La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), el Colegio de Ingenieros del Perú – CD Lima y la Asociación Peruana de Consultoría solicitaron, vía un comunicado conjunto, al Congreso de la República no respaldar la continuación del modelo de control concurrente para la Contraloría, por considerarlo ineficaz y costoso para el país.
Los gremios sugirieron no aprobar la nueva modificación de la Ley N° 31358 “Ley del Control Concurrente”, teniendo en cuenta que la Contraloría ha presentado el proyecto de Ley N° 11484/2024-CG al Congreso para que derogue dicha Ley.
Vale decir que, como también ha informado Gestión en varias oportunidades, el mismo contralor César Aguilar, ha señalado que apuesta por un nuevo enfoque de control, llamado control preventivo.
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Según los gremios listados, control concurrente ya generó un gasto que supera los S/ 1,600 millones (más de S/ 100 mil por informe) con una muy baja efectividad. Sólo el 37.6% logró corregir las observaciones (Informe sobre el servicio de control concurrente 2022-2024 - CGR), contratando a miles de personas sin la experiencia requerida, incrementando costos administrativos y reduciendo la calidad del control.
De acuerdo a estos grupos, las múltiples modificaciones legales y la expansión indiscriminada del modelo derivaron en sobrecostos y pérdida de eficiencia en la ejecución de obras públicas, muchas de las cuales se encuentran detenidas.
“Por ello, coincidimos firmemente con la propuesta de la Contraloría de adoptar un modelo preventivo y focalizado como la mejor alternativa para fortalecer el control gubernamental. Este enfoque, financiado con recursos ordinarios, permitirá anticipar riesgos, optimizar la supervisión de grandes proyectos de infraestructura pública y aplicar mecanismos de corrección efectivos”, indicaron en su comunicado conjunto.
Por lo anterior, instaron nuevamente al Congreso a que apoye decididamente la implementación de este nuevo sistema de control, que representa un salto cualitativo hacia una fiscalización moderna y estratégica, bajo los principios de eficiencia y transparencia, que contribuya con la ejecución efectiva de las obras públicas; cautelando el uso responsable de los recursos del Estado en beneficio de todos los peruanos.
