El último martes, la Comisión de Economía del Congreso del Perú aprobó un dictamen que introduce nuevas reglas de juego para un actor clave de la inversión pública: los supervisores de obra.
Se trata de una de las primeras iniciativas que avanza en Legislativo, desde que entró en vigencia la nueva Ley de Contrataciones Públicas (LGCP), en abril último.
Gestión analiza los alcances de esta propuesta, que ahora espera ser debatida en el pleno del Congreso.
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Reportes obligatorios a Contraloría
El proyecto de ley 1429, de la congresista Francis Paredes, trae como principal novedad que se obliga a los supervisores de obra a notificar a Contraloría en varias situaciones.
De volverse ley, deberán remitir en copia a la entidad de control “cada informe que emitan en el ejercicio de sus funciones”. Además, bajo responsabilidad, no podrán ignorar de ninguna manera los pedidos de información de la Contraloría.
De igual forma, sí o sí tienen que reportar a esta institución cualquier irregularidad o incumplimiento del contratista. En especial en los casos que involucren adicionales, solicitudes de mayores gastos generales, deficiencias en el expediente técnico (ET) y hasta 9 situaciones más.
De no cumplir con todo lo anterior, los supervisores de obra correrían el riesgo de perder sus contratos con el Estado. Esta sería la sanción si sus fallas, “por su gravedad, no pueden ser subsanadas”, a consideración de la Contraloría.
Sesión de la Comisión de Economía y Finanzas, que preside el congresista Ilich López. Foto: Congreso.
Sherin Limas, Senior Associate en el Estudio Echecopar, consideró que esta propuesta pone a la Contraloría como una tercera parte en cada contrato, ya que tendría que dejarse claro allí que, por sus apreciaciones, podrían dar fin al trabajo del supervisor.
“La Contraloría, que hoy ya tiene un presupuesto reducido, se va a llenar de papeles. Tendrán que contratar gente para revisar cada informe emitido para cada una de las obras ejecutadas en el país. Eso no tiene mucho sentido”, estimó.
Milagros Mendoza, socia del Área Administrativa y Regulatoria en el Estudio Rubio Leguía Normand, coincidió con su colega en su apreciación. La abogada cree que con este planteamiento la Contraloría podría excederse en sus funciones también.
“Ellos supervisan, regulan y fiscalizan a los funcionarios públicos. Con esto se le daría esa calidad a los supervisores de obra. Podría generar mayores costos también: los supervisores podrían brindar precios más altos por tener que remitir cada informe a Contraloría”, advirtió.
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Un propósito claro, pero para un “solo eslabón”
Durante el debate en la Comisión de Economía, el presidente de este grupo de trabajo, Ilich López, dejó claro cuál es el problema que intentan solucionar con este proyecto de ley.
“Entre los tantos motivos de abandono de obras públicas, se tiene a la responsabilidad de los supervisores que no cumplen sus funciones. Al no hacerlo, se produce un impacto negativo en el desarrollo económico y social de Perú porque son obras vinculadas a salud o educación", dijo.
Además, aclaró que la iniciativa legislativa fue planteada originalmente para modificar la LGCP anterior, pero que con la nueva, fue actualizada para su debate en la comisión.
El mismo proyecto agrega otro propósito en su primer artículo: garantizar la adecuada actuación de los supervisores y proyectistas de obra “con la finalidad de contribuir a reducir los índices de corrupción en la ejecución de obras públicas”.
Ilich López, presidente de la Comisión de Economía, explicó el propósito detrás de este proyecto de ley. Foto: Congreso.
Y si bien lo anterior tiene sustento, para Mendoza, el problema está en que el proyecto de ley solo cubre una parte del inconveniente. La contratación pública no es solo obras, también servicios y bienes. La propuesta congresal solo ataca uno de esos tres frentes.
“Efectivamente sí pueden darse casos donde los supervisores se coludan con los contratistas para que emitan un informe favorable y la entidad de conformidad. No soy una leyenda, pero la ejecución de obra es un eslabón de toda la cadena de contrataciones”, remarcó la abogada.
Limas, por su parte, recalcó que el Congreso con esta propuesta está colocándole más candados a los supervisores, pero no aborda el impacto de su trabajo: que se aprueben ET deficientes.
“Efectivamente son defectuosos, pero no es solo por la corrupción, sino porque la norma prioriza que se escoja a los supervisores por el precios, no la especialidad. A nivel de internacional, los ET representan el 5% del costo total de las obras. Acá en Perú es el 1% y es precisamente por eso: se busca tenerlo, no su calidad”, lamentó.
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¿Más transparencia?
El proyecto de ley también crea dos padrones. Uno sería el “Registro de supervisores y proyectistas de obra”, que estaría a cargo del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE).
El otro el “Registro de Control de Garantías en Contrataciones Públicas”, que supervisaría la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). Ambos perseguirían el mismo fin: brindar mayor transparencia.
El detalle con lo anterior, aseguraron ambas expertas consultadas por Gestión, es que no había ninguna necesidad de crearlos. La nueva LGCP en su texto y reglamento, ya los inauguraban y delimitaban.
“Replican de cierta forma lo que ya era el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y eso está bien, el asunto es qué uso se le dará. Tenemos pocas empresas con muchos años de experiencia en el mercado”, comentó Limas.
De plano, para Mendoza, al menos el registro que sería trabajado por la SBS, es innecesario. “Ya la LGCP señala que garantías son aceptadas y cuáles no. Es una responsabilidad del OECE, en última instancia de la misma entidad contratante. Las entidades bancarias podrían demorarse en actualizar la información y las entidades contratantes eximirse de esa responsabilidad”, aseguró.
Licenciado en Comunicaciones con especialidad en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Desde 2020 cubre temas económicos, políticos y sociales.
