La Contraloría General de la República apunta a poder sancionar directamente a los funcionarios que no cumplan con su labor de ejecución de presupuesto para prevención y atención de desastres naturales.
Durante su exposición en la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencia y Gestión de Riesgo de Desastres-Covid-19, el contralor Nelson Shack mencionó que se debe cambiar el incentivo para que las autoridades sean sancionadas “por no prevenir y no gastar el presupuesto cuando deberían hacerlo”.
Agregó que esta iniciativa será relevante, debido a que se aplicaría contra las malas praxis relacionadas al tema de los desastres naturales y dengue.
“Lo que habría que hacer es cambiar el incentivo, es decir que las autoridades sean sancionadas por no prevenir, por no gastar el presupuesto cuando deben gastarlo y eso implica establecer un mínimo de gasto en el programa 017 de enfermedades metaxénicas, en el programa 068 de gestión de desastres y que el no gasto debería ser una responsabilidad objetiva por parte de las autoridades administrativas y con esa infracción la Contraloría podría inhabilitarlo”, apuntó.
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Otro proyecto
En otro momento, el contralor recordó un proyecto de ley que ya fue presentado por la institución al Congreso en abril y que busca sancionar a aquellos funcionarios que no cumplen con sancionar -cuando se requiere- a quienes tienen un procedimiento administrativo sancionador.
“Ya enviamos un proyecto de modificación de la Ley Orgánica, para que las sanciones que procese el PAS (Procedimiento Administrativo Sancionador), la Contraloría directamente inhabilite a los funcionarios que no cumplen con lo que tienen que hacer de manera diligente, como parte de procesos de sanción administrativa disciplinaria”, refirió Shack.
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El contralor Shack cuestionó que la Contraloría continúe elaborando informes al respecto, establezca recomendaciones y “después no pase nada”.
En su presentación, también detalló que, hasta la fecha, como resultado posterior de la Covid-19 se han realizado 36 informes de control, en el que se identificaron 142 funcionarios a nivel nacional con presunta responsabilidad y perjuicios económicos por S/ 29.3 millones.
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