La ola de criminalidad en el Perú afecta, directamente, a la actividad económica ya que las mypes —que abarcan el 99.9% del tejido empresarial— son las principales víctimas de los extorsionadores, secuestradores y sicarios.
Tal como informó Gestión, la constante amenaza a los negocios ya dificulta su acceso al sistema financiero, lo que complica su situación. Según Caja Huancayo las mafias ya controlan el acceso al crédito en zonas como San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres. Mientras que la Asociación Mypes Unidas del Perú reveló que 7 de cada 10 reportó menor asistencia de clientes por la inseguridad ciudadana al cierre del 2024.
Al respecto, desde el Congreso buscan crear un registro de mypes víctimas de la delincuencia para brindarles acceso extraordinario a financiamiento y congelamiento de deudas para evitar su desaparición.
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El PL 10289/2024-CR de Elva Julón Irigoin (Alianza para el Progreso) delega al Ministerio del Interior la elaboración de dicho padrón para identificar, evaluar e inscribir a las micro y pequeños empresarios víctimas del sicariato, secuestro o extorsión a nivel nacional.
Quedará en cancha de las comisarías donde se presentaron las denuncias coordinar con la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú - Dirincri para corroborar los informes previos del Ministerio Público o Poder Judicial que detallen el estado situacional del caso investigado, de ser el caso. Las mypes beneficiarias del registro deberán colaborar con la PNP o autoridades competentes para las investigaciones. En caso la denuncia o declaración sea falsa, inexacta o fraudulenta, se sancionará penalmente al empresario.
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Beneficios económicos y tributarios para las mypes afectadas por la delincuencia
Según el proyecto de ley, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) otorgará al COFIDE una línea de financiamiento para crear un fondo para los micro y pequeños empresarios víctimas de la delincuencia que estén afectados económicamente. Se aplicarán tasas de interés preferencial.
Además, el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) deberá darle al Banco de la Nación un fondo para financiar a las mypes víctimas también bajo el criterio de tasas preferenciales.
Asimismo, las empresas del sistema financiero estarán obligadas a congelar por 180 días (6 meses) el cobro de deudas por créditos de consumo, personales, mypes y vehicular independientemente a lo pactado antes de esta figura legal. No obstante, solo aplicaría para las mypes que no pudieron realizar ningún pago en los tres meses anteriores a la publicación de la eventual ley. Tampoco se aplicaría el cobro de intereses, comisiones, penalidades o gastos administrativos.
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Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, sostiene que el apoyo debería darse no solo por seis meses y, por el contrario, debería ser anual. Pidió que, en la evaluación y debate del proyecto en el Congreso, se establezca la posibilidad de acceder al congelamiento de deudas solo con la denuncia realizada en comisarías y las pruebas correspondientes.
“Esto es un paliativo. Lo importante es reducir la criminalidad porque queremos trabajar en paz. De nada le sirve a un bodeguero que cerró su negocio por temor a que lo maten. Eso puede ayudar al que paga cupos”, comentó a Gestión.
Finalmente, dispone también el PL que la Sunat dé facilidades para la declaración y pago de impuestos en favor de los microempresarios registrados por el Mininter que no hayan podido pagar sus tributos en los últimos tres meses previos a la ley. Los beneficios serían prórrogas para declaración, fraccionamiento de deudas tributarias, suspensión de cobranza coactiva y de fiscalización entre otras. Se descarta el cobro adicional de intereses y comisiones.
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