Congreso debate ley que plantea creación de empresa de telefonía estatal

Hace dos semanas el congresista y ministro de Justicia Vicente Zeballos planteaba la posibilidad de un cambio en el régimen económico, en el que se proponía que el Estado esté presente en sectores estratégicos como minería, hidrocarburos e incluso dijo que hay espacio para una aerolínea pública.

Esta propuesta fue de inmediato desestimada por el presidente Martín Vizcarra, quien dijo que no estaba en los planes del Gobierno. 

Ahora en el Congreso surge un nuevo debate en medio del cambio de la Ley de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y Comunicación, a través de la cual permitiría al Estado constituir una empresa que opere en el sector, bajo el objeto de "promover una competencia efectiva en el sector de las telecomunicaciones".

El viernes en la sesión de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso se discutió el debate del proyecto, que recibió las críticas de Telefónica (Movistar) y Viettel (cuyo nombre comercial es Bitel) que calificaron de peligroso para el mercado de telefonía móvil peruano.

“Tenemos derecho a que el Estado respete su rol subsidiario y este proyecto de ley reconoce que la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones pueden darla no solamente empresas privadas, sino también empresas estatales. Eso nos preocupa mucho porque estamos en un mercado en competencia”, dijo Ana Claudia Quintanilla, gerenta de gestión de estrategia regulatoria de Telefónica del Perú ante la comisión.

La disposición aludida se encuentra en el artículo 1, inciso 1 del proyecto de ley presentado por el congresista Wuilian Monterola, presidente de la mencionada comisión: “(…) Que la prestación de servicio públicos de telecomunicaciones puede ser desarrollada tanto por empresas privadas como por empresas estatales (…). La participación del Estado se da salvaguardando estrictamente el rol subsidiario del Estado”.

Otros de los puntos cuestionados en la ley es el que determina las funciones del Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel), que depende del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Entre estas funciones están las de “operar, administrar y brindar de manera directa o a través de terceros, en zonas donde no exista competencia efectiva y cumpliendo su rol subsidiario por ser de alto interés público, servicios públicos de telecomunicaciones”.

En opinión de Quintanilla, esta facultad del Pronatel podría permitirle competir con los operadores móviles del sector privado. “¿Qué es competencia efectiva? Podría Pronatel señalar que si hay un centro poblado rural y solo hay tres operadores, el Estado puede señalar que no hay competencia efectiva”, cuestionó el último viernes.

Una postura similar mostró Benjamín Astete, gerente de asuntos legales y regulatorios de Bitel Perú, quien señaló que este proyecto de ley pretende modificar del Estado en el sector de telecomunicaciones.

“No creemos que sea conveniente, de ninguna manera, que el Estado pueda ejercer un rol empresarial, como se estaría previendo en ese proyecto de ley, cuando estamos en un entorno de competencia álgida”, expresó.

Por su parte, Juan Pacheco Romaní, gerente general Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), sostuvo que la propuesta de ley no es clara en este extremo y que se debe respetar la Constitución, que concede al Estado un rol subsidiario. “Se requieren precisiones para que eso quede mucho más claro”, señala.

A diferencia de estas empresas y el gremio que las representa, el autor del proyecto de ley, Monterola, considera que con estas disposiciones se busca que el Estado cumpla su obligación de cubrir la brecha de telecomunicaciones en las zonas más alejadas, lo que podría incluir la creación de una empresa de telecomunicaciones.

“El Estado debe tener la facultad de brindar estos servicios a todas las zonas donde no llegan los operadores privados”, dijo a Gestion.pe, además de aclarar que las opiniones de las entidades privadas serán tomadas en cuenta para el debate en la Comisión de Transportes.

Costos de identificación biométrica

Por otro lado, la empresa Claro considera que uno de los problemas que afrontan los operadores de telefonía móvil es el monto que deben pagar al Reniec por el servicio de identificación biométrica, obligatorio para la venta de nuevas líneas de telefonía, por razones de seguridad. Anualmente estas empresas desembolsan, en conjunto, unos S/ 30 millones.

Este costo debe ser solventado por las empresas privadas luego de que el Congreso aprobó una ley en setiembre del 2018, que derogaba una disposición de la Ley de Presupuesto del Sector Público de aquel año, con el fin de elevar los recursos que percibe el Reniec, que es una entidad autogestionada.

“Es un tema de seguridad, no es un tema que nosotros hayamos pedido (...). Esto está generando una distorsión muy fuerte porque hay un costo muy elevado. Por una transacción de biometría, el Reniec me cobra más de lo que cuesta el plástico (chip) que estoy vendiendo. Y la otra contradicción es que es un servicio público de interés general. Si Reniec brinda este servicio de manera gratuita al Estado, también debería brindarlo sin costo a las empresas”, sostuvo el Director de Asuntos Regulatorios de América Móvil Perú (Claro), Juan Rivadeneyra.