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El Congreso de la República del Perú se encuentra culminando los dictámenes pertinentes para iniciar el análisis en comisiones de dos reformas claves propuestas por el Poder Ejecutivo: la referida al sistema tributario y una nueva Ley de Contrataciones del Estado. Así lo confirmó César Revilla, presidente de la Comisión de Economía, a Gestión. El próximo mes ambas iniciativas serán puestas a debate en el referido grupo de trabajo legislativo.
“Van a iniciar debate en abril, estamos terminando los dictámenes. En el caso de la Ley de Contrataciones estamos próximos a hacerlo con un dictamen conjunto con la Comisión de Descentralización”, señaló el congresista de Fuerza Popular a este diario.
La Comisión de Economía, vale decir, es la principal instancia que determinará la suerte de ambos proyectos planteados por el Poder Ejecutivo. Las propuestas son parte de las reformas claves que podría dejar el Gobierno de Dina Boluarte al país, junto a la referida al sistema de pensiones.
En el caso de la propuesta normativa sobre las contrataciones estatales, está fue presentada por el Gobierno en junio del 2023. Los proyectos de ley sobre la reforma tributaria ingresaron al Congreso el último 5 de enero. Gestión consultó a expertos cuáles son los puntos clave que el Legislativo deberá considerar en su debate.
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Propósitos
El primer proyecto del Poder Ejecutivo referido al sistema tributario cambia la Ley del Impuesto a la Renta (IR), incorporando como sujetos no afectos al tributo a figuras como los fondos bursátiles. La disposición entraría en vigencia el 1 de enero del 2025, de ser aprobada este año en el Congreso.
El otro modifica el Código Tributario y un esquema ya conocido: el Régimen Único Simplificado (RUS). A consideración del exjefe de la Sunat, Sandro Fuentes, es este último proyecto el más interesante propuesto por el Gobierno.
Fuentes destaca que esta propuesta plantea eliminar el Régimen Mype Tributario (RMT) y el Régimen Especial de Renta (RER). Así, el sistema tributario pasaría de tener cuatro esquemas, a la mitad: solo se mantendrían el RUS y el régimen general.
“Todo gira en torno a simplificar los regímenes. Es super importante porque la dispersión de estos solo ha contribuido a restringir las condiciones para ampliar la base tributaria”, apunta el exfuncionario a Gestión. Con dicho planteamiento, el Gobierno señala en la exposición de motivos que los ingresos tributarios crecerían entre S/ 924 millones y S/ 1,016 millones anuales.
Si bien esta iniciativa fue presentada durante la gestión de Alex Contreras en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al Parlamento, recientemente José Arista, titular de la cartera, sostuvo que se está sometiendo esta propuesta al análisis de organismos internacionales, con el objetivo de lograr un mayor consenso de opiniones.
En el caso de la Ley de Contrataciones, se trata de un documento extenso, de más de 180 páginas, donde el Ejecutivo actualiza el marco normativo rector para la adquisición de todos los bienes, servicios y obras estatales.
Para Karla Gaviño, profesora de Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico (UP), era necesario actualizar la ley, ya que data del 2014, pero durante este tiempo “solo ha sido modificada con parches”, que han generado que la norma vigente esté desarticulada.
“No es la mala la propuesta. Menciona asuntos de control como las contrataciones menores a ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT), donde siempre hay complicaciones porque hay bastante discrecionalidad en las ordenes de servicio que no son usadas correctamente”, resalta la experta.
Gaviño también destaca que el proyecto establece que los gobernadores regionales son la máxima autoridad administrativa, lo que haría que como figuras políticas carguen con responsabilidades técnicas en el proceso de licitación.
Otros puntos positivos, a consideración de la experta, es que se intenta aclarar los impedimentos de contratación de funcionarios y parientes. Aparte, se establecen sanciones a proveedores. Una de ellas consiste en una obligación pecunaria de pago no menor de 5% ni mayor al 20% de la oferta económica o del contrato.
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Deficiencias
Los expertos consultados por Gestión consideran que el Congreso tiene la oportunidad de mejorar carencias de las propuestas del Ejecutivo.
En el caso de la reforma tributaria, Fuentes cree que hay problemas técnicos serios. Uno está referido a la capacidad de las empresas que quedarán en el RUS. “Se insiste con que no puedan emitir facturas, por lo tanto, solo sirve para quienes se vinculan con consumidores finales. No pueden ser proveedores de clientes formales”, cuestiona el exjefe de la Sunat.
Pero el asunto más complejo es la falta de un esquema “de amortiguamiento del cambio”, dice Fuentes. “Pasar del RUS al régimen general si se superan las UIT de facturación es muy brusco. Aparte de los efectos en IR e IGV, hay que cumplir con las otras obligaciones formales del régimen. Eso no incentiva el crecimiento empresarial”, estima.
Por ello el exjefe de Sunat considera que debería promoverse un único régimen, pero con tributación progresiva, es decir, con “estadios claros” para que cada contribuyente sepa cuáles son los costos de crecer.
En el caso del proyecto sobre las contrataciones estatales, Gaviño cree que si bien menciona asuntos clave de la gestión pública, no las desarrolla totalmente, labor que recaería en el futuro reglamento.
“Se trata de ‘papas calientes’ del tema: impedimentos para personas que forman parte de consorcios, la disposición sobre permitir la contratación directa en contratos caducos de asociaciones público privadas y proyectos en activos o cuando será necesaria la junta de resolución de disputas”, advierte.
Gaviño también duda que la nueva norma, como está, revierta la tendencia ascendente de obras públicas paralizadas en el Perú. “No cambia el expertise de los formuladores de expedientes técnicos ni las herramientas del Invierte.pe para orientar la inversión. Los problemas vienen desde ahí, luego se arrastran a la ejecución”, afirma la experta.
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Norma espera impulso en Fiscalización
La nueva Ley de Contrataciones del Estado se discutirá en una comisión más, aparte de Economía y Descentralización. Se trata de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que perdió a su presidente el pasado miércoles 13 de marzo.
Por este bache político, el grupo de trabajo escogió por unanimidad a su nuevo presidente en una sesión descentralizada con el objetivo de que complete el periodo de sesiones 2024. En reemplazo de Quispe, se escogió al legislador Segundo Montalvo, de Perú Libre.
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Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Especializado en áreas como inversión pública, construcción y saneamiento, y economías ilegales.
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