La Contraloría General detectó un perjuicio económico total de S/ 374.1 millones ocasionados -según informó- por los pagos sin sustento legal, ni contractual que efectuaron el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima (Protransporte) y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) a los concesionarios de los corredores complementarios del Sistema Integrado de Transporte de Lima; así como por la sanción económica que se impuso a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y Protransporte por incumplimiento de contrato del corredor Rojo.
La comisión auditora determinó que exfuncionarios y exservidores de Protransporte y de la ATU, elaboraron y aplicaron metodologías que reconocieron a favor de los concesionarios de los corredores complementarios Amarillo, Rojo, Azul y Morado el pago de la totalidad de los costos operativos no cubiertos por los ingresos recaudados durante la emergencia sanitaria por covid-19.
Esto, subrayó la Contraloría en un comunicado, incumple la cláusula 8.2 de los contratos de concesión que establecía únicamente el reembolso de los costos directos adicionales y razonables acreditados que se hubieren ocasionado por la prestación del servicio durante la emergencia sanitaria. “Los desembolsos irregulares efectuados entre marzo de 2020 y marzo de 2022, ocasionaron un perjuicio económico al Estado de S/ 172.1 millones″, anotó.
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De acuerdo con el Informe de Auditoría N° 29026-2023-CG/APP-AC, los pagos efectuados a dichos concesionarios con recursos públicos no correspondían ser asumidos por el Estado. De esta manera, Protransporte ocasionó un perjuicio económico al Estado de S/ 34.7 millones, mientras que la ATU generó un perjuicio de S/ 137.4 millones.
El Informe de la Contraloría también reveló que con la aplicación de la metodología mencionada, Protransporte ordenó un pago a favor de sí mismo por S/ 1.2 millones, pese a que la cláusula 8.2 de los contratos de concesión no contempla pago alguno a favor del concedente ni terceros, por lo que, dicho desembolso también carece de sustento legal y contractual.
El dato. Debido a la emergencia sanitaria por covid-19, el Gobierno adoptó una serie de medidas para evitar la propagación del coronavirus y dispuso -respecto al transporte urbano- que los operadores del servicio debían reducir su oferta de operaciones en 50% y realizar la limpieza de los vehículos. De acuerdo con los contratos de concesión de los corredores complementarios del Sistema Integrado de Transporte de Lima, el concedente debía garantizar a los concesionarios únicamente el reembolso de los costos directos adicionales y razonables generados durante la emergencia sanitaria por la prestación del servicio.
Otro perjuicio económico
El informe de auditoría señala también que la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima tramitó la aprobación de una ordenanza municipal que renovó las autorizaciones de transportistas para prestar el servicio de transporte urbano en las rutas concesionadas al corredor Rojo, generando el incumplimiento de dicho contrato de concesión.
Ello derivó en una controversia con el concesionario que culminó con laudos arbitrales firmes emitidos en julio de 2020 en contra del Estado, en los que se estableció que por los incumplimientos se debe pagar S/ 201.9 millones, lo que constituye un perjuicio económico. Cabe precisar que, en la actualidad, dicho pago debe ser asumido por la ATU.
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Incumplimientos
El Informe de Auditoría mencionó otros incumplimientos que generaron efectos desfavorables para el Estado, ocasionados por exfuncionarios de Invermet y Protransporte, que ejercieron las funciones de supervisor y concedente, respectivamente, hasta el 13 de setiembre de 2020, así como de ATU que ostenta las funciones de Concedente desde el 14 de setiembre de 2020. Entre ellos figuran los siguientes:
-Invermet no exigió que los concesionarios de los corredores Rojo, Azul y Morado cumplan con implementar los patios y la flota propuesta para el inicio de la fase de operación, pese a que éstas eran obligaciones contractuales de dichas empresas.
-Protransporte incumplió diversas obligaciones, como la implementación de rutas troncales y alimentadoras, la culminación de autorizaciones de terceros en rutas concesionadas y otros; mientras que la ATU no culminó las licitaciones de los paquetes de servicio pendientes del corredor Amarillo que permitirían que dicho corredor ingrese a la fase de pre operación.
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Estos incumplimientos contribuyeron a que se dilate, hasta la actualidad, el inicio de la fase de operación de los corredores, en la cual se operaría con la totalidad de la flota y rutas, así como con los paraderos debidamente implementados, afectando la prestación del servicio en desmedro de los usuarios.
Los hechos mencionados en el informe de auditoría fueron causados por la actuación negligente de siete exfuncionarios y exservidores de Protransporte, ATU y la MML, a quienes se les identificó presunta responsabilidad civil y/o administrativa.
Los resultados del informe, que comprende el período del 11 de julio de 2014 al 15 de agosto de 2023, fueron notificados oportunamente al Procurador Público de la Contraloría para que inicie las acciones civiles contra los involucrados, así como al Presidente Ejecutivo de la ATU para que disponga el inicio del procedimiento administrativo correspondiente.
