
Las economías ilegales encuentran “asilo” en las dinámicas de comercio que presentan “limbos” ante la ley. En Perú, el sector construcción, tan vasto en sus regulaciones, se encuentra bajo amenaza no solo por el tráfico de ladrillo, tubos y cemento, sino por materiales que componen otra arista: la instalación eléctrica.
La Asociación Gremial de Empresas Internacionales de Productos Eléctricos del Perú (EPEI) compartió con Gestión la data para el Primer Observatorio de Productos Eléctricos Ilegales.
Esta se recabó junto con el Ministerio de la Producción (Produce), Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), Perú Green Building Council y la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
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Construcción informal: así se mueven el tráfico ilícito y el contrabando
Orlando Ardito, gerente general de EPEI, advirtió que la construcción informal —también conocida como autoconstrucción o construcción progresiva— tiene un alcance de alrededor del 80% a nivel nacional.
“Según las estadísticas que hemos podido recopilar, en el Perú, a nivel de economías criminales, se mueven cerca de US$ 7,000 millones, de los cuales la falsificación y el contrabando oscilan entre el 10% y 15%. Puntualmente, el 10% de la construcción se mueve en este campo; y dentro de este porcentaje, la comercialización de productos eléctricos falsos representa alrededor del 10%, es decir, US$ 60 millones por año”.
Añadió que se pierden 200,000 trabajos formales anuales a raíz de la falsificación de productos eléctricos. Los artículos ingresan al país por vía marítima, aunque hay un grupo que lo hace por vía terrestre, específicamente por Tacna.
“Ingresan por los puertos, principalmente por Callao (Callao) y Paita (Piura). Tenemos mucha preocupación por Chancay (Lima), porque es la zona que va a tener mayor tráfico, pero donde hay menor control. Es más, países vecinos manifiestan que mucha comercialización de productos de contrabando sale de nuestro país y se va a países donde hay regulación. Colombia, Ecuador y Chile están alarmados”, acotó.
En tal sentido, Ardito sostuvo que Perú requiere de reglamentaciones que le permitan a Aduanas ejercer un control.
Coincidió Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco): “Es muy complicado saber cómo esta producción falsificada funciona. Por eso es que nosotros estamos pidiendo un control en Aduanas para medir esto de una manera sistemática. Se podría determinar con inspecciones cuando un producto no cumple las normas, debería ser obligatorio para casos como material eléctrico. Un producto fuera de norma puede generar accidentes”.

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Falsificación en construcción: productos protagonistas
En toda construcción, la participación de los productos eléctricos equivale al 5% o 10% del costo, entre materiales y servicios, indicó Ardito. Al respecto, enumeró qué artículos falsificados suelen ser protagonistas en las compras de aquellos que buscan abaratar costos.
“Los dispositivos de protección son los elementos que van al interior del tablero eléctrico. Hay de dos tipos, los que protegen la instalación eléctrica y los que protegen a la persona, los interruptores diferenciales. Lamentablemente, se falsifican ambos”, inició.
“El cable también se falsifica. En nuestras normas, el Código Nacional de Electricidad exige que el cable sea de cobre, pero los falsificadores están trayendo de aluminio. El aluminio se puede utilizar en la industria automotriz, pero no para las instalaciones eléctricas, porque llegan a tener hasta ocho veces más probabilidad de riesgo de incendio que un cable común”, continuó.
El tomacorriente es otro elemento propenso; no obstante, identificar su origen de procedencia dudosa es más sencillo: chispas o presiones que ya no calzan. “Un tomacorriente de buena calidad debería soportar hasta un millón de ingresos de enchufe y desenfuche, porque debe estar preparado para, por lo menos, 20 años de vida útil”.
También se refirió a los focos. “Adicionalmente las luminarias. Hoy los dispositivos que utilizamos son LED y el espectro luminoso, así como el arcoíris, está distribuido en colores fundamentales. Sin un buen control de esa parte del espectro, los pigmentos varían y se genera daño a la vista”, acotó el vocero del EPEI.

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Riesgo mayor: la trata de personas
Si bien el factor económico se ve vulnerable en esta dinámica ilícita, las personas corren un peligro más grande.
“La falsificación de productos eléctricos trae también el problema de la trata de personas. En la galería Nicolini, en aquel incendio famoso del centro de Lima, los muchachos quedaron presos en unos contenedores. Esos muchachos eran menores de edad y estaban borrándole la marca a unos fluorescentes para colocar la de una empresa reconocida en el mercado”, recordó Ardito.
Trajo a colación, además, el conteo de Unicef: los casos de trabajo infantil a nivel mundial se elevan a 138 millones hasta el 2025. “En el Perú, no tenemos una cifra específica, pero lo que ocurrió en la galería Nicolini nos muestra que hay menores de edad trabajando en espacios donde impera la falsificación de productos eléctricos”.
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El circuito en los sectores sociales
EPEI detectó que “entre la segunda y tercera escala del nivel de subdistribución comienza el problema”. Es decir, “cada empresa líder en el mercado, que es distribuidor exclusivo, trae los productos localmente, y ellos tienen una red de distribuidores primarios”, explicó Ardito. “Hasta ese punto tenemos el control y sabemos que la distribución y comercialización es 100% formal”, añadió.
Sin embargo, el distribuidor primario le vende a un distribuidor secundario: ferretería, centro comercial o proyecto de construcción. “Ahí se comienza a perder la trazabilidad. ¿Qué sucede con aquellas ferreterías o centros de distribución informales? Comienzan a mezclar el producto original con el producto ilegal", resaltó.
“Hemos podido apreciar que en el mercado las constructoras reciben un lote que es mitad formal y mitad informal. Como son muy parecidos, cada vez es más difícil identificarlos visualmente”.
La institución, además, describió un análisis por sector: “Tenemos la presunción de que todo lo que es producto ilegal va a los segmentos C y D/E, porque se ofrece como de ‘marca alternativa’ que el usuario compra por precio”, apuntó Ardito.
“Normalmente en proyectos de estrato A, además de existir inspecciones técnicas que son propias del control municipal, existe un dossier de calidad de la construcción: la empresa constructora hace por cuenta propia evaluaciones de los productos que recibe. Es más rigurosa en su mecanismo porque no le convendría que alguien a quien se le incendie la casa salga en una noticia y diga que la constructora puso materiales falsos”, ejemplificó.


Redactora de Economía en diario Gestión. Periodista piurana con seis años de experiencia profesional en el rubro.