
Cusco.- En los últimos años, la Contraloría General de la República se ganó una reputación de ser excesivamente sancionadora, una opinión que es compartida entre funcionarios públicos y contratistas. Ahora, según comentó César Aguilar, el contralor de la República, también lo reconoce la propia entidad.
Así lo señaló el contralor durante su presentación en INFRACON 2025, evento de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI), que se realiza en Cusco y donde Gestión estuvo presente.
En su exposición, Aguilar también detalló cuál es la nueva visión de la entidad bajo su cargo, a partir de un nuevo enfoque de control preventivo, que deja atrás la visión que se tenía en periodos pasados con el control concurrente.
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Disculpas públicas y críticas al control concurrente
El contralor inició su exposición, que tenía el objetivo de presentar sus planes en la Contraloría, reconociendo que la entidad que preside ha cometido excesos, lo que ameritaba reconocer el error públicamente.
“Muchos empresarios o servidores y profesionales públicos le han tenido pánico a la Contraloría (...) Por eso, si han tenido que vivir algún acto no muy agradable (con la entidad), les pido disculpas para empezar”, mencionó.
Luego de ello, Aguilar reiteró un análisis que hizo también cuando conversó en entrevistas previas con Gestión: el control concurrente, que fue promovido durante la administración previa a la suya, necesita ajustes urgentes.
En ese sentido, indicó que la Contraloría ha presentado un proyecto de ley al Congreso con ese fin. La propuesta, según señaló, es eliminar el requisito de que se separe un porcentaje del costo total de las obras para realizar el control concurrente.

“Para ejecutar (el control concurrente) tengo que recibir un porcentaje del total de la obra. Antes era el 2%, ahora es el 0.6%. Pese a esa reducción, aún significa que la obra tiene un valor de ‘X’ más el 0.6%. De hecho, si no hay un buen trabajo desde la etapa previa a la ejecución, pueden incluso aparecer adicionales de obra que elevan más su costo”, criticó.
De igual forma, el contralor reveló también que en su entidad existía un indicador que obligaba a los auditores a iniciar procesos sancionadores predispuestos a sancionar a los investigados. Ahora, con nuevos lineamientos lo han eliminado.
“Solo por darles un ejemplo, cuando se iniciaba un Proceso Administrativo Sancionador (PAS), un anterior indicador señalaba que en primera instancia de ese PAS más del 50% de los administrados que entraban en ese proceso tenían que ser sancionados. Era una ‘meta’”, indicó.
Sobre ello aseguró que ya ordenó su cambio. En vez de exigir una cuota sancionadora, ahora simplemente se pide que en todo PAS se “emitan las resoluciones con total autonomía e independencia dentro del proceso establecido”. Otro requisito exigido a los auditores es acompañar a los gestores públicos para que cumplan los objetivos en los plazos trazados.
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La nueva visión preventiva de la Contraloría
El contralor también aprovechó su tiempo en INFRACON para explicar cuál es el nuevo enfoque de la institución. El nuevo “chip” de la Contraloría es acompañar desde el inicio de las obras a partir del llamado control preventivo, que la entidad creó en mayo.
“Es una especie de control simultáneo porque el presupuesto aún se está ejecutando. Está enfocado en destrabar obras paralizadas por los motivos que fuese. Eso beneficiará a todos: contratistas y la población”, refirió.
Al detallar más lo que hay detrás de este proyecto, Aguilar precisó que el control preventivo no es vinculante, lo que quiere decir que si se realiza y no se logran reactivar las obras públicas, no habrá sanciones para los funcionarios involucrados. También destacó que no genera costos adicionales ni al Estado ni a la obra, porque se financia con los propios recursos de la Contraloría.
La forma en la que se trabaja incluye la elaboración del Expediente Técnico (ET) de los proyectos. Lo que se busca es evitar la proliferación de pedidos de adicionales de obra, al identificar fallas en el ET que pudieron evitarse.
Para evaluar todos estos temas se instala una mesa de trabajo con los “actores clave” y se plantean mecanismos para destrabar la obra, caso por caso. “Si hay consenso, se ejecuta un acuerdo y se elabora un acta”, agregó el contralor.

Consultado por qué pasaría si un funcionario, en representación de su entidad, firma el acta y asume compromisos que luego no honra, Aguilar recordó cuál es el objetivo de la Contraloría y remarcó que deberá analizarse meticulosamente si el incumplimiento amerita sanciones posteriores.
“La Contraloría tiene como finalidad la cautela del recurso público. Entonces, si un funcionario firma en nombre de entidad, pero no cumple con el compromiso suscrito, ¿causa daño económico al Estado? No lo sabemos, pero para ese caso, se instalaría otro tipo de servicio de control, que no sería el preventivo", respondió.
En cifras, según listó el contralor, a la fecha el control preventivo ya destrabó obras por S/ 5,500 millones. En lo que queda del 2025, se proyectan hacer 200 servicios más de este tipo y llegar a la cifra de S/ 12,700 millones en proyectos reactivados.
Cada obra se selecciona a partir de la instalación de una comisión de control que las seleccionará bajo dos criterios: población afectada por la paralización y costo del proyecto.
Para cerrar, Aguilar reiteró que ya no debe verse a su entidad como una institución con motivación fiscalizadora. “No es una Contraloría punitiva y sancionadora. Es todo lo contrario, queremos trabajar con los empresarios y orientar a los funcionarios públicos”, planteó.

Periodista económico con más de 5 años de experiencia en el rubro. Licenciado en Comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Antes fui parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Cubro temas vinculados a proyectos de inversión público y privada en más de una modalidad y hago seguimiento a diversos sectores económicos.