La segunda legislatura del Congreso de la República de Perú está cada vez más cerca de arrancar. A raíz de ello, la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) ha identificado un paquete de proyectos que preocupan al sector económico que representan porque serían perjudiciales para su desarrollo.
Se trata de cinco iniciativas legislativas, todas recientemente presentadas, que se discutirían en las comisiones de Descentralización, como la de Vivienda y Construcción desde el 27 de julio, cuando arranca este nuevo periodo de debates del Legislativo.
Gestión conversó con Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de Capeco, para profundizar en los detalles detrás de la crítica de su gremio a estos proyectos que, a su criterio, son “inviables” totalmente.
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“Veto vecinal” con poca base
El proyecto que genera más rechazo en Capeco es del congresista Edward Málaga. Su propuesta plantea una consulta vecinal obligatoria para aprobar y entregar licencias municipales en grandes proyectos de infraestructura urbana. Aunque no dice exactamente a qué proyectos se refiere, se podría entender, por ejemplo, que se apunta a viviendas, entre otros.
Según se explica en su texto, si “el 75% más uno de los vecinos participantes en el área de influencia rechaza el proyecto”, su resultado será vinculante.
¿Cómo se definiría cuál es el potencial público “afectado” por la obra? Málaga propone un “informe técnico externo elaborado por especialistas independientes, considerando criterios de impacto urbanístico, ambiental y social”.
Pero, para Valdivia, si bien lo anterior ya es cuestionable, eso no es lo peor a su criterio.
“El proyecto dice que aplica para proyectos que superen los parámetros urbanísticos municipales. Eso es intolerable. Ninguna municipalidad lo podría aceptar. Lo que plantea el congresista es una situación que nunca debe darse”, reclamó.
El proyecto de ley del congresista Edward Málaga es el que más críticas se llevó de parte de Capeco. Foto: El Comercio.
Sobre la consulta vecinal vinculante, el vicepresidente ejecutivo de Capeco recordó que cada municipalidad tiene planes urbanos, que ya son sometidos a consulta vecinal. Aparte, si se quiere impulsar un proyecto fuera de ese plan, existe la posibilidad de hacer un cambio de zonificación específico.
“Es absurdo darle a los vecinos un veto a proyectos que se hacen bajo normativa municipal. ¿Para qué exigir planes urbanos entonces?“, criticó Valdivia.
Consultado por Gestión, Angello Rivera, socio de Osterling Abogados responsable de la práctica de Derecho Inmobiliario & Compliance, coincidió con Capeco respecto a las carencias de este proyecto.
“Es, por decir lo menos grosero. Requiere una consulta vecinal que, de por sí, ya suele entrampar proyectos”, apuntó. El abogado indicó que, tal vez, el proyecto de Málaga se refiere a casos de proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) aprobados por revisores urbanos.
“El ministerio puede darles una excepción y que construyan más pisos de lo que la municipalidad estableció. Allí se aplica la consulta vecinal, pero en el proyecto la cláusula está mal redactada”, lamentó.
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Análisis excesivo y sobrerregulación
Otro proyecto, propuesto por la Municipalidad de Miraflores, una de las más críticas de la expansión de la VIS en su jurisdicción en los últimos años, también es sujeto de crítica por Capeco.
La comuna busca que se incrementen los miembros de la Comisión Técnica (CT) para otorgar licencias de habilitación urbana.
Para Capeco, esto haría más largo y excesivo el proceso de otorgamiento de licencias, porque duplicaría el alcance de la CT, ya que se sumarían expertos en pavimentos, geotecnia e hidrología.
“Cuando las municipalidades hacen sus planes urbanos, ya deben hacer esa clase de estudios. Si no lo hacen, es su problema. No entendemos qué sumarían estos especialistas a la habilitación urbana en esa instancia”, cuestionó Valdivia.
Rivera, por su lado, respaldó plenamente esta crítica del gremio. “Agregar tres miembros más es sumar burocracia. Más documentos que presentar y los procesos de aprobación se harán aún más complicados”, advirtió.
También está en este grupo un proyecto de la congresista Rosselli Amuruz, quien ha sido presidenta de la Comisión de Vivienda del Congreso, que propone promover la VIS para personas en situación de pobreza o vulnerabilidad.
Si bien suena positiva la propuesta, el gremio de la construcción alertó que no se trataría de algo nuevo en la legislación, ya que la última ley VIS, que entró en vigencia hace solo un par de meses, ya incluye una visión similar.
“Me parece redundante, porque es correcto lo que señala Capeco. Ya está regulado en la última ley. No le encuentro sentido a volver a legislarlo, salvo se amplié algo más en el reglamento”, complementó Rivera del Estudio Osterling.
Sumando a lo anterior, Capeco es un poco más duro con la iniciativa de Amuruz. Para Valdivia, tal como está escrito el proyecto de la congresista, este también iría en contra de la misma Política General de Vivienda del Estado peruano y la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible.
“Lo que se planteado desde allí es que hay que promover proyectos integrales. Crear programas VIS dirigidos solo a personas pobres es promover la creación de guetos urbanos”, recalcó Capeco.
Por “integrales”, Valdivia se refiere a propuestas urbanísticas donde confluyan diversas ofertas: comerciales, de servicios, educativas, etcétera.
“Eso se intentó en San Borja, con las torres de Limatambo y de San Borja, en busca de la cohesión social. Pero fallaron en la parte comercial, convirtiendo las casas que existían en las avenidas San Luis y Aviación en áreas comerciales”, sostuvo.
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Los otros dos proyectos criticables
Al grupo se suma otro proyecto de la congresista Amuruz, que establece plazos y reglas para los Planes de Desarrollo Urbano (PDU).
Entre las cosas más llamativas de la propuesta está que los gobiernos regionales y locales deberán destinar el 5% de su presupuesto para elaborar sus PDU. Aparte, fija plazos: tienen hasta el último día hábil del segundo semestre, en su primer año de gestión, para proponer un nuevo PDU.
Pero a Rivera le llama la atención otro extremo de su contenido, referido a los Certificados de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios.
“Dice que, de ser el caso que se emitan los certificados con normas municipales no ratificadas o sin facultades regladas, los servidores, autoridades y alcaldes son responsables. Similar al otro proyecto (de Málaga), ¿cómo podría ocurrir esto?“, preguntó el abogado.
Cierra el grupo de proyectos señalados por Capeco una iniciativa de la congresista Katy Ugarte. Este, similar al del congresista Málaga, se centra también en la participación ciudadana en torno a proyectos de gran envergadura. Pero su enfoque cambia.
En este caso, Ugarte propone un “proceso simplificado de participación ciudadana”, que no exceda los 60 días hábiles, para grandes proyectos de inversión. Sin embargo, no define cuáles serían los criterios para una obra califique en este procedimiento express. Se los deja al reglamento.
Sobre ello, Rivera remarcó que hoy ejecutar las consultas vecinales, de parte de las administraciones municipales, ya es engorroso para ellas.
“La convocatoria a vecinos y exposición de proyectos toma meses, sino años. Que una VIS o proyecto de edificación tome eso y más tiempo en aprobarse, me parece inviable”, refirió.
Licenciado en Comunicaciones con especialidad en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Desde 2020 cubre temas económicos, políticos y sociales.
