Congreso retoma intento de controlar fusiones de empresas

Un proyecto de ley (No. 972-2011-CR) de la bancada oficialista Gana Perú, que plantea la obligación de que los procesos de fusiones y asociaciones empresariales (absorciones) cuenten con una evaluación administrativa previa por parte del Indecopi, viene siendo impulsado por la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Público, para ser debatido y aprobado por el pleno del Congreso, a la brevedad posible.

El proyecto original fue presentado el 2 de abril del 2011 y cuenta con dictamen favorable sustitutorio de la referida comisión, del 14 de junio del 2012, pero está pendiente el dictamen de la Comisión de Economía.

Sin embargo, la Comisión de Defensa del Consumidor, a través de su actual presidenta, Claudia Coari Mamani (DyD), ha insistido en dos oportunidades que se debata en el pleno el dictamen aprobado en su comisión, y estaría por hacerlo una vez más.

"Este tema está dentro de las cuatro prioridades de la comisión y lo hemos insistido dos veces al pleno para que lo agenden desde que entró la congresista Coari como presidenta de (dicha) comisión. Una vez cuando apenas tomó el cargo y la otra fue el 3 de noviembre", detalla un vocero de dicho grupo de trabajo.

"De los 23 dictámenes solo cuatro estamos priorizando y uno es el de la concentración empresarial", agregó. Otros grupos parlamentarios no estarían de acuerdo en que se debata el tema en un contexto electoral.

La propuesta

En resumen, el proyecto de ley sustitorio propone "promover la libre competencia y la eficiencia económica en los mercados para el mayor bienestar de los consumidores, a través de la evaluación previa de los actos de concentración empresarial, autorizando aquellos actos que no provoquen una disminución sustancial de la competencia efectiva en el mercado o que se demuestre que generen eficiencias económicas que compensan dichos efectos restrictivos y mejoran el bienestar de los consumidores".

Esta consulta previa esta vigente actualmente solo en el sector eléctrico. Entidades técnicas nacionales e internacionales, gremios, entre otros, no comparten la propuesta.