal, la idea es que los que ya están capaciten a los nuevos en sus tareas específicas”, detalla.
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Peso CAS
El informe de Servir también recalca que hasta finales del año pasado habían 375 mil servidores públicos bajo la modalidad CAS, un 4% más que 2021. Desde 2013, la cantidad de estos trabajadores ha crecido de manera sostenida sin pausa (ver gráfico).
El documento atribuye el crecimiento más reciente a dos razones, una de ellas la pandemia, la otra es la ley N° 31131, que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público. “La norma les dio estabilidad laboral. No incrementó su contratación, sino permitió que varios se queden en sus posiciones y que se ordenen las contrataciones con perfiles”, según Pari.
La relevancia de los trabajadores CAS ha sido fuertemente criticada desde algunos frentes públicos, como la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). La comuna dirigida por Rafael López Aliaga despidió a más de 500 trabajadores de esta modalidad que eran indeterminados recientemente.
El alcalde refirió que los despidos se dieron por necesidad de contar con presupuesto para proyectos. Ante estas rencillas, desde Servir creen que el trato a los CAS está condicionado porque las entidades no establecen claramente para qué los necesitan.
“Si van al Poder Judicial, podrían ser repuestos. Pero la idea es que haya una planificación institucional. Deben conocer sus derechos y el trabajo que deben hacer. Eso implica darles tareas específicas para lo que realmente fueron contratados”, indica Pari.
Eso va en línea con el presupuesto público asignado para la contratación de CAS. Gestión revisó los recursos dados a esta partida desde el 2018 hasta el 2023. Los primeros años de este periodo, el presupuesto institucional modificado (PIM) fue de S/ 9,300 millones promedio. Para el 2020 subió a S/ 12,868.4 millones. En el 2021 y 2022 dio un salto, elevándose a más de S/ 14,500 millones en promedio. Para este año, el PIM para CAS es casi de S/ 14,000 millones.
De hecho, en el 2022, el costo total de la planilla de servidores civiles ascendió a más de S/ 67,000 millones. La contratación CAS representó el 21.1% del costo total de la planilla pública, registrando el tercer año de crecimiento continuo, con tasas mayores a las históricas desde el año 2020.
Jóvenes
Pensando a futuro un apunte no menor del informe es que la población joven atraída por el Estado (hasta los 29 años que forma parte de los servidores civiles activos) solo creció un punto porcentual entre 2013 y 2022 (ver gráfico).
De acuerdo con la titular de Servir, el dato refleja el desencanto de esta población objetivo con el Estado a raíz de la recurrente crisis política de los últimos años. “Sin duda los desanima. Pueden ver al Estado como un espacio de alta corrupción. No estamos al tanto de su visión sobre cómo ven sus carreras y de qué formas podrían potenciarse desde la burocracia estatal”, lamenta Pari.
Pero, también hay causas fuera de la percepción juvenil. Para la funcionaria la estadística también responde a que los perfiles requeridos desde el Estado no se ajustan a su experiencia laboral.
“Para ingresar al servicio civil necesitan convenios de prácticas preprofesionales o profesionales. No hay muchos incentivos para que las entidades hagan esas convocatorias. Además, ya egresados, el Estado pide título profesional. El rango se acorta”, explica.
Con esas limitaciones, Pari comenta a Gestión que Servir se encuentra elaborando un documento que precise la mejor metodología para incentivar la contratación juvenil en el Estado. Este producto estaría listo antes de fin de año y sería validado en el Congreso Internacional de Recursos Humanos del 2024.
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Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Experiencia en cobertura política, social y económica peruana.
