La Contraloría General de la República (CGR) enfrenta una crisis institucional ante un recorte de presupuesto anual que generará la perdida de más de la mitad de su personal en solo cinco meses.
Durante una conferencia de prensa, el contralor general, César Aguilar, advirtió que este riesgo de perder el 56.7% de su personal comprometería gravemente la capacidad de la entidad para ejercer funciones de control y auditoría a nivel nacional.
La situación se agrava en un contexto de creciente necesidad de vigilancia estatal debido al próximo inicio de un nuevo proceso electoral.
“Ante esta preocupante situación, resulta claro que la independencia de nuestra entidad fiscalizadora superior para ejercer su mandato constitucional de manera plena y contribuir al uso eficiente de los recursos públicos en beneficio de todos los peruanos, se está viendo restringida por las severas limitaciones presupuestarias”, dijo Aguilar.
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Según explicó el titular de la CGR, la reducción de más de S/ 600 millones en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del año 2025 respecto al presupuesto de 2024 ha generado un déficit que pone en alerta el funcionamiento de la institución.
Aguilar recordó que la Contraloría ya advertía este déficit desde fines de julio de 2024, cuando se realizó un análisis de la situación presupuestal. Pese a que se pidió más recursos al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), no obtuvieron respuestas.
“No habiendo sido escuchadas nuestras advertencias ante el MEF, y habiendo sido aprobada la ley de presupuesto del año 2025 con una contracción de más del 38%, en los recursos asignados a la CGR, reanudamos nuestros pedidos al Congreso de la República, a la Presidencia de la República y a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), para recibir una demanda adicional de recursos que permitiera mantener los niveles de operatividad institucional”, comentó.
Ante la falta de los recursos adicionales solicitados, la Contraloría indica que se vio obligada a no renovar los contratos de 2,750 trabajadores bajo régimen de plazo determinado, lo que representa el 31.65% del total de personal de la entidad.
Por ello, si no se otorgan fondos de manera urgente, el 31 de mayo de 2025 se verán obligados a desvincular a otros 2,175 trabajadores, con lo que la pérdida total de personal ascendería al 56.7%.
“Mi despacho continúa realizando denodadas gestiones ante el MEF para solicitar recursos adicionales, pero de no recibirse estos con el tiempo suficiente para realizar los procedimientos de ley para su ejecución, entonces el 31 de mayo del presente se deberá desvincular a 2,175 trabajadores adicionales”, concluyó.
La situación, reiteró Aguilar, representa una grave vulneración de la capacidad institucional para realizar su labor de control de los recursos públicos de una manera independiente.
Incluso, aún con la severa contracción en su capacidad operativa, los recursos presupuestales con los que disponen actualmente siguen siendo insuficientes para garantizar la continuidad de sus operaciones.
