Este martes de 18 de marzo, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso sometió a debate un predictamen que busca agilizar la atención de denuncias informativas y reforzar el control sobre prácticas desleales en el mercado. Para ello, se establecen nuevos plazos y condiciones para la intervención del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
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La propuesta, finamente, fue enviada a un cuarto intermedio en la mesa de trabajo del Legislativo.
Plazos y obligaciones para Indecopi
El predictamen recaído en los proyectos de ley 9566/2024-CR y 9680/2024-CR establece que cualquier ciudadano puede presentar denuncias informativas sobre actos de violación de normas, con el objetivo de agilizar el proceso y garantizar una mayor fiscalización. Para ello, se fijan plazos específicos que el Indecopi debe cumplir.
Una vez presentada la denuncia, el Indecopi tiene un máximo de 10 días hábiles para revisarla y determinar su viabilidad. En caso de considerarla procedente, cuenta con un plazo adicional de 40 días hábiles para decidir si inicia un procedimiento sancionador o archiva la denuncia.
Las resoluciones que resulten de estos procedimientos deben ser publicadas en el portal institucional del Indecopi, con el fin de garantizar transparencia y acceso a la información para la ciudadanía.
Además, se establece que el Indecopi no podrá archivar una denuncia por falta de pruebas si existe la posibilidad de obtener la información requerida mediante requerimientos a la empresa denunciada.
Esto significa que la entidad tendrá la obligación de utilizar sus facultades de investigación antes de desestimar una denuncia informativa, fortaleciendo el proceso de fiscalización y evitando el archivo injustificado de casos potencialmente válidos.
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Falta precisión sobre competencia desleal
Gustavo Rodríguez García, socio del estudio Rodríguez García & Encinas, señaló que el predictamen otorga una relevancia especial a las denuncias informativas al exigir su tramitación obligatoria por parte del Indecopi.
Aunque los actos de competencia desleal pueden darse tanto en el sector privado como en el público, destacó que el espíritu del proyecto parece estar enfocado en permitir que cualquier ciudadano denuncie infracciones del Estado, es decir, cuando una entidad pública compite injustamente con el sector privado, infringiendo el principio de subsidiariedad.
Sin embargo, advirtió que la redacción actual del predictamen no distingue entre denuncias contra entidades estatales y empresas privadas. Esto podría generar que la norma se aplique de manera más amplia de lo que se pretendía inicialmente, permitiendo que cualquier persona interponga denuncias informativas por violación de normas contra las privadas.
En su opinión, esto podría derivar en un aumento significativo de denuncias contra agentes económicos privados, lo que podría desvirtuar el objetivo original de la norma y generar una sobrecarga en el Indecopi. Esto, al tener que procesar denuncias que deberían canalizarse a través de procedimientos sancionadores formales en lugar de denuncias informativas.
Rodríguez García enfatizó que, si bien la intención de la norma es válida, su redacción actual podría generar consecuencias no previstas y que, en su forma actual, el predictamen no delimita con claridad el tipo de denuncias que deberían ser admitidas dentro de este mecanismo.
En ese sentido, sugirió que el Congreso precise que las denuncias informativas solo sean aplicables en casos donde el Estado incurra en competencia desleal, evitando así que la iniciativa se convierta en un canal indiscriminado para denunciar cualquier tipo de violación de normas dentro del mercado.
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