En un nuevo intento por frenar la corrupción y el abandono de obras públicas, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso aprobó el martes dos dictámenes clave.
El primero, por 15 votos a favor y 4 abstenciones, propone inhabilitar de forma definitiva a empresas nacionales y extranjeras involucradas en delitos de corrupción o que abandonen ilegal o injustificadamente obras públicas.
La medida modifica la Ley 30424, que regula la responsabilidad administrativa de personas jurídicas en procesos penales, así como la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
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Además de la inhabilitación, se contempla la suspensión de actividades entre 6 meses y 2 años, la prohibición futura de realizar determinadas actividades tras sentencia firme y el registro obligatorio de estas entidades en un padrón de inhabilitados para contratar con el Estado.
El dictamen fue elaborado por el grupo de trabajo liderado por el congresista Ilich López Ureña (Acción Popular), quien señaló que la norma apunta a “cerrar el paso a empresas que perjudican al país y a la ciudadanía con prácticas ilegales o irresponsables”.
Por otro lado, también se aprobó, con 15 votos a favor, 4 en contra y una abstención, el dictamen del Proyecto de Ley 1429, que regula las funciones y sanciones a supervisores de obras públicas y crea dos nuevos registros: el Registro de Supervisores y Proyectistas y el Registro de Control de Garantías para empresas autorizadas, ambos bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
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Según la comisión, esta norma permitirá reforzar la fiscalización de las obras desde su etapa de ejecución y diseño, y evitar que los proyectos se paralicen por negligencia técnica o falta de garantías, situaciones que generan un alto costo económico y social para el país.
Ambos dictámenes pasarán ahora al Pleno del Congreso para su debate y eventual aprobación final.
