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El contralor general de la República, Nelson Shack, contó a Gestión las falencias claves en la inversión pública, entre ellas, las deficiencias técnicas; por lo que la entidad exija nueva normativa para ampliar su campo de fiscalización.
-¿Cuántas alertas de control se han presentado entre enero y agosto del 2023? ¿Se han corregido?
Hay 39,900 situaciones adversas en todo el Estado. Podemos decir que la cuarta parte está corregida. Es bueno, pero hay un 21% que no lo ha hecho. Eso preocupa.
-Es decir, que tienen plazo vencido.
Exactamente. Cuando lanzamos una alerta, la entidad tiene 45 días para arreglar el problema y pueden pedir una ampliación del mismo periodo. Son 3 meses. En este modelo de control concurrente, las instituciones pueden oponerse y desestimar la alerta, pero solo lo hacen alrededor del 1%. La no corrección genera problemas.
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-En el caso de los megaproyectos con alertas de control, ¿hay correcciones?
Entre 2021 y 2023 se han identificado 222 situaciones adversas y se han corregido 102. Este año, son 68 y se han corregido solo 19. Sin acción alguna hay 25.
-En el país hay obras paralizadas. ¿La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) podría mejorar esta situación?
En principio no, porque muchas de las obras están fuera de su ámbito. Pasarán a su competencia inversiones de más de S/ 200 millones. De las 1,826 obras (paralizadas) ni el 1% supera ese umbral. Son solo 40 proyectos. Ahora, es cierto que ese 1% concentra el 40% de todo el gasto de las obras paralizadas. Ese es el gran problema de la inversión pública.
-¿Es perjudicial la figura de la administración directa por parte de los gobiernos subnacionales?
Cerca del 40% de todas las obras que se ejecutan en el Perú son por esta vía. Hay obras de hasta S/ 20 millones que se hacen así. Es un mecanismo necesario: si no hay mercado, el Estado tiene la obligación de hacer la obra. No puede condenar a su población.
Sin embargo, hay un problema regulatorio. Es una regulación anacrónica de 1988: la resolución 195 del contralor de ese entonces. En 2012, cambió la ley orgánica de la Contraloría y ahora el contralor no tiene competencia para cambiarla. Por eso enviamos un proyecto de ley (con umbrales), pero se vio opacado por la turbulencia política.
-¿Cuál es el avance de ese proyecto de ley?
El año pasado recién se aprobó, pero el Poder Ejecutivo la observó. También lo hubiera hecho. Tiene un error material. Es clave para ordenar esto que se establezca un umbral para las obras por administración directa. La Constitución dice que ese mecanismo debe ser supletorio, no se puede suplir al privado si hay interés. Propusimos que el corte sea 1,000 UIT y la autógrafa salió por 100 UIT. Ahora que se establecen nuevas comisiones, vamos a pedir que se vuelva a discutir y se corrija.
-De las obras paralizadas, ¿cuántas son obras “chicas”?
Representan el 72%. Es decir, son 1,312 obras paralizadas con inversiones menores a S/ 5 millones. La reducida escala de operación es otro de los problemas.
-Se dice que hay temor entre los funcionarios por firmar documentos porque luego “llega la Contraloría”. ¿Qué opinan?
Eso era antes. Ahora nos llaman para hacer control concurrente. Quienes dicen eso se excusan por no saber contratar. El auditor detecta desviaciones: la norma dice una cosa y tú haces otra. Es un enfoque técnico de legalidad.
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Mejor control
-¿Alistan nuevos proyectos de ley para llevar al Congreso?
En esta legislatura no porque ya hemos enviado tres. Queremos integrar las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos con las de intereses. Como Contraloría, solo podemos ver el último. Otro proyecto está relacionado con ampliar algunas conductas infractoras.
El tercero busca mejorar la ley de reforma de la Contraloría. Cuando se aprobó en 2018 no había CAS permanente. Falta una norma que clarifique que tendrán el mismo trato que el resto de regímenes.
También incluye la posibilidad de que el contralor se encargue de ciertas investigaciones, sobre todo las que incluyen temas de gasto reservado, similar a lo que hace la Fiscal de la Nación.
-Usted ha pedido al Congreso que trabajen una iniciativa para sancionar a funcionarios que no ejecutan su presupuesto asignado a emergencias ¿Hay avances?
Tuvimos reuniones con la Comisión de Presupuesto del Congreso para discutir el tema y hay varias iniciativas en la misma línea. Como nos pedirán opinión, colaboraremos. El gran problema de la corrupción e inconducta funcional ya no es detectarlos, sino que pasa después de emitir el informe. Creo que, sobre todo en emergencias, debe haber sanciones efectivas.
- ¿Sobre la nueva ley de contrataciones que presentó el Ejecutivo qué opinan?
Es necesario discutirla. Nos parece que está bien enfocada, pero muchos de los problemas se arreglarán recién con su reglamento, eso nos han dicho. En el Congreso señalamos que la ley vigente no se usa para contratar más de la mitad del gasto público. Si voy a tener una norma así, no pueden existir más de una decena de mecanismos para exonerarse.
-Precisamente, ¿cuántas obras se realizan con exoneraciones “saltándose” dicha ley?
En 2022 hubo 39,107 inversiones que ejecutaron S/11,000 millones en contrataciones que no se enmarcaron en las modalidades reguladas por la ley.
-Servir y la Contraloría dijeron que realizarían un megaoperativo para revisar que los funcionarios de confianza de los gobiernos subnacionales cumplan los requisitos para sus cargos. ¿Cuál fue el resultado?
La operación de campo ya terminó. Más de 1,400 auditores contrastaron más de 5,500 legajos con los perfiles para el cargo en casi 550 entidades. No tenemos la cifra final, pero el cálculo preliminar es que un 25% de los funcionarios no cumplen con los requisitos. Por eso no sorprende la baja ejecución pública: no hay capacidad técnica para gastar recursos.
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Fallo del Tribunal Constitucional pondría en riesgo procesos
El Tribunal Constitucional (TC) discute actualmente una demanda de inconstitucionalidad sobre la ley 31288, que faculta a la Contraloría a aplicar sanciones firmes. Según Shack, de fallar a favor, varios procesos bastante mediáticos correrían riesgo de caerse.
“Hoy hay más de 1,100 funcionarios con responsabilidades administrativos que están con Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) abiertos. Ahí está la gente de Marka Group, el biodiesel de Petroperú y Puente Tarata. Todos irían al archivo”, asegura.
El contralor explica que un fallo en contra serviría de argumento para la defensa de los acusados. “Podrán ir a Fiscalía o al Poder Judicial a decir que los están procesando por algo que nació de un PAS nulo”, afirma.
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Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Experiencia en cobertura política, social y económica peruana.
