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El contralor general, Nelson Shack, afirmó a inicios del mes pasado que cada inversión pública que fue objeto del control concurrente tuvo un ahorro promedio de S/ 2 millones en su costo de inversión, por lo que el ahorro general fue de alrededor de S/ 3,829 millones, en casi 1,900 inversiones cuya viabilidad se dio entre el 2018 y 2023.
La Contraloría General de la República compartió algunos detalles con Gestión sobre esta cifra. En el periodo antes mencionado, se realizaron más de 10,400 servicios de control concurrente a más de 3,500 inversiones. ¿Cómo se define esto? La subgerenta del Observatorio Anticorrupción de la Contraloría General, Jeniffer Pérez Pinillos, dijo sobre la programación, que esta responde a varios aspectos, los mismos que se establecen en cada Plan Nacional de Control anual, los mismo que se aprueban con Resolución de Contraloría.
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“Alrededor del 30% de las situaciones adversas que se advierten en el marco del control simultáneo se corrigen por la entidad, mientras que un 3.2% presentan alguna acción. La corrección de las situaciones adversas no impide que las entidades continúen con la ejecución de sus inversiones, pues el seguimiento se continúa efectuando, igual que el acompañamiento del control”, detalla Pinillos. En el resto, se entiende, son casos “sin acciones”, “no corregidos” o “desestimados”.
Si bien se habla de este ahorro de S/ 3,829 millones, ¿dónde se concentró el control concurrente? Del total de inversiones analizadas bajo este mecanismo de control, el 35.7% fueron de transporte, 24.7% de educación y 12.4% de saneamiento. El resto se concentró en inversiones agropecuarias, salud, vivienda y desarrollo urbano, orden público y seguridad, entre otros.
“Como se puede observar alrededor de un tercio de las inversiones que presentaron un ahorro debido al control concurrente, corresponder a la función de transporte”, anotó.
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Pese a estos números, un tema que no puede ser ignorado es que desde diferentes flancos se cuestiona a la Contraloría y a este control concurrente. Sin embargo, Pinillos señala que todo el análisis que se hace mediante el control concurrente se ciñe a un método y da resultados basados en la evidencia.
“En el marco del resultado de la evaluación de impacto presentada el último 11 de junio, por ejemplo, la misma se ha basado en un método econométrico cuasiexperimental que mide el efecto que tiene una intervención (en este caso, el control concurrente) respecto a un grupo de comparación o contrafactual que no tiene la intervención a través del tiempo; es decir, es un análisis basado en evidencia”, subrayó.
Agregó: “Sobre los aspectos perceptuales en relación al control gubernamental, es importante que estos sean recogidos en el marco de un estudio más cualitativo, a efectos que, de corresponder, se identifiquen oportunidades de mejora o una mejor estrategia de comunicación o sensibilización en relación a los atributos de esta modalidad de control”.
Cabe señalar que el estudio conducido por el Observatorio Nacional Anticorrupción, incluye un análisis cualitativo de las situaciones adversas, a partir de las cuales también se podría identificar recomendaciones de gestión con miras al mismo objetivo, sentenció.
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