El Congreso de la República analiza un proyecto de ley que establece la Protección y Defensa del Consumidor Digital. La propuesta busca modificar la Ley del Código de Protección y Defensa del Consumidor, con el fin de regular las relaciones entre consumidores y proveedores digitales en el comercio electrónico.
Sin embargo, genera dudas sobre la posible duplicidad de fiscalización en materia de protección de datos, ya que esta función también es competencia de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.
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¿Qué propone el proyecto de ley?
El proyecto de ley de Protección y Defensa del Consumidor Digital propone modificar la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, para incluir regulaciones específicas sobre el comercio electrónico.
Establece la categoría de consumidor digital, que abarca a quienes compran o usan servicios en plataformas en línea, y la de proveedor digital, que se aplica a las empresas que operan en entornos digitales.
El proyecto busca garantizar la seguridad en las transacciones, la protección de datos personales, la privacidad de los usuarios y el derecho al olvido, permitiendo a los consumidores solicitar la eliminación de su información almacenada en bases de datos digitales.
Quiere imponer nuevas obligaciones a los proveedores digitales, incluyendo la transparencia en la información sobre sus productos y servicios, la implementación de métodos seguros de pago y verificación de identidad, la existencia de canales accesibles de atención al cliente, así como políticas claras de devoluciones y reembolsos.
Además, prevé la creación de mecanismos de resolución de disputas para que los consumidores puedan presentar reclamos de manera rápida y efectiva cuando enfrenten problemas con compras o servicios en línea.
A todo lo mencionado, se suma que el proyecto establece un Sistema de Certificación y Auditorías Regulares para plataformas digitales, el cual estaría a cargo del Indecopi. Este sistema verificaría que las empresas cumplan con medidas de seguridad y transparencia en el tratamiento de datos personales, así como con estándares adecuados para la protección del consumidor.
E incluso, se propone que los proveedores digitales ofrezcan alternativas de atención personal cuando utilicen inteligencia artificial o sistemas automatizados en la interacción con los clientes.
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Divergencias sobre la necesidad de la regulación
Alex Sosa, socio del Estudio Muñiz, considera que el proyecto presenta inconsistencias conceptuales y podría generar problemas de competencia entre organismos reguladores.
En su análisis, Sosa indica que términos como “consumidor digital” y “proveedor digital” son innecesarios, ya que los derechos de los consumidores están protegidos independientemente del canal a través del cual se realice la transacción. También advierte que la normativa propuesta podría generar incertidumbre sobre qué entidad debe intervenir en caso de controversias.
En esa línea, Giancarlo Baella, socio de Hernández & Cía, sostiene que el consumidor digital no se encuentra desprotegido en la actualidad, ya que el Código de Protección y Defensa del Consumidor ya regula las relaciones de comercio electrónico.
Según Baella, Indecopi ha aplicado consistentemente esta normativa a proveedores tecnológicos sin dificultades. Asimismo, menciona que la regulación propuesta busca resolver un problema que, en su opinión, no existe, ya que las denuncias y reclamaciones de los consumidores digitales se gestionan mediante los canales ya establecidos en la normativa vigente.
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Posible superposición de competencias
Uno de los puntos más cuestionados es la asignación de nuevas facultades a Indecopi en materia de protección de datos personales. Bruno Mejía, líder de Competencia y Mercados de EY Law, alerta sobre el riesgo de que este proyecto genere duplicidad de funciones entre Indecopi y la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.
Según Mejía, la ley vigente ya otorga a esta última la facultad de supervisar la seguridad de los datos personales y la privacidad en el entorno digital. Agregar estas funciones al ámbito de Indecopi podría derivar en solapamientos regulatorios y generar incertidumbre para las empresas.
Baella también señala que varios derechos que el proyecto pretende incorporar al Código de Consumo, como el derecho a la privacidad, la seguridad en las transacciones y el derecho al olvido, ya están regulados por la Ley de Protección de Datos Personales. En ese sentido, advierte que trasladar estos temas al ámbito de Indecopi podría generar conflictos de interpretación y aplicación de la normativa.
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Sistema de certificación y auditoría digital
El proyecto también propone la creación de un sistema de certificación y auditorías regulares para plataformas digitales, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normativas de protección al consumidor. Sobre este punto, los especialistas expresan preocupaciones respecto a su aplicación y necesidad.
Sosa advierte que establecer un mecanismo de certificación sin una delimitación clara de su alcance podría representar una carga adicional para las empresas sin beneficios concretos para los consumidores. Baella coincide en que los principios de transparencia y veracidad ya están regulados en el Código de Consumo y que la implementación de auditorías adicionales podría redundar en medidas ya existentes.
Mejía enfatiza que, en su forma actual, el proyecto otorga a Indecopi la facultad de auditar aspectos que ya son supervisados por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, como el registro de bancos de datos, el consentimiento del titular y la seguridad de la información. En su opinión, esto genera un solapamiento innecesario con la legislación actual y podría derivar en una doble fiscalización para las empresas.
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Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.
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