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Hasta este lunes había al menos 10,000 camiones atrapados en las carreteras del interior del país que han sido afectadas por huaicos y desbordes causados por las intensas lluvias, y lo que más preocupa a los transportistas es el tiempo que permanecerán inmovilizados.
Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas de Carga en Camiones – UNT-Perú, indicó a Gestión que, más que la caída de huaicos, que pueden ser limpiados en cuestión de horas, les preocupa la destrucción de infraestructura vial, entre ella los puentes.
¿Qué infraestructura vial se ha dañado?
El último sábado, por ejemplo, causó preocupación el colapso del puente Sechín, en la provincia de Casma (Ancash), a consecuencia de las intensas lluvias, lo que dejó inmovilizados a más de 3,000 vehículos en ese sector.
Sin embargo, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Carlos Yáñez, advirtió que en realidad las intensas lluvias, hasta este lunes, habían dañado ya 160 puentes, y destruido otros 97, en las zonas afectadas, sobre todo al norte del país.
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Además, este martes, el número de tramos viales afectados por los deslizamientos, inundaciones y colapso de la plataforma vial a causa de la erosión, se incrementó a 107 (desde 94 en la víspera), y en los cuales 24 vías estaban totalmente bloqueadas, y en otras 83 el tránsito vehicular era restringido.
Ante esta situación, Gestión consultó a Ositrán (como organismo supervisor de las 16 concesiones viales) para conocer el mecanismo de restauración de la infraestructura vial dañada en esas concesiones, aunque su respuesta mueve más a preocupación que a certeza de una acción rápida.
¿Qué indica Ositran?
Ositrán refirió que, en los contratos de concesión de vías, en caso de presentarse daños en la infraestructura a causa del Fenómeno El Niño, la reparación que se requiera en las vías operadas por privados deberá ser asumida (no por el concesionario, sino) por el concedente (el Estado).
Pero esto último (la reparación por parte del Estado en las vías concesionadas), añade ese organismo supervisor, se deberá dar, siempre y cuando la autoridad competente haya declarado oficialmente que se trata del Fenómeno El Niño.
Para que se declare oficialmente esa anomalía climática deben acumularse tres meses consecutivos de las condiciones para su ocurrencia, como son temperaturas del mar por encima de lo normal, entre otras circunstancias.
Sin embargo, el Enfen recién ha informado a inicios de este mes que pasó a condición de alerta por El Niño Costero.
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No obstante, según expertos del Senamhi, las lluvias que asolan el país, así como el ciclón Yaku, son generados por las aguas cálidas en el norte, propias de El Niño. Además, pronostican que estas condiciones climáticas anómalas prevalecerían al menos hasta mayo.
Esto significa que, si se mantienen las actuales condiciones hasta mayo, recién ese mes se declararía oficialmente la presencia de El Niño.
Mal antecedente estatal
Y una tardía reacción del Estado preocupa porque en diciembre último, según un reporte de Ositrán, se esperaba que aún en marzo del 2023 culminarían obras accesorias en diversos tramos de la carretera IIRSA Norte, que fueron afectados por El Niño Costero del 2017.
Sin embargo, de acuerdo con el presidente de UNT-Perú, hasta antes de la ocurrencia de estas lluvias torrenciales, no se habían terminado de reparar los daños en esa y otras vías concesionadas del norte originadas por El Niño del 2017.
Por su parte, Paulo Quequesana, analista de Estudios Económicos de ComexPerú, advirtió que -en efecto-, en lo concerniente a los puentes, el Estado puede demorar años en ejecutar los proyectos para su restauración.
En cuanto a las vías dañadas, coincidió en que su reparación también puede tomar años, pues si las rutas afectadas son de alcance local, primero deben intentar arreglarlas los municipios, y si son de alcance interprovincial, los gobiernos regionales.
Por tal razón, enfatizó que es importante que los esfuerzos de inversión pública se enfoquen en ejecutar primero obras de carácter preventivo, y no reactivo.
Pero refirió que en el 2022 por ejemplo, en la partida correspondiente a proyectos para reducción de vulnerabilidades, los gobiernos subnacionales ejecutaron entre un 50% y 60% de lo presupuestado, y el Ejecutivo, un 67%.
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