Un nuevo proyecto de ley presentado este lunes 21 de octubre en el Congreso de la República plantea extender hasta el 31 de diciembre del 2026 la vigencia de la reducción del Impuesto General a las Ventas (IGV) del 18% al 8% para las micro y pequeñas empresas (Mypes) del sector de restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos.
Si bien la medida busca continuar brindando un alivio fiscal a estas empresas, surge la interrogante sobre su efectividad, considerando el monto que el Estado deja de recaudar, el impacto en una reducción de precios para los consumidores, entre otros.
Esta exoneración surgió en el 2022, cuando el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó la Ley 31556, que redujo temporalmente el IGV del 18% al 8% para las mypes de los rubros mencionados. El objetivo fue reactivar el sector luego del impacto de la pandemia. Sin embargo, recientemente, el titular del MEF, José Arista, informó que esta medida le cuesta al país S/ 800 millones al año, sin generar una baja en los precios de los servicios ofrecidos por los restaurantes.
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En detalle, el principal cambio propuesto por este nuevo proyecto de ley es la modificación del artículo 4 de la Ley N° 31556, que actualmente establece la vigencia de la reducción del IGV hasta diciembre del 2024. La nueva iniciativa plantea extenderla por dos años adicionales, hasta el 31 de diciembre de 2026.
La justificación de la propuesta se basa en el impacto económico que el turismo tuvo en el país en los últimos años. Según la exposición de motivos de la propuesta, el Perú recibió 4.4 millones de turistas internacionales en el 2019, pero esa cifra se redujo a alrededor de 2.5 millones en el 2023.
Este descenso, señala el proyecto, afecta no solo a las empresas del sector, sino también a muchas familias que dependen económicamente de estas actividades.
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Perspectiva del sector
José Luis Silva, vocero de la Unión de Gremios y Asociaciones de Restaurantes del Perú, indicó que la medida de reducir el IGV del 18% al 8% sigue siendo necesaria en la actualidad, ya que muchos negocios, como los de su sector, aún no se han recuperado completamente de los efectos de la pandemia.
Además de que todavía no lograron regresar a los niveles de facturación previos a la pandemia, el vocero mencionó que muchas empresas siguen lidiando con deudas adquiridas a través de programas como Reactiva Perú.
Agregó que los márgenes de rentabilidad se redujeron, especialmente debido a cambios en la dinámica del negocio. Una que apuntó es el aumento del delivery, que registra menores costos operativos en comparación con las ventas en salón.
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Respecto a las razones por las que, por ejemplo, los restaurantes no pudieron reducir su precio a los consumidores, pese a la disminución del IGV, Silva apuntó que una es el aumento significativo de los costos de los insumos. Esto afecta directamente sus operaciones.
Detalló que productos básicos, como la cebolla y el limón, tuvieron incrementos en sus precios muy por encima que las variaciones de las tasas de inflación. El del gas, en particular durante los levantamientos sociales, llegó a triplicarse en algunas regiones, precisó. Estos aumentos complicaron que los restaurantes mantengan sus precios bajos.
Frente a este panorama, Silva señaló que, en lugar de bajar sus precios, los comercios optaron por mantenerlos o incrementarlos ligeramente para cubrir los costos adicionales.
Además, aclaró que, aunque los precios no bajaron, el cambio en el IGV significó que los restaurantes tuvieron que pagar más impuesto a la renta sobre ese margen adicional. Silva señaló que esto se traduce en una mayor carga fiscal para los negocios, que ya lidian con márgenes de ganancias reducidos frente a una competencia como el delivery.
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Exoneración tributaria
El ministro Arista señaló, hace unas semanas, que la reducción del IGV a restaurantes es lo que más cuesta entre las diferentes exoneraciones tributarias vigentes.
“(Con el ajuste del IGV) de 18% a 9% no se ha visto ninguna reducción en el costo de los menú o las atenciones que se brindan en los restaurantes. Los precios se han mantenido. Esto tributariamente nos ha costado unos S/ 800 millones al año”, comentó Arista.
Silva rechazó las afirmaciones de Arista y señaló que los cálculos del ministro no reflejan la realidad del sector. Cuestionó la cifra calculada por el MEF, sugiriendo que estaba basada en suposiciones incorrectas. En este sentido, explicó que, a partir de estos cálculos presentados, los restaurantes de la micro y pequeña empresa habrían tenido que facturar, cada año, S/10,000 millones para justificar una pérdida de S/ 800 millones por la reducción del IGV.
El vocero señaló que esto no es posible, dado que el 85% de los negocios, en el Perú, son informales. En tanto, el 15% restante, que incluye a los restaurantes formales, no genera tal nivel de facturación. “Creo que el ministro ha calculado mal”, apuntó.
Silva también cuestionó que el enfoque ministerial se limita a la recaudación fiscal, sin considerar el impacto que una mayor presión tributaria podría tener en los pequeños negocios. Su preocupación responde a que, en el corto plazo, los pequeños restaurantes podrían migrar hacia la informalidad, lo que resultaría, incluso, en una menor recaudación fiscal.
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A su turno, Jorge Dávila Carbajal, socio del Estudio Rubio Leguía Normand, advirtió que, si bien el nuevo proyecto de ley beneficiaría a restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos, carece de un análisis técnico que justifique el impacto fiscal.
Dávila señaló que mantener la reducción del IGV del 18% al 8% generará una menor recaudación, afectando el presupuesto público y el panorama fiscal, que ya viene complicado.
En setiembre, por quinto mes consecutivo, el déficit fiscal fue de 4% del PBI, reportó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). La regla establecida por el Gobierno para este año, luego de ya flexibilizarla, es de un 2.8% del PBI. De no lograrla, el Perú la incumplirá, por segundo año consecutivo.
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Además, Dávila subrayó que las mypes y, en general, el sector necesitan medidas reactivadoras que aborden el problema de fondo, como menor burocracia, acceso a financiamiento más barato y seguridad jurídica.
El tributarista también mencionó que el mantenimiento de precios por parte de algunos restaurantes no invalida la efectividad de la norma. Recordó que el proyecto debe complementarse con un análisis técnico que balancee los beneficios para el sector y los costos para el Estado.
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Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.
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